Este lunes 20 de marzo el Instituto de Previsión Social (IPS) debe informar a la jueza en lo civil y comercial de Asunción Lizza Reyes si digitalizó todos los documentos solicitados por la Contraloría General de la República en el pedido de medida cautelar que presentó el ente contralor para acceder a los documentos.
La citada magistrada había otorgado 20 días hábiles al IPS para que pueda realizar toda la digitalización e informar a la jueza Reyes, pero en caso de que las autoridades del ente previsional no cumplan con la resolución adoptada por la mencionada magistrada se exponen a un proceso penal por el delito de desacato a una orden judicial.
En el fallo de la jueza Reyes se menciona claramente que además que se digitalicen dichos documentos, sean remitidos al correo electrónico institucional de la Contraloría General de la República, los archivos resultantes de la digitalización. La resolución judicial aclara que la medida es dictada “bajo apercibimiento de la Ley N° 4.711/2012 ‘que sanciona el desacato de una orden judicial’, sin perjuicio del artículo 10 de la Ley N° 276/94″.
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El pasado 9 de febrero, el juez José Guillermo Trovato Fleitas resolvió intimar a la previsional a entregar toda la documentación requerida por la Contraloría. Fue ante la negativa del consejo de administración de proveer los informes requeridos por el ente contralor, en un emplazamiento que feneció el martes 7 de febrero sin respuesta, referente al pago a empresas proveedoras de medicamentos e insumos.
Tras la intimación, el IPS optó por enviar “camionadas de documentos” a la Contraloría y responsabilizó al ente de eventuales atrasos en el pago a proveedores de insumos y medicamentos. Sin embargo, desde la Contraloría se aseguró que nuevamente no se enviaron las documentaciones requeridas.
Desde el 15 de noviembre del año pasado, la Contraloría envió sendas notas al IPS, solicitando informes sobre la deuda de los US$ 250 millones que el instituto tiene con las farmacéuticas. Así también, se requirió información sobre los desembolsos hechos desde el ente previsional, aunque en ambos casos las consultas no fueron eficazmente respondidas por el IPS, conforme aseguraron desde la Contraloría.
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IPS adquirirá un sistema para el control de gastos y medicamentos
El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa aplicando medidas para mejorar el control de gastos, así como de medicamentos. Señalaron que la previsional no invierte en sistemas informáticos desde hace 20 años, y hoy están en proceso de incorporar un software que les permitirá monitorear la ejecución de recursos e insumos.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no están ayudando y nos va a dar un soporte informático para tratar de evitar la fuga en cuanto a nuestros ingresos y medicamentos. El IPS no invierte hace más de 20 años en sistemas informáticos, que es la forma de controlar y ver optimizar los recursos y esa va a ser la primera medida”, expresó el doctor Jorge Brítez, presidente de la institución, a la 650 AM.
El IPS y el MEF tuvieron una reunión, en la cual el titular de dicha cartera le sugirió incorporar un sistema y se comprometió a dotarles de dicho soporte. La adquisición de este software, se da en el marco de la convocatoria a licitaciones de medicamentos, y un trabajo para mejorar los ingresos de la previsional.
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“La semana pasada aprobamos una licitación por vía de la excepción para cubrir los medicamentos que nos faltan hasta diciembre. La licitación grande, que va a ser por 24 meses, la estamos mirando con lupa porque así como tenemos que mejorar la recaudación diaria, también tenemos que optimizar el gasto, es la única forma que vamos a poder salir adelante”, detalló.
Asimismo, indicó que en los próximos días, se concretará una alianza con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de modo que pueda haber un intercambio de información entre ambas instituciones, y puedan acceder a ciertos datos de los aportantes, con el objetivo de mejorar la recaudación del IPS.
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Se debe revertir la situación económico-financiera actual del IPS
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Con la asunción del actual gobierno en agosto de 2023, en el IPS se han realizado cambios tanto en la presidencia del Consejo como de los consejeros que representan a distintas entidades y gremios de aportantes a la previsional.
La institución viene arrastrando importantes descalces financieros, en donde los niveles de egresos superan a los ingresos generados por diversos conceptos, atribuible a una deficiente administración durante el gobierno anterior, siendo los problemas de índole financiero los más acuciantes, llevándolos a adeudar a las industrias farmacéuticas proveedoras de medicamentos e insumos no menos de USD 400 millones, sin contar las deudas por otros conceptos trepando globalmente a aproximadamente USD 900 millones.
Si bien las industrias proveedores de medicamentos e insumos no han discontinuado hasta ahora su provisión, la deuda impaga lleva aparejada intereses moratorios y punitorios, que abultan cada vez más sus niveles de endeudamiento, sin que hasta ahora luego de más de 8 meses de gestión hayan podido delinear acciones estratégicas definidas, que les permitan ir amortizándolos en función a planes concretos de repago.
Alternativas financieras siempre las hay. Podrían recurrir a un préstamo de largo plazo dentro del sistema financiero (no sería la mejor opción), o bien directamente diseñar la emisión de bonos de renta fija en guaraníes (la opción más conveniente), en el que ellos mismos tendrán la posibilidad de estructurar junto con una casa de bolsa el prospecto de emisión y esquema de pago del capital e intereses a los inversionistas, en función a su capacidad generadora de fondos actual y proyectada, con la posibilidad de que dependiendo de la evolución de su situación económica-financiera a futuro, tengan la opción de realizar un rescate anticipado de los bonos emitidos antes de sus vencimientos, facilidad que ofrece el mercado de capitales, aparejado de costos financieros más reducidos al no haber ningún tipo de intermediación.
Se da la paradoja de que siendo el IPS a nivel país una de las entidades más importantes no pueda hasta ahora encontrarle una solución alternativa a esta coyuntura desfavorable por la que están pasando.
Independientemente al problema estructural suscitado, el económico-financiero es el que debería de insumir todas las energías de sus autoridades, arbitrando los mecanismos necesarios que les permitan hacer una reingeniería o reperfilamiento de pasivos, que les den un mayor “respiro financiero”, permitiendo una atención de calidad a los asegurados, y paralelamente combatiendo la gran informalidad de aportantes que oscilan en un 63 por ciento.
La problemática primaria que enfrenta el IPS no se remitiría solo a lo económico-financiero, afectando a la falta de medicamentos e insumos para una atención de calidad a los asegurados, sumado a otros de carácter organizacional/estructural que les permitan poder hacer frente en tiempo y forma a las necesidades y demandas puntuales de los mismos (activos, jubilados y pensionados).
Para la consecución de una mejor administración financiera de la institución, la persona que esté al frente del Consejo debería ser o un administrador o economista, pues la entidad cuenta con muchos profesionales médicos capacitados con quienes en equipo podrán abordar diversos aspectos que hacen a la problemática estructural y logística de la atención de la salud de sus asegurados, como parte de la división del trabajo, ya que hoy día ya no es posible seguir trabajando en compartimentos estancos.
Estamos en pleno siglo XXI, en donde el trabajo participativo, la capacidad innovativa y creativa de los integrantes del staff de nuestras organizaciones deberían estar ocupados por profesionales que puedan darle un mayor pragmatismo y celeridad a los problemas que se van suscitando en el día a día y lo económico, financiero y logístico en el IPS sigue siendo primario, para la buena marcha y performance de la institución en varios aspectos.
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Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.