La fiscal Claudia Aguilera, que lleva el caso de la agresión al joven Benjamín Zapag, hijo del empresario Raúl Zapag, solicitó como acto investigativo la reconstrucción de los hechos, que será realizada el próximo 16 de febrero a las 21:00 en la discoteca donde ocurrió la agresión el pasado 6 de noviembre del 2022.
Para esta diligencia, fueron convocados a participar la víctima, en este caso Benjamín Zapag, junto con los abogados querellantes, los imputados Marcello Fretes y Héctor Grau, también con sus abogados defensores, para la realización de la reconstrucción del hecho como parte de la investigación.
Así también, fueron convocados funcionarios de la Policía Nacional jurisdiccional, funcionarios del laboratorio forense, comitiva fiscal y responsable de la discoteca Morgan Warehouse.
Podes leer: Pedido de revisión de medida de Stadecker es improcedente, sostiene abogado
El caso de agresión
En la investigación se encuentran imputados Marcello Fretes y Héctor Grau. Ambos habrían propinado varios golpes a Zapag en el baño del local, los que le causaron varias heridas graves y tuvo que ser sometido a una delicada intervención quirúrgica.
Ambos fueron imputados ya el 7 de noviembre por lesión grave; sin embargo, recién se presentaron para la audiencia de imposición de medidas el 17 de noviembre del año pasado.
El 22 de diciembre la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ordenó el arresto domiciliario de Héctor Grau, mientras que Marcello Fretes fue beneficiado con la libertad ambulatoria por el Juzgado de Garantías el pasado 10 de enero.
Leé también: Funcionario judicial falleció esta mañana en el Palacio de Justicia
Dejanos tu comentario
Cuando la “causa” se convierte en agresión
- Por Juan Carlos Santos G.
- Columnista
- juan.carlos@nacionmedia.com
El deporte fue concebido para ser un espejo donde se refleje lo mejor de la condición humana: disciplina, esfuerzo y respeto entre rivales. Lo que vimos en la Vuelta a España fue otra cosa: una imagen de intolerancia que, lejos de construir una protesta legítima, la desnaturalizó y la convirtió en violencia.
Grupos que se escudaron en la defensa de la causa palestina cruzaron la línea del reclamo y atacaron a ciclistas del equipo Israel-Premier Tech; la agresión no solo afectó a esos corredores, sino a otros deportistas, a la logística de la prueba y, peor aún, a la marca-país de España. Un evento que debería haber sido celebración del talento quedó ensombrecido por hostigamiento y alarma social.
Lo alarmante no es solo la violencia callejera: es la legitimación desde ámbitos de poder. Que figuras como Irene Montero e Ione Belarra –con pasado en responsabilidades de gobierno y peso político público– hayan mostrado una actitud comprensiva ante quienes participaban violentamente en la protesta es una señal preocupante.
Cuando quien fue responsable institucional coloca matices antes que condenas frente a episodios que ponen en riesgo la seguridad, el mensaje que llega a la ciudadanía es confuso y peligroso. La política, precisamente por su alcance, debe desactivar la fricción, el enfrentamiento violento y la agresión, no alimentarla.Defender una causa es legítimo; transformar esa defensa en agresión no lo es.
El fanatismo, cuando se camufla de militancia, atropella derechos: el derecho a competir, a organizar y a presenciar un evento en paz. Y, peor, perjudica a la misma causa que se pretende promover.
La indignación pierde credibilidad cuando se expresa a punta de empujones, insultos y acciones que vulneran la integridad física de otros.España necesita un debate serio sobre el papel de la protesta en espacios públicos y el límite entre reivindicación y violencia.
Necesita también responsabilidad por parte de quienes tienen altavoz político: el silencio o la ambigüedad frente a actos violentos es, en la práctica, un permiso social para su repetición.
El Estado y los partidos deben marcar con claridad los límites del pluralismo democrático: expresarse es un derecho; agredir, no.
La Vuelta es solo un episodio concreto, pero deja lecciones generales: la instrumentalización del deporte para gestos radicales desvirtúa la política; la tolerancia hacia la violencia socava la convivencia; y la complicidad desde la política desarma la credibilidad de las instituciones.
Como periodista, no busco silenciar críticas legítimas ni minimizar tragedias reales que motivan la protesta. Pero sí insisto en esto: la causa que adolece de ética táctica y recurre a la agresión pierde, además de razón moral, la capacidad de convencer al resto de la sociedad.
España se merece propuestas públicas que busquen la paz y la justicia sin recurrir a la brutalidad ni a la teatralización del odio. Y, sobre todo, merece autoridades que condenen rotundamente la violencia, sea cual fuere su justificación. Lo peor de todo esto es que, Europa en general, se está contagiando del mismo mal.
Dejanos tu comentario
Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
Dejanos tu comentario
Sobrinos de senadora: Fiscalía cita para el lunes a directora de Talento Humano
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.
La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.
Lea también: ANR descubrirá una escultura de Bernardino Caballero por sus 138 años de fundación
Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.
Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.
Antecedentes
Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.
Te puede interesar: Fiscalía logra condenas de hasta 18 años contra colaboradores del ACA-EP
Dejanos tu comentario
Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
Te puede interesar: Coronel ligado a “Tío Rico” será dado de baja deshonrosamente
La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
Podes leer: Colorado Róga: Corte confirma Tribunal que iniciará segundo juicio oral contra acusados