Las agentes fiscales Laura Ávalos y Gladys González allanaron esta mañana una clínica en la ciudad de San Antonio ante una denuncia formulada por la municipalidad de dicha localidad, en atención que la misma no tendría habilitación, ni autorización para su funcionamiento.
Las agentes intervinientes encontraron en el lugar recetarios y fichas médicas. La agente fiscal Ávalos solicitó informes al Ministerio de Salud Pública y tras recibir los informes de la cartera de Salud se decidió clausurar la clínica Hermanos Asís que funcionaba sin habilitación ni autorización, según la denuncia recibida.
Ahora las fiscales del caso deberán analizar si corresponde formular una imputación contra los propietarios de la referida clínica que no debía funcionar de acuerdo a la denuncia formulada. Igualmente las documentaciones incautadas durante el citado procedimiento fiscal serán analizadas minuciosamente por los investigadores.
Del mismo modo serán llamadas a declarar varias personas, entre ellas los propietarios de la clínica, así como las que acudieron a dicho centro asistencial para realizarse varios controles médicos.
En caso de que el Ministerio Público considere formular la imputación contra las autoridades de la clínica, las mismas deberán acudir para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia judicial se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o en su defecto se ordena la prisión preventiva.
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Ministerio Público pide juicio oral para 12 procesados por desfalco a la Caja Municipal
El Ministerio Público presentó acusación contra doce personas y solicitó juicio oral en el marco de las investigaciones sobre el desfalco en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Los afectados son exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones involucrados en la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891.
Según la acusación de los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos correspondientes al rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.
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Cómo funcionaba el esquema delincuencial
La maniobra investigada consistía en reingresar estos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares.
A partir de estas operaciones, se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que posteriormente eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.
De acuerdo con la pericia contable realizada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido a las operaciones investigadas supera los 11.700 millones de guaraníes, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados.
“Entre las situaciones identificadas figuran pagos emitidos a nombre de personas que habían fallecido antes de la liberación de los fondos”, alegan los investigadores.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público por los hechos punibles atribuidos.
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Jueza impondrá medidas para fisioterapeuta imputado por supuesto abuso
La jueza Lici Sánchez fijó para el mediodía de este martes 8 de setiembre la audiencia de imposición de medidas para el fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, de 42 años, quien se presentó ayer alrededor de las 10:45 en compañía de sus abogados ante la Comisaría 4.ª de Lambaré, donde fue detenido, tras dictarse orden de su captura en la imputación por presunto abuso sexual en niños con discapacidad.
“Se apersonó hasta la oficina de guardia poniéndose a disposición. Al verificar su cédula de identidad, nos salta que el mismo cuenta con dos órdenes de detención, una de la Unidad Fiscal y otra del Juzgado Penal”, comentó la comisaria Alicia Fernández a NPY. Entre las supuestas víctimas del acusado se hallan tres menores de 10, 7 y 5 años, de acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía.
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Sobre el acusado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías n.° 5 había resuelto no hacer lugar a la impugnación presentada por su defensa, confirmó la rebeldía y orden de captura en contra del hombre de 42 años.
Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de sus víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.
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El juicio a Giuzzio por presuntos nexos con el narcotráfico entra en su etapa final
Este lunes 7 de setiembre, a las 7:00, continúa el juicio oral contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en una etapa clave del proceso por cohecho pasivo agravado. La audiencia se reanudará bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego del incidente protagonizado por el exfuncionario en que habría amenazado a los fiscales que sostienen la acusación en su contra.
Esta medida de seguridad se viene aplicando desde la última sesión del juicio oral, luego de que el Tribunal de Sentencia tomara conocimiento de las presuntas amenazas efectuadas por Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, en los pasillos del Poder Judicial. Por disposición de los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete se estableció que los agentes fiscales estén acompañados de fuerte custodia policial.
El exministro Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, luego de la presentación que hicieron los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, el 16 de agosto del 2023.
Los fiscales sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo pleno conocimiento de las intenciones del presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (actualmente detenido en Brasil) de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.
Durante el juicio oral, la Fiscalía tuvo oportunidad de exponer su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
Testigo agrava situación de Giuzzio
La reacción y amenaza de Giuzzio a los fiscales sucedió al concluir una audiencia del juicio público y oral en que el exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, prestara nuevamente declaración y complicara aún más al acusado sobre su presunto vínculo narco.
De acuerdo a las declaraciones de la fiscal Valdez, el testigo declaró durante 4 horas aproximadamente. Entre lo que resaltó como relevante es que se exhibieron comunicaciones (mensajes de textos) en que el exviceministro Ríos tuvo con el señor Marcus Vinicius.
“Él reconoció estas comunicaciones y entre la información que se exhibió estuvieron fotografías de vehículos, que él reconoció que eran de la Policía Nacional y que esos vehículos fueron reparados efectivamente por el señor Marcus Vinicius a través de su empresa y que él dijo que uno de los vehículos iba a ser apadrinado (o patrocinado). Aparte de eso, también reconoció otras comunicaciones que tuvo con él, que estos vehículos estuvieron en su empresa. Reconoció una filmación donde estaba uno de estos vehículos”, relató la fiscal.
Remarcó que estos datos son brindados por el testigo, son relevantes porque se sostiene efectivamente que se recibieron beneficios de Marcus Vinicius a cambio de futuras licitaciones. En diciembre de 2021, el exministro abdista organizó en sede de la Fope una muestra de equipos del empresario brasileño para la Policía Nacional.
Giuzzio fue destituido el 22 de febrero de 2022 como ministro del Interior por el escándalo de usufructuar un vehículo particular de la esposa del capo brasileño, luego de que el suyo tuviera fallos durante un viaje de vacaciones a Brasil. La investigación encontró una serie de chats entre ambos, desde julio de 2021 a febrero de 2022, que acabó cuando Marcus Vinicius fue detenido en un operativo antidrogas desplegado por Brasil y Paraguay.
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Ordenan captura de fisioterapeuta imputado por abuso sexual infantil
En las últimas horas se impartió orden de captura para Santiago Luis Guillermo Capello Barreto (42), acusado de abuso sexual en niños en estado de vulnerabilidad. El mismo se desempeñaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad en donde se registraron los hechos de abuso, según varias denuncias.
“Ayer (jueves), el juzgado a cargo emitió la orden de detención y rebeldía de este señor que hasta el momento está prófugo”, indicó Fredy Ocampos, representante legal de una de las familias denunciantes, en diálogo con el programa Tiran Bombas de la 1020 AM.
Son tres las víctimas conocidas, pero no se descarta que haya más afectados. “Son tres niños con discapacidad. Eran víctimas del señor porque era su fisioterapeuta desde años”, precisó el defensor. El abogado resaltó que tanto el Juzgado como la Fiscalía y la parte querellante llevan a cabo una tarea investigativa en conjunto resguardando la integridad e identidad de los niños.
“Tuvimos bastantes inconvenientes de parte de la defensa (del acusado), quien estaba litigando de forma clandestina, presentando recursos sin haberse puesto a disposición teniendo una orden de captura”, refirió. El presunto abusador habría cometido los hechos, aprovechándose de la confianza de los familiares, atendiendo a que “es una clínica de rehabilitación, donde los padres hace años llevaban a sus hijos al lugar para tratamiento de fisioterapia”, indicó.
Las víctimas quedaban a cargo del supuesto agresor sexual porque “normalmente, los padres no ingresaban al consultorio donde realizaban la fisioterapia”, explicó el abogado. Los abusos fueron mucho más allá de los manoseos. “Hubo abuso según el relato del menor y las menores también coinciden en su relato”, puntualizó.
Están trabajando en forma coordinada con la Fiscalía para reunir elementos que demuestren que existieron esos hechos. La clínica también tiene la responsabilidad porque “tenía que tener los medios necesarios para resguardar la integridad de los menores que eran sus pacientes”, apuntó. Se trata del centro de rehabilitación A pasitos, ubicado sobre la calle Benigno Ferreira de nuestra capital, donde también trabaja la esposa del imputado.
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