El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que ha comenzado a informar a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que su permiso de permanencia temporal fue cancelado y los incita a “autodeportarse”.

En 2022 la administración del mandatario demócrata Joe Biden otorgó una “libertad condicional” humanitaria para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente y en 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.

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El 20 de enero, día de su investidura, su sucesor republicano Donald Trump emitió un decreto para ponerle fin.

En mayo la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración revocar este estatus legal mientras el caso se litiga en tribunales inferiores.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirmó que ha comenzado a enviar notificaciones sobre la cancelación a los extranjeros que se benefician del programa, llamado también CHNV, por las iniciales de los países.

Los mensajes “se enviarán a las direcciones de correo electrónico” de los beneficiarios y les informarán que “su autorización de empleo (...) ha sido revocada, con efecto inmediato”, añade la nota.

“El DHS anima a cualquier extranjero indocumentado que resida en Estados Unidos a autodeportarse a través de la aplicación móvil CBP Home”, insiste.

“El gobierno de Biden le mintió a Estados Unidos. Permitió que más de medio millón de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y sus familiares directos, con una investigación deficiente, entraran a Estados Unidos a través de estos desastrosos programas”, afirma Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, citada en el comunicado.

“Les brindaron oportunidades para competir por empleos estadounidenses y perjudicaron a los trabajadores estadounidenses”, añade y estima que el “fin” de estos programas comulga con la idea de “Estados Unidos Primero”, el lema de Trump.

La concesión de la libertad condicional humanitaria exigía una serie de requisitos, como superar una investigación sobre sus antecedentes penales, tener un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estar vacunados.

• Fuente: AFP

La expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió este miércoles cumplir en su apartamento la pena de seis años por corrupción que le fue confirmada por la justicia, mientras su defensa denunciaba “persecución política” ante la Corte Penal Internacional (CPI) y sus simpatizantes mostraban su indignación.

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La Corte Suprema argentina dejó en firme el martes la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria (2007-2015) por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). Le dio cinco días hábiles para entregarse ante el tribunal federal.

Sus abogados pidieron que el líder peronista de 72 años cumpliera su pena en su apartamento en el barrio de Constitución en Buenos Aires. “Pedimos la prisión domiciliaria que se le da a las personas que tienen más de 70 años”, dijo el letrado Carlos Beraldi a los periodistas.

“No estamos pidiendo privilegios, sino que se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona en la misma situación jurídica”, prosiguió.

Al recordar que en 2022 un hombre presionó dos veces el gatillo de una pistola a centímetros de la cabeza de Kirchner sin que salieran las balas, Beraldi argumentó que la exmandataria “fue víctima de un atentado y todavía los autores intelectuales no fueron individualizados”.

Paralelamente, el abogado Gregorio Dalbón viajó a La Haya para denunciar ante el CPI una “persecución política” contra la principal opositora al gobierno del ultraliberal Javier Milei.

“Esta condena es el resultado de un proceso viciado, direccionado desde su origen para lograr un objetivo político: proscribir a la mujer que más veces ganó en las urnas desde la recuperación democrática”, escribió Dalbón en la red social X, al anunciar que acudirá también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La propia Kirchner acusó el martes de “monigotes” a los tres jueces de la Corte Suprema que fallaron en su contra y, ante una multitud de simpatizantes, aseguró que “la sentencia ya estaba escrita” antes del juicio.

Desde Israel, donde está de gira, Milei comentó en X la decisión del alto tribunal: “Justicia. Fin”. También su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó: “Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia”.

Entretanto, cientos de simpatizantes de Kirchner se congregaron frente a su casa desde la mañana del miércoles, luego de que miles la acompañaran hasta la entrada la noche del día anterior tras conocerse el fallo.

La expresidenta salió ocasionalmente a saludar a los enfervorecidos seguidores desde el balcón.

Al mismo tiempo, médicos del hospital pediátrico Garrahan, que reclaman hace semanas mejoras salariales, se movilizaron en la tarde a la céntrica Plaza de Mayo junto a los jubilados, que llevaban a cabo una protesta semanal contra el gobierno de Milei.

“Hay compañeras que te dicen cómo voy a cuidar a otros chicos si no puedo cuidar al mío”, dijo a la AFP Yanina, una enfermera de 32 años que no dio su apellido, entre cantos a favor de Kirchner y carteles que acusaban “proscripción”.

