El joven Marcello Fretes abandonó la cárcel de Tacumbú tras la resolución del Tribunal de Apelación que decidió otorgarle el arresto domiciliario. Foto: Gentileza.
Caso Zapag: imputado abandonó Tacumbú tras ser beneficiado con arresto domiciliario
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La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo dio cumplimiento a la resolución del Tribunal de Apelación, que ordenó el arresto domiciliario del joven Marcello Fretes, imputado por lesión grave en el marco de la investigación por la golpiza que recibió Benjamín Zapag.
La citada magistrada impuso una fianza real de unos G. 1.000 millones y fianza personal de G. 200 millones totalizando así G. 1.200 millones de fianzas para que el imputado pueda abandonar la cárcel de Tacumbú donde estuvo recluido por varios días.
El Tribunal de Apelación integrado por Emiliano Rolón, Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias decidió días atrás revocar la resolución de la jueza Cynthia Lovera quien ratificó la prisión de Fretes.
Habeas corpus
El joven Héctor Grau, imputado por lesión grave en el caso Benjamín Zapag, presentó un habeas corpus reparador, con el que solicita a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacer lugar al mismo y ordenar la libertad del procesado. Ahora serán los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia quienes deberán estudiar el planteamiento hecho por el joven y decidir si corresponde que Grau abandone la cárcel o siga privado de su libertad.
Actualmente el joven imputado Héctor Grau se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría nacional de Tacumbú por resolución de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.
Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
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La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
La jueza de Curuguaty, Sonia Medina Paredes, fue denunciada ante la Corte por actuar de forma irregular en juicios civiles, otorgando medidas cautelares. Foto: Gentileza
Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
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La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
La Justicia decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú para Reinaldo López (63), imputado por crueldad animal tras ser denunciado por zoofilia. Foto: Archivo
Ordenan prisión preventiva para hombre imputado por zoofilia en Limpio
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La Justicia decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú para Reinaldo López (63), imputado por crueldad animal, tras ser denunciado por zoofilia. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Juzgado de Limpio.
El operativo fue activado por la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público. El incidente ocurrió en la comunidad de Villa Madrid, donde el hombre fue sorprendido abusando sexualmente de la mascota de una vecina.
La denunciante aseguró haber encontrado al detenido en pleno acto y registró el hecho en un video, material que sirvió como evidencia fundamental para formalizar la denuncia en la Comisaría 47.ª Central. Tras la notificación, efectivos policiales realizaron un rastrillaje que culminó con la captura de López.
Por su parte, la Dirección de Defensa Animal intervino para retirar a la perra del domicilio, resguardar su integridad y mantenerla bajo custodia. Asimismo, se dispuso la realización de análisis clínicos y toma de muestras para elaborar el informe pericial que será remitido a la Fiscalía para sustentar la investigación.
La magistrada Ruth Contrera hizo lugar a una medida cautelar de urgencia de prohibición de innovar ante el posible atropello de terceras personas a una propiedad cuyo legitimo ocupante es Leonardo Pereira. Foto: Gentileza
Justicia garantiza continuidad de cosecha a productor de soja en Canindeyú
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La jueza de Salto del Guairá, Ruth Contrera Martínez, garantizó que el productor de soja Leandro Aparecido Pereira di Camargo, pueda seguir cosechando en la propiedad de 16 mil hectáreas, ubicada en la zona de Pindoty Porã, departamento de Canindeyú. El mismo es legítimo ocupante de la propiedad y posee una sentencia firme de interdicto de retener la posesión, dictada por un juzgado competente.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar de urgencia de prohibición de innovar ante el posible atropello de terceras personas que pretenden evitar que el accionante siga trabajando en la propiedad mencionada.
En su resolución para otorgar la medida, la magistrada señaló que “se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado, justificado prima facie con los documentos agregados por los recurrentes” —representados por el abogado Aldo Gabilán—. Específicamente, se presentaron pruebas documentales consistentes en un contrato privado de reconocimiento y usufructo de la propiedad entre Leandro Pereira y Diego Troche, representante de la firma Americana Agropecuaria.
Con la determinación adoptada por la jueza Contrera, ninguna persona ajena está autorizada a ingresar a la Estancia Americana. Asimismo, se estableció una contracautela como garantía de G. 600 millones y se libraron varios oficios al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Dirección de Policía del departamento de Canindeyú, a los efectos de resguardar el inmueble y evitar cualquier tipo de invasión. Del mismo modo, se envió un oficio al Ministerio Público para que tome conocimiento sobre cualquier situación irregular que se pueda generar.
Cualquier persona, distinta a Pereira di Camargo, que pretenda ingresar a la mencionada propiedad, estaría violando la determinación adoptada por la jueza.