El exministro del Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo, condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza, seguirá recluido en la cárcel de Coronel Oviedo, debido a que el tribunal de sentencia integrado por Elsa García, Darío Báez y Víctor Medina rechazó otorgar medidas sustitutivas a la prisión.
El colegiado con los votos de García y Báez sostuvo que no se demostró condiciones de dominio y titularidad de inmuebles, además no se demostró la solvencia económica por parte del fiador Luis Alberto Giménez por lo que no corresponde hasta el momento hacer lugar a la medida sustitutiva a la prisión.
Una vez que se cumpla con la exigencia establecida por el tribunal de apelación con relación a la garantía se tendrá que fijar nuevamente la fecha para el desarrollo de la audiencia donde se definirá si Cardozo abandona la cárcel.
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Un tribunal de sentencia condenó a Enzo Cardozo a 10 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza por un desvío de G.68 mil millones. Asimismo fue sentenciado el también exminmistro del MAG Rody Godoy a 7 años de cárcel. Ambos están privados de libertad en la penitenciaría de Coronel Oviedo.
En la misma causa, cuatro representantes de la Federación Nacional de Frutihortícolas del Paraguay fueron condenados. Los sentenciados son Silvio César Riveros, quien fue condenado a 11 años de cárcel; Lidio Irala e Ignacio Acuña a 9 años de cárcel, mientras que Luis Piccardo a 7 años.
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Tras fallo del Tribunal de Apelación, ordenan libertad de Carlos Granada
El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Sonia Villalba ordenó la libertad de Carlos Granada, condenado a 10 años de cárcel por coacción sexual, coacción y violación, luego de que el Tribunal de Apelación anulara la resolución que mantuvo su prisión preventiva.
Con la determinación adoptada por los jueces de sentencia, Granada recupera su libertad hasta tanto quede firme la sentencia dictada en primera instancia.
Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el comunicador fue condenado a 10 años de cárcel en el marco de un juicio oral y público. Durante la fundamentación de la sentencia, la jueza Fleitas incluso afirmó que Granada “quiso verificar si una de las víctimas estaba en su período menstrual, tocándola”.
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La magistrada detalló además el modus operandi del entonces gerente periodístico del Grupo Albavisión, mencionando que todos los hechos se desarrollaban en la oficina, hasta donde eran convocadas las trabajadoras supuestamente para recibir instrucciones laborales, pero en realidad era para sufrir acosos y manoseos.
Se reveló que les pedía que vengan vestidas con polleras y vestidos, detalló la jueza y agregó que tras cometer los hechos les amenazaba con que no conseguirían trabajo en otros medios, ya que tenía amigos en todos los canales de televisión.
Ratificación, en enero
En enero de este año, la Cámara de Apelación había confirmado la prisión preventiva de Granada. Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín; mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.
Los dos primeros sostuvieron que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva y apoyaron la posición del Tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.
Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el Tribunal de Sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.
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Caso Pecci: Petro coincide con un condenado en que “se ocultó” a los autores intelectuales
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al paso de las declaraciones que realizó hace unos días Andrés Felipe Pérez Hoyos, uno de los hermanos condenados por su participación en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El mandatario volvió a ratificar que se “silenció el proceso” de investigación sobre los autores intelectuales del crimen del agente del Ministerio Público y que las declaraciones de Pérez Hoyos lo confirman ahora.
El pasado jueves, Andrés Pérez Hoyos, declaró en una entrevista que brindó a radio Caracol de su país, desde el centro penitenciario La Picota, en Bogotá, que existe una orden para asesinarlo y que el monto ofrecido por su muerte alcanzaría los USD 3 millones.
Esto mismo, ya había sido advertido por el presidente colombiano en julio del año pasado, cuando asistió a la toma de posesión de Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ocasión en la que señaló que estos hermanos están en peligro de muerte en las cárceles “y deben ser salvados cuanto antes, porque los quieren matar”, había expresado entonces.
Petro había denunciado que los hermanos Pérez Hoyos estaban dispuestos a hablar y contar quiénes son los autores intelectuales, si es que sus vidas y la de sus esposas eran protegidas. Indicó que luego de que su esposa Margareth Lezeth Chacón Zúñiga recibiera la máxima condena, Pérez Hoyos se calló y en la Fiscalía nunca más se tocó el tema de los autores morales del crimen de Pecci.
“Esto que he afirmado y que debería estar en investigación, muestra la realidad que he denunciado. Se ocultó a los autores intelectuales de la muerte del fiscal Pecci en Cartagena, y por tanto se construyó impunidad ficticia en el caso, y hay una fuerte incidencia en la cúpula de ese período de la Fiscalía sobre la junta del narcotráfico”, indicó Petro el 29 de enero pasado tras las declaraciones que realizó Pérez Hoyos en una radio local.
El presidente de Colombia ratificó que el mismo fiscal Mario Andrés Burgos, que investigó a su hijo Nicolás Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es el mismo que no hizo la investigación sobre los autores del asesinato de Pecci y silenció este proceso.
“¿Había una relación entre la posición de Barbosa de mantener a Marcela Mancera, la vicefiscal, con el trato que me propuso, al padre del hijo que investigaban y de limar mi interés por encontrar los miembros de la Junta internacional del narcotráfico que intentaron asesinarme?” cuestionó el mandatario.
