Nuevamente, el juicio oral y público para el exgobernador de Paraguarí y actual diputado del abdismo Miguel Cuevas, considerado como un mago de las finanzas, quedó postergado para el mes de marzo del 2023 debido a que los miembros del Tribunal de Sentencia alegaron sobrecarga de trabajo.
En tres oportunidades ya se intentó iniciar este juicio oral, pero debido a las presentaciones constantes de chicanas hechas por Cuevas, bajo el patrocinio de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, lograron dilatar el proceso judicial.
De esta manera, el parlamentario deberá comparecer finalmente ante la Justicia el próximo 16 y 17 de marzo tras la finalización de las elecciones internas partidarias del próximo 18 de diciembre y un mes antes de los comicios generales a realizarse el 30 de abril. El tribunal se encuentra conformado por los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel, quien es esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Ramírez Candia.
Al respecto, llama poderosamente la atención que se posponga el juicio contra el también aspirante a senador por el movimiento Fuerza Republicana, debido a que la argumentación de los jueces no sería muy sólida, por lo que se puede interpretar que los 3 magistrados responderían al sector político.
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Imputado por enriquecimiento ilícito
El caso de Cuevas, quien anteriormente se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai y hoy es un potentado político, fue elevado a juicio oral y público por el juez penal de Garantías Yoan Paul López el 5 de julio del 2021, de acuerdo a la publicación realizada por el diario La Nación/Nación Media.
Luego, el Tribunal de Apelación, conformado por Arnulfo Arias, Óscar Rodríguez Kennedy y Emiliano Rolón Fernández, el pasado 17 de agosto declaró inadmisible la apelación de la defensa y confirmó la elevación a juicio oral de la causa que afronta por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
La acusación realizada por el fiscal Luis Piñánez indica que como ingresos percibidos por Miguel Cuevas en su calidad de funcionario al servicio de la administración pública se verificó un total de G. 1.720.714.181. Además, en cuanto a sus ingresos y egresos provenientes de su actividad ganadera, se verificó un ingreso neto de G. 3.010.962.855.
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Ante amenaza de Giuzzio a fiscales, juicio se reanuda con custodia policial
Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
La fiscal Valdez, desde el ingreso a la sede judicial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cualquier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.
En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete; la situación de amedrentamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, alegando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia. Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares solicitamos al tribunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.
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Antecedentes
La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.
El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.
“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previstas todas las situaciones para que en adelante contemos con la debida seguridad. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Planás.
Acusación contra Giuzzio
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
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Buscan acelerar incentivos para médicos subespecialistas del sector público
El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.
En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.
La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.
Programa de incentivos
La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.
El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.
Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.
El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.
El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.
Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.
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Contraloría Ciudadana sobre juicio de Prieto: “Tía Chela fue el primer golpe que hicieron”
“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse este lunes el primer juicio oral y público contra el exintendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, y otros acusados, por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
“Con el inicio de este juicio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no gubernamental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, y que hoy alcanzan cerca de 50 causas en investigación.
En el caso “Tía Chela”, el proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.
Campaña prietista contra la Fiscalía
“Es muy lenta la justicia, pero seguimos denunciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a través del Ministerio Público. A pesar de que todo el proceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refirió Montiel.
La causa conocida como Tía Chela está catalogada por los denunciantes como una de las grandes estafas cometidas bajo la entonces administración del dirigente opositor, quien actualmente impulsa la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este, de su asesor político y exdirector administrativo, Daniel Pereira Mujica.
“Desde Ciudad del Este estamos viendo una fuerte campaña por parte de Prieto para desprestigiar el trabajo del Ministerio Público, queriendo hacer entender que esto es una persecución política, pero no admite sus hechos. En realidad, Prieto siempre se burló de las denuncias, pero el trabajo de la Fiscalía es bastante serio”, mencionó.
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La acusación fiscal es irrebatible
Prieto y sus aliados concretaron presuntamente adjudicaciones irregulares a las firmas Tía Chela SRL y Vanemi SA, con la finalidad de embolsillarse la millonaria suma dejando prácticamente vacías las arcas de la municipalidad esteña, de acuerdo con los denunciantes.
“Ahora Prieto hace una caravana para que la ciudadanía le acompañe en el juicio, esto es una locura, pero, por lo menos, la gente de Ciudad del Este ya abrió los ojos, ellos se manejan con clientelismo, dando muchos beneficios a algunos de sus seguidores, pero la gente sabe que Prieto es un corrupto, que está rodeado por corrupto y que la acusación de la Fiscalía es prácticamente irrebatible, él ya está bastante desprestigiado”, sentenció Montiel.
Antecedentes
Según la investigación fiscal, la estructura delictiva habría estado integrada por funcionarios y directores municipales, así como por proveedores externos. Entre los acusados figuran Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y hoy concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas.
La lista sigue con Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA.
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Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el caso conocido como “Tía Chela”.
En la apertura de la audiencia se presentaron incidentes con uno de los abogados defensores, en este caso Martín Prieto, defensor del acusado Julián Benítez Gamarra, quien solicitó la suspensión de esta audiencia, argumentando que supuestamente no tuvo acceso a la investigación, para tener tiempo para ejercer la defensa. El tribunal rechazó el pedido y convocó a una sanción disciplinaria al citado representante legal.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez acusaron en junio de 2024 al exintendente y otras 10 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna. Tras varias chicanas, finalmente este lunes se dio la apertura de este proceso judicial.
Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices.
Incidentes presentados por la Fiscalía
El fiscal acusador Silvio Corbeta inició con la presentación de incidentes, que son cuatro en particular. El primero, una situación que se había presentado durante la audiencia preliminar, por hechos nuevos que ha tomado conocimiento el Ministerio Público, al momento de ofrecimiento de pruebas de la defensa, que tiene que ver con el cambio de marcas de productos licitados.
El fiscal solicitó la consulta a la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) acerca de la nota que se presentó, por la propia defensa de los acusados, que tiene fecha de marzo del 2020 y fue firmada por Fermín Ávalos, representante de la empresa Tía Chela presentada a la Municipalidad de CDE, ya que la DNCP realizó un sumario de oficio y ese sumario concluyó en una resolución en la cual señala inconsistencias en la licitación en materia de contratación pública por vía de la excepción.
El segundo incidente presentado por el fiscal, es la solicitud de declaración testimonial del director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, considerado como un testigo calificado y experto que podrá responder a todas las consultas sobre la pertinencia sobre la nota presentada en el primer incidente, sobre su regularidad o irregularidad.
También solicitó un informe a la Contraloría General de la República (CGR), si la nota en cuestión, “recibida por el intendente municipal, Miguel Prieto, fue presentada y analizada cuando el órgano mismo de control realizó el dictamen técnico de contrataciones DGCPCPE n.° 44/2021 que hace referencia a esta licitación de kit de alimentos que es la contratación de la vía de la excepción n.° 3/2020 en la cual la Contraloría concluyó la Municipalidad de Ciudad del Este favoreció la adjudicación del contrato a la empresa Tía Chela”.
El cuarto incidente presentado es una solicitud de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para tener conocimiento en el marco de la trazabilidad realizada de las facturas y en las mercaderías proveídas a la Municipalidad de Ciudad del Este, realizado por el departamento de análisis y gestión de riesgos tributarios, si la empresa Tía Chela comunicó el cambio de las marcas de las mercaderías consignadas y licitadas en el contrato con la comuna.
“Si esto fue producto de algún dictamen por parte de la DNIT, ya que la DNIT realizó también un trabajo sobre el cual versa principalmente la teoría del caso del Ministerio Público”, explicó el fiscal Corbeta.