El juicio oral y público para el extitular del Indert, Mario Vega, y otros acusados por lesión de confianza, cohecho pasivo, cobro indebido y asociación criminal, se suspendió debido a una recusación que se presentó contra el Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Claudia Criscioni.
La audiencia se pospuso porque el acusado José Luis Clerch, exdirector de Gabinete a través de su abogado recusó al Tribunal de Sentencia y por ende el juicio oral se suspendió. El presente caso fue el detonante de la renuncia de Vega al frente del Indert. Incluso el fiscal había allanado el local de la citada institución estatal.
Ahora será el Tribunal de Alzada deberá decidir si confirma al Tribunal de Sentencia que deberá juzgar a los acusados. Una vez que se decida sobre el presente caso y el colegiado sea confirmado se tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia oral.
Además de Vega, están acusados el exdirector de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos; José Luis Clerch, exdirector de Gabinete; Pedro Benítez y Zulma de Benítez. En su momento el juzgado Penal de Garantía había elevado el presente caso a un juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación, el Indert ya había desembolsado G. 300 millones para la construcción de pozos a la Fundación Lambaré sin documentación que avale dicho desembolso. En el referido caso el fiscal es Luis Said, quien sostiene que existen varios elementos que comprometen la situación procesal de cada uno de los acusados.
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Caso A Ultranza PY: condenan a 13 años a Erico Galeano
El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Pablino Barreto (presidente), Juan Dávalos e Inés Galarza, condenó a 13 años de prisión al senador Erico Galeano por los hechos de asociación criminal y lavado de dinero, según la lectura desarrollada en el marco del juicio oral y público.
Este tribunal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción encontró la vinculación del legislador con narcotraficantes en el marco de la investigación conocida como “A Ultranza Py”.
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia le mantuvo las medidas alternativas a la prisión, manteniendo la prisión preventiva domiciliaria. Si bien, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 17 años, y la revocatoria de la medida preventiva, este Tribunal dictó una pena de 13 años de cárcel. El juicio por este caso duró seis meses.
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Al respecto, el juez Barreto aclaró que se mantiene esta medida preventiva conforme al artículo 191 en su primer párrafo de la Constitución Nacional, respecto a la inmunidad parlamentaria.
“En esa línea interpretativa entendemos que corresponde mantener las medidas cautelares impuestas hasta tanto varíe la situación personal del acusado en cuanto a su investidura o en su defecto quede firme la sentencia dictada”, precisó el magistrado.
Vale señalar que esta condena aún puede ser estudiada ante la Cámara de Apelaciones; y en caso de que en esta instancia igualmente le quede la sentencia firme, aún le queda la otra instancia que es recurrir a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, acudiendo a la casación, en caso de que se la ratificación de la sentencia.
Finalmente, el juez Barreto informó que la lectura de la sentencia total se dará a conocer el próximo 11 de marzo del 2026, a las 13:00.
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Caso Tajy: Prieto recurre a nueva chicana para dilatar su audiencia preliminar
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, destituido por corrupción, logró suspender de nuevo su audiencia preliminar recusando al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco del caso Tajy. El líder del Partido Yo Creo, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, suma así otra chicana.
La audiencia se encontraba fijada para este miércoles 4 y jueves 5 de marzo, donde se debía resolver si la causa se eleva a juicio oral y público. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
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“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
Otros acusados
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos.
La audiencia preliminar ya viene siendo suspendida desde el año pasado. El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19 y la imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez.
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Caso María Fernanda: va a juicio oral proceso penal
El Juzgado Penal de la Adolescencia de Coronel Oviedo decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el adolescente, principal sospechoso del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo de 2025. La Justicia admitió la acusación fiscal por feminicidio y aborto en grado de tentativa, ratificando así el inicio de la etapa de juzgamiento.
Tras esta resolución, se deberá realizar el sorteo para designar a los integrantes del Tribunal de Sentencia que tendrán a su cargo el debate sobre la culpabilidad del procesado. El acusado permanece bajo prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025.
Cabe destacar que la semana pasada se confirmó que otros cinco acusados también enfrentarán un juicio oral por su presunta participación y encubrimiento en el crimen.
Según los antecedentes, la víctima de 17 años habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso.
El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.