Solicita garantías por su vida
En tanto, Pérez Hoyos pide garantías para brindar los nombres de quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en la isla Barú, Cartagena, el 10 de mayo del 2022, durante su luna de miel.
Uno de los principales responsables confeso de coordinar el asesinato del fiscal rompió el silencio sobre los pormenores del magnicidio, asegurando tener conocimiento certero sobre las identidades de quiénes ordenaron el crimen.
En la entrevista, Pérez Hoyos afirmó que lo contactaron para el sicariato porque él trabajaba con esa organización y llegó como una orden de los jefes. Ante la consulta si conoce a la persona que dio la orden de matar al fiscal, dijo que sí y que el homicidio planeaban cometerlo en cualquier parte del mundo.
"Esta organización tiene injerencia en todo el mundo. Si el fiscal Marcelo Pecci se hubiera ido para Cancún o para otro país, sus jefes habrían buscado la forma“, mencionó.
Añadió que su petición es que la familia del fiscal Pecci busque un marco jurídico que le sirva de salvoconducto, porque él “no puede hablar por hablar“, debido a que su vida ”corre peligro”.
“Me he enterado de que estos patrones ya se volvieron contrarios. Han pagado una cantidad muy grande (UDS 3 millones) a unas oficinas para asesinarnos desde el año pasado, entonces estoy en un dilema de que no tengo seguridad en ninguna cárcel“, expresó.
Al respecto, sostuvo que no quiere que le suceda lo mismo que a Francisco Luis Correa, quien era un testigo clave en el caso Pecci y fue asesinado en una celda de la cárcel de Bogotá el 3 de enero del 2025, supuestamente en medio de una riña carcelaria. Pérez Hoyos aseguró lo mandaron matar.
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Dos presos se fugaron esta madrugada del penal de Minga Guazú
Una fuga de presos se registró en la madrugada de este lunes en el penal de Minga Guazú. A la 01:30 aproximadamente, dos personas se fugaron del Centro de Reinserción Social, ubicado en el kilómetro 20 Acaray, aproximadamente a 2.500 metros de la ruta PY02.
Los internos fugados fueron identificados como César Lino Aguirre Samaniego, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por robo agravado. Debía cumplir su pena el 13 de junio de este año.
Y Justo Pastor Morel (50), condenado a 15 años de cárcel por un hecho de robo agravado, debía cumplir su condena el año que viene, según reporte de la Policía Nacional de Alto Paraná.
Los reos habrían aprovechado una aparente vulnerabilidad en el sistema de seguridad para concretar la evasión. La alerta de desaparición de las personas privadas de libertad se dio alrededor de las 01:40 a través de sistema 911.
En grabaciones se observa a uno de los internos manipular el cerco de seguridad luego de haber saltado la muralla que cubre la penitenciaría. Cortan el tejido y se dan a la fuga. Habrían utilizado una sábana para saltar al patio, luego se halló una sierra y un alicate dentro de su celda luego de la inspección realizada por los agentes penitenciarios.
Tras la fuga, personal policial de la jurisdicción, con apoyo de comisarías aledañas, realizaron un intenso rastrillaje por la zona y alrededores. Durante el procedimiento hallaron un trozo de tela de color azul que correspondería a restos de la sábana utilizada para la fuga.
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“No son de la zona, pero cortaron el alambrado, tomaron el descampado y accedieron a la calle, que viene a ser detrás de la penitenciaría. Salieron por esa zona para agarrar la ruta”, mencionó a medios locales el comisario principal Humberto Galeano, jefe de Investigaciones de Alto Paraná.
Uno de los reos fue trasladado de Ñemby y el otro de Villa Hayes para cumplir su condena en dicha penitenciaría. El jefe policial añadió que ampliaron el control con un servicio de barrera controlando los vehículos que salen de la zona, valijera y demás espacios.
También llamó la atención de los investigadores un pedido de servicio de vehículo de plataforma en ese horario. “Él entró y a 500 metros antes de llegar a la ubicación canceló nuevamente. Pero dijo que era raro el pedido. Estamos peinando la zona”, comentó Galeano. El hecho fue comunicado al Ministerio Público.
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Condenado por estafa, cumplió 8 años de arresto por una pena de 5
La jueza de Ejecución, Luz Rossana Bogarín, ordenó la libertad por compurgamiento total de la condena de Pedro Augusto Guillén Tellechea, sentenciado a cinco años de cárcel por el delito de estafa. Lo más llamativo del caso es que el condenado cumplió ocho años bajo la medida de arresto domiciliario.
Guillén Tellechea fue sentenciado a cinco años de prisión por estafa mediante sistemas informáticos, de acuerdo con el fallo dictado en juicio oral el 18 de octubre de 2019. Esta sentencia de primera instancia fue apelada y posteriormente confirmada por el Tribunal de Apelación Penal (Segunda Sala de la capital) el 30 de diciembre de 2020.
Finalmente, cuatro años después, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación, con lo que la sentencia quedó firme.
La jueza de Ejecución Penal, Luz Rossana Bogarín, dejó sin efecto las medidas alternativas y ordenó la captura de Guillén Tellechea; sin embargo, al realizar el cómputo correspondiente, se percató de que el condenado ya había cumplido la pena de cinco años bajo la figura del arresto domiciliario, excediéndose por tres años. Ante el cumplimiento total de la sanción, se dispuso su inmediata libertad.
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