Jueza ratificó prisión de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña
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La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ratificó la prisión preventiva de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña acusado por narcotráfico. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelar que se llevó a cabo vía telemática. Con la determinación adoptada por la citada magistrada el procesado seguirá preso.
De acuerdo a la resolución de la jueza Lovera existe el peligro de fuga y las fianzas reales carecen de eficacia para garantizar que el acusado no pueda fugarse por lo que corresponde confirmar la prisión del procesado.
La defensa de Cabaña tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que tendrá que estudiar si corresponde ratificar la resolución de la jueza Lovera o revocar la misma y ordenar la libertad de Cucho Cabaña.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz había presentado la acusación contra Reinaldo Javier Cabaña por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes. También fueron acusados: el exfiscal Gustavo Yegros, Gloria Rosana López, Hugo Martín Ríos, Marcelo Cabaña, Yisela Ramírez, Humberto Rodríguez, Carlos Brítez, entre otros acusados más.
El Operativo Berilo fue realizado en setiembre del 2018, en diferentes zonas de Ciudad del Este y otras ciudades de Alto Paraná. Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos en los cuales se incautaron de 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de US$ 800.000.
IPS remitió un completo informe a la Contraloría donde se informa que la quita de la millonaria deuda a una empresa ligada a la familia política de Abdo se arregló durante el mandato del mismo. FOTO: ARCHIVO
IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
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El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.
Un tribunal de Sentencia condenó a 3 años de cárcel a Elián López Torres, luego de ser encontrado culpable de arrojar un vaso de vidrio durante una fiesta en el local Kingfish. Foto: Gentileza
Caso Kingfish: condenan a 3 años de cárcel a un hombre por causar pérdida de un ojo a una joven
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Un tribunal de Sentencia condenó a 3 años de cárcel a Elián López Torres, luego de ser encontrado culpable de arrojar un vaso de vidrio durante una fiesta en el local Kingfish, que derivó en la pérdida del ojo derecho de una joven. Los jueces Yolanda Portillo, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro concluyeron que en el caso existió dolo eventual, por lo que dictaron una condena por lesión grave.
La presidenta del colegiado, Yolanda Portillo, explicó que no se acreditó que el vaso haya impactado directamente contra la víctima Dahiana Benítez, pero sí que el resultado lesivo se produjo como consecuencia de la acción realizada por el condenado. Según los jueces, López no buscaba causar específicamente la lesión sufrida por la joven, pero al lanzar un vaso de vidrio en medio de un grupo numeroso de personas asumió la posibilidad de que alguien resultara herido.
De acuerdo con los antecedentes, el hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2024, alrededor de las 05:00, en el interior del local nocturno Kingfish, ubicado en Asunción.
La acusación señaló que el incidente se produjo tras una discusión entre dos grupos de personas. En ese contexto, López Torres arrojó un vaso de vidrio hacia el grupo en el que se encontraba Dahiana Benítez.
Durante el juicio se estableció que el vaso impactó contra un joven identificado como Iván Villamayor y que, como consecuencia de un movimiento reflejo de este, su codo golpeó el rostro de la víctima. A raíz de ese golpe, Benítez sufrió un estallido del globo ocular derecho, lesión que derivó en la pérdida total del órgano y en una disminución permanente de su capacidad visual.
Las autoridades chilenas detectaron más de mil toneladas de carga contaminada con drogas en puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio. Foto: @AduanaCL
Chile incauta récord de 100 toneladas de droga escondida en madera
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Autoridades chilenas incautaron más de 100 toneladas de cocaína y ketamina ocultas en cargamentos de madera con destino a Europa, una cifra histórica de decomiso de droga, informó el lunes el gobierno chileno. El operativo, en el que no hubo detenidos, se desarrolló en los puertos de San Antonio y Valparaíso, en la zona central de Chile y en el puerto de Arica, al norte.
“Lo anterior constituye la mayor incautación en la historia” del país, dijo Aduanas de Chile en un comunicado. Tras seis meses de investigación, se logró la detección de 45 contenedores provenientes de Bolivia con maderas impregnadas principalmente con cocaína y ketamina. De haber llegado a su destino, la droga tendría que haber sido extraída mediante “procesos químicos avanzados que requieren laboratorios especializados”, agregó el texto.
Según la institución, la droga incautada podría “haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos”. Las autoridades informaron que todavía quedan contenedores por revisar, por lo que la cifra de droga incautada podría ser mayor.
Sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad.
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario. A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo. No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso.