La fiscal Olga Melgarejo explicó este lunes que los policías implicados en el supuesto caso de gatillo fácil en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, ya fueron imputados por homicidio doloso. El dudoso procedimiento dejó un hombre fallecido y una mujer herida.
“Todos los efectivos están imputados por homicidio doloso. Es muy incipiente todavía la investigación y no descartamos ninguna hipótesis. Vamos a ir recabando más datos para esclarecer lo ocurrido. Una persona fue imputada por homicidio doloso y frustración a la persecución penal porque trasladó el vehículo de la víctima hasta donde fue encontrado, se trata de Jonathan López”, explicó la fiscal en comunicación con la radio 1080 AM.
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Sostuvo que ya se realizaron todas las pruebas de parafina para identificar a los policías que realizaron los disparos y acabaron con la vida del joven Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia e hirieron a su pareja, identificada como Gloria Jésica Espínola Cáceres, internada en estado grave en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
Melgarejo indicó que también se realizaron las pruebas correspondientes al fallecido y su pareja para determinar si realizaron disparos contra los agentes de la Policía Nacional. Explicó que se encontró un arma en el auto de la víctima fatal, pero hasta el momento no se sabe si fue utilizada.
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“Con base en la información policial, donde comunican un enfrentamiento entre personas, se inició la investigación. Ellos tenían como objetivo la detención de una persona que estaban buscando y en un control policial que estaban haciendo sobre la ruta llegó este sujeto y su pareja. Al llegar al lugar comenzó a acelerar, se produjo una persecución y disparos”, agregó la fiscal.
Los once agentes imputados en el caso por homicidio doloso son el comisario Hugo Florentín Stiglit, el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez, el oficial Roberto Samaniego y los suboficiales Richard Seberiano, Rubén Giménez, Alder Centurión, Pedro Brítez, Jaime Ramírez, Javier Martínez, Alfredo Villalba y César González.
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Empresa coreana pretende instalar fábrica de fertilizantes verdes en Alto Paraná
La compañía coreana Cheong A Chemical Co., Ltd. tiene interés en montar una fábrica de fertilizantes verdes en Alto Paraná. Los directivos de la empresa, Seo Gyu Yoon, CEO y presidente de la firma, y el director ejecutivo, Byeong Cheol Choi, visitaron el Viceministerio de Rediex para conocer sobre las ventajas de invertir en Paraguay.
La planta industrial apunta a abastecer el mercado brasileño y convertir al país en un actor clave en la transición energética de América del Sur, informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El proyecto incluye instalar una fábrica en el departamento de Alto Paraná, aprovechando su ubicación geográfica y conectividad logística con Brasil, que sería el principal destino de exportación de la firma.
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En el encuentro se abordaron conceptos como la producción de desarrollo de hidrógeno verde a través de urea, una solución limpia y sostenible frente a los métodos convencionales que utilizan gas natural. Representantes del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) expusieron acerca de los incentivos con los que cuenta Paraguay para la inversión extranjera, como el régimen de maquila, la Ley 60/90, entre otros.
Según el MIC, la empresa coreana, con vigencia de más de 35 años, es reconocida por su constante innovación en productos petroquímicos, fertilizantes y soluciones para la agricultura. La misma evalúa oportunidades de inversión en América del Sur apuntando a expandir sus operaciones.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
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LN PM: edición del 30 de julio
Intervención en CDE: “No es solo corrupción, es robo a plena luz del día”, dice Castellano
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.
El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.
Empieza a tomar forma la primera ruta con pavimento de hormigón
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que los trabajos iniciales para la reconstrucción del tramo Pozo Colorado–Concepción, sobre la ruta PY05, ya están en plena ejecución. Esta vía, que comprende más de 90 km, se convertirá en la primera ruta del país hecha con pavimento rígido, con una inversión de G. 611.196 millones.
Las tareas se están desarrollando en dos tramos. El lote A, que abarca desde el km 318,9 hasta el km 372,2 (53,3 km), está a cargo del Consorcio Avanza Chaco, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Ocho A S.A. y Construpar S.A. Allí, tras la firma de contrato en mayo pasado, las primeras labores consistieron en la movilización, instalación del campamento y mantenimiento de caminos auxiliares.
No hay paraguayos afectados por terremoto en Rusia, darán seguimiento ante alerta
El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que, de momento, no se registran connacionales afectados por el terremoto en Rusia. Se instruyó a los consulados a dar seguimiento a los países alcanzados por la alerta de tsunami.
La Cancillería Nacional confirmó que, luego del terremoto registrado en Rusia, no se detectaron paraguayos entre las víctimas, al menos, hasta el momento.
Control unificado en Encarnación-Posadas reporta 20.000 trámites diarios
El plan piloto de control migratorio unificado en el paso terrestre Encarnación (Paraguay) - Posadas (Argentina), iniciado el lunes pasado, registra más de 20.000 trámites diarios. En el primer día de implementación se tramitaron más de 10.000 ingresos y 11.000 salidas del país, cifras similares al martes, a lo que se suma el servicio del tren internacional, que moviliza a unos 2.500 pasajeros entre ambas ciudades, reportó la Dirección de Migraciones.
Este nuevo Sistema de Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC), acordado entre las direcciones de Migraciones de Paraguay y Argentina, rige para el tránsito de personas que cruzan la frontera en buses, vehículos particulares y a bordo del tren en el Puente San Roque González de Santacruz, y contempla la realización de un solo trámite migratorio en el lado argentino, válido para ambos países.
Caso Melania: investigadores presumen que solo actuó una persona
El trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional continúa en torno al caso del homicidio de la niña Melania Monserrath, en donde hasta el momento están imputados y con prisión preventiva en la cárcel de Villarrica Marcelo Giménez Duarte y su hermano de 16 años de edad.
Si bien se manejaban diversas hipótesis de cómo se habría dado el crimen, una de las que se fortalece ahora es que solo el menor de edad habría estado involucrado en el homicidio, esto debido a que presentaba rastros en su cuerpo que coincidirían con signos de ataque y defensa por parte de la víctima.
Proponen ampliar programa Hambre Cero y comprar transporte escolar
La Cámara de Senadores trata este miércoles un proyecto que viene con media sanción de Diputados y plantea modificar un artículo del programa Hambre Cero, a fin de incluir la adquisición de equipos de transportes escolares, entre otras.
En el punto 2 del orden del día figura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley que crea el fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en las Escuelas).