Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Alba González, Víctor Alfieri y Gloria Hermosa condenó a los ciudadanos mexicanos Martín Víctor Manuel Huertas, a 22 años de prisión, y a Armando Carrillo Flores, a 20 años de pena privativa de libertad. Los citados fueron encontrados culpables por narcotráfico luego de intentar traficar más de 300 kilos de cocaína, y los indicios apuntaban que formarían parte del cartel de Sinaloa.
Asimismo, el colegiado condenó a los acusados Marcos Antonio de la Rosa, a 8 años de cárcel, y a los paraguayos Ubaldo López, Eliseo Brítez y Patricio Mario Fernández a 8 años de pena privativa de libertad, y a Hernán Liseras a 2 años.
Es importante mencionar que el principal acusado en el presente caso es el mexicano Yimmy Waine Gallien, quien días atrás falleció en su celda en la cárcel de Tacumbú.
Del mismo modo, el tribunal colegiado dispuso el comiso de dinero incautado en el allanamiento donde fueron detenidos los hoy condenados. Los extranjeros fueron aprehendidos en diciembre del 2016 donde en una vivienda en Villa Elisa de donde se incautó más de 300 kilos de cocaína que tenía como destino Europa. Tras la investigación se pudo sostener que los detenidos formarían parte del cartel de Sinaloa de México.
Por su parte la defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial, y en caso de ser así, un tribunal de apelación decidirá si conforma la condena dictada en primera instancia o dispone la realización de un nuevo juicio oral y público.
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Europa no registra decomisos de cocaína paraguaya en 2025, tras años de cifras récord
Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.
El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.
En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.
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El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.
La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.
En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de septiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.
Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este Gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.
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Condenan a dueño de “La Chispa” por emisión de ruidos dañinos
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 9 meses de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a Juan Sebastián Coronel Bareiro, responsable del Centro Cultural “La Chispa” de Asunción, luego de ser encontrado culpable por contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El condenado no pisará la cárcel debido a que la sentencia será reemplazada por varias reglas de conducta que tendrá que cumplir Coronel Bareiro. Los jueces de sentencia que votaron por la condena son Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, mientras que la jueza Yolanda Portillo votó por la absolución.
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Los magistrados hallaron culpable al acusado de los delitos de contaminación de aire y ruidos dañinos, debido a que sobrepasó los niveles máximos de sonido en varias actividades realizadas en el Centro Cultural La Chispa, ubicado en Estrella entre Colón y Montevideo, de nuestra capital.
El magistrado Capurro señalo que La Chispa cumplía con su labor cultural, y que la música y el arte, era indudable, sin embargo, indicó que se constató que hubo violación de la ordenanza respecto a la medición de los decibeles, y que en ese sentido en dos hechos fueron los comprobados, el 21 de abril del 2024, a las 00:30, cuando se registró un máximo de 85 y en el 1 de marzo del 2024 con un máximo de 86 decibeles.
El juez Capurro manifestó que en dos ocasiones se superaron los valores máximos, en la ordenanza, no así en cuanto a las demás. Citaron también las actuaciones fueron por las denuncias de los vecinos.
Alegatos
La fiscala Elvia Chávez, en sus alegatos finales, pidió la pena de 4 años de cárcel, por los mencionados hechos punibles, tras indicar que los testigos que mencionaron que no podían dormir de los ruidos, lo que repercutió en su salud. Además, había señalado las mediciones que realizaron tanto la Policía como la Fiscalía y los funcionarios municipales, en los cuales se sobrepasó el tope máximo de decibeles de sonido que establecen las leyes administrativas.
Por su parte, la defensa a cargo de la abogada Emilia Yoguvich, había señalado que los hechos no eran típicos, ya que la Fiscalía usó leyes y ordenanzas que no estaban vigentes, por lo que no existía delitos. Esto fue rechazado en mayoría.
Los jueces habían dejado para más adelante, resolver junto con la sentencia, los incidentes presentados por la defensa al inicio del juicio oral.
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Noboa encabezó marcha contra la Corte Constitucional de Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes pasado una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. De chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a miles de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.
Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender temporalmente leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas. “Estamos apoyando al presidente de la República, estos señores (los jueces) están haciendo lo que les da la gana, están obstaculizando las leyes que nos favorecen”, declaró a la AFP Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido. El 4 de agosto la corte suspendió provisionalmente tres leyes aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.
En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. “Nuestros policías, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, reprochó en medio de la marcha Noboa, megáfono en mano.
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“Estigmatización”
Las calles de Quito amanecieron este martes con múltiples vallas que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaba una de las pancartas. El ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo dijo a la AFP que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones”.
En un comunicado, la Corte Constitucional rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados, por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”. También denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos”. El Ejecutivo negó el uso de fondos públicos para la marcha.
Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el Noboa, un conservador en el poder desde 2023.
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Ataques “inaceptables”
Noboa, hijo de un magnate bananero, impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas armadas. El presidente planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución aún sin fecha definida. Recientemente, incluyó entre las preguntas una propuesta para permitir juicios políticos contra jueces constitucionales.
Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno con carteles en los que se leía “fuera Noboa” y “fuera dictador”. “Estamos viviendo en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, dijo Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador. “Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.
Fuente: AFP.
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Líder opositor mexicano denunció a Maduro por vínculos con narcos
El senador opositor mexicano Alejandro Moreno presentó ayer lunes ante la Fiscalía General de México una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con narcos mexicanos y con el crimen organizado. El político, líder del exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó en la red social X el documento de acusación, aunque no aportó pruebas ni detalles de la denuncia.
Maduro “debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos”, escribió Moreno. Además, insinuó que el mandatario venezolano estaría ligado en presuntas actividades ilícitas con miembros del partido en el poder en México, el izquierdista Morena.
El documento muestra el sello de recibido de la Fiscalía, lo que sin embargo no significa necesariamente que le dé trámite o inicie una investigación. Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado y miembro de Morena, criticó la denuncia del opositor, al que señaló de “morderse la lengua”, en referencia a las acusaciones contra el senador.
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Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero para ser juzgado por el presunto desvío de unos 85 millones de pesos (4,5 millones de dólares) durante su gobierno en el estado de Campeche (2015-2019).
El PRI, que gobernó el país por siete décadas, sufrió fuertes descalabros en las elecciones generales de 2018 y 2024, y quedó relegado a la quinta fuerza política. Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y el pasado jueves la fiscal general de ese país anunció que duplicaba de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.
Fuente: AFP.
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