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Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires tomaron varias facultades el martes “en defensa de los derechos democráticos” y algunos sindicatos cortaron accesos a Buenos Aires.

Fuente: AFP

El diputado Diego Candia, nuevo representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), habló con La Nación/Nación Media sobre sus objetivos dentro del órgano extrapoder y dijo que apuesta por recuperar la confianza de la ciudadanía y el compromiso de transparencia.

“Fui designado por mis colegas en la sesión del día martes y en ese acto, mencioné justamente, que mi compromiso era actuar con mucha responsabilidad y compromiso, ante este desafío. Yo lo tomo como un desafío dentro de mi carrera política y también de mi formación académica”, indicó a LN, tras asumir el cargo, el viernes 6 de junio, que quedó vacante tras la renuncia del exdiputado Orlando Arévalos.

El legislador expresó que, si bien en un momento fueron malinterpretadas sus expresiones, lleva una directiva clara del movimiento oficialista al cual pertenece, la bancada Honor Colorado y, consecuentemente, el Partido Colorado, que es recuperar la credibilidad.

“Recuperar la credibilidad, ese ese el compromiso, y si alguna vez se pudieron haber malinterpretado mis dichos, o interpretaron como quisieron algunos medios de prensa, inclusive algunos colegas; esa es la recomendación que yo tengo, la directiva que tengo del movimiento político al cual pertenezco, y también al grupo político que yo represento políticamente”, aseveró.

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Así también, resaltó la importancia de que este órgano siga trabajando con transparencia, y principalmente con responsabilidad en el tratamiento de todos los casos. “Actuar dentro del marco de la ley, con mucha responsabilidad, aportar mi experiencia, mi formación académica al fortalecimiento institucional, y a mejorar el buen nombre que tiene el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un órgano muy importante dentro de la República del Paraguay, que cumple una función bastante importante y que es fundamental para ir mejorando la administración de la Justicia”, refirió.

Por otra parte, también destacó que este trabajo, no solo forma parte de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, sino también de un equipo de funcionarios y técnicos que trabajan en la asistencia y asesoramiento en el tratamiento de casa caso.

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“Lo poco que pude ver en estos días que estuve, hablando con algunos profesionales, me di cuenta que hay gente muy preparada, con muchísima experiencia, la cual obviamente uno se puede nutrir, se puede asesorar y se puede trabajar en todos los expedientes. El trabajo que jurídico de estas personas encargadas de hacerlo, me sorprendió gratamente, porque son altamente técnicos”, señaló.

Finalmente, ratificó su compromiso con la institución y, principalmente con la justicia como profesional del derecho. “Quisiera agradecer por la confianza depositada por mis colegas, a la agrupación que pertenezco, y el alto compromiso de cumplir a cabalidad mi responsabilidad dentro del marco de la ley”, puntualizó.

• Abogado: Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (2007).
• Notario y Escribano Público: Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (2008).
• Especialista en Didáctica de la Educación Superior: Universidad Nacional de Asunción, Rectorado (2016).
• Magister en Sociología y Ciencias Políticas: Universidad Nacional de Asunción, Rectorado, Ciudad de Asunción (2018).

La Cámara de Diputados definirá este martes 3 de junio a su nuevo representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Este tema figura como primer punto del orden del día para la sesión ordinaria, cuya convocatoria se encuentra marcada para las 9:00.

Esta representación quedó vacante en febrero pasado debido a que el diputado Orlando Arévalo presentó su renuncia por estar involucrado en el escándalo por los chats filtrados del fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gómez Batista. En el caso también se encuentran salpicadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la exjueza Sadi López.

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La mesa directiva de la Cámara Baja había acordado el pasado 26 de febrero la apertura de un proceso de diálogo entre las distintas bancadas para consensuar un candidato para el JEM y evitar de esta manera las disputas políticas. Inicialmente el plazo fijado fue de 15 días, sin embargo esto fue extendiéndose hasta la fecha por la falta de acuerdos.

Días atrás, la líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed, anunció que el candidato del movimiento es su colega Diego Candia.

Sin embargo, en el sector opositor y la disidencia colorada las negociaciones no prosperaron debido a los ataques y des­calificativos entre sus pro­pios militantes. En la nómina de aspirantes figuraban Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ) y los liberales Arnaldo Valdez y Rodrigo Blanco.

El JEM, encabezado actualmente por César Garay Zuccolillo, tiene como función enjuiciar y remover a magistrados, fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones o comisión de delitos.

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