La agente fiscal Belinda Bobadilla imputó al abogado Víctor Luis Benítez Rodríguez, quien habría sido contratado por la firma Auto Logic SA para iniciar diligencias preparatorias y luego un juicio ordinario contra una empresa ubicada en China continental. La actuación del profesional del derecho se habría limitado a iniciar las diligencias preparatorias el 11 de julio del 2017 y solamente diligenciar algunos oficios dispuestos por el Juzgado en lo Civil y Comercial.
Sin embargo, ante los pedidos de su representado sobre el resultado del juicio, el hoy imputado habría manifestado al mismo que ya había sido dictada la sentencia por le jueza en lo Civil y Comercial Vivian López, haciendo lugar a la demanda; además de remitirle un ejemplar de la misma, presuntamente en fecha 1 de junio de este año, la cual habría sido falsificada pues la sentencia judicial no habría sido dictada por la referida jueza ni el juicio ordinario habría sido promovido ante su juzgado.
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Es importante hacer saber a la ciudadanía que por Acordada de la Corte N° 1335/2020 del 3 de setiembre del 2019 se implementó el Código QR en las resoluciones judiciales. Esto permite comprobar al usuario del sistema de justicia la validez del contenido de una resolución judicial.
Ahora será un juzgado penal de garantías el que deberá admitir la imputación y a su vez se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el abogado será beneficiado con medidas alternativas a la prisión o será trasladado al penal de Tacumbú.
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DNIT fija nuevas reglas para el comercio de armas y se deberá emitir factura electrónica
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió nuevas medidas administrativas para los contribuyentes que operan en el rubro de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos, a través de la Resolución General n.º 54, que establece la incorporación obligatoria de este sector al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen).
La disposición alcanza a fabricantes, ensambladores, importadores, exportadores y comerciantes habilitados por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), en cumplimiento de la Ley n.º 7411/2024 de Armas de Fuego y sus Componentes. La normativa también comprende a quienes comercializan explosivos, accesorios de explosivos y precursores químicos.
De acuerdo con la resolución, los contribuyentes deberán emitir exclusivamente documentos tributarios electrónicos mediante el Sistema Transaccional Ekuatia o la solución gratuita Ekuatia’i, según corresponda. La medida busca garantizar la emisión, registro y trazabilidad fiscal de las operaciones vinculadas a estos productos.
La DNIT estableció un plazo de 90 días corridos para que los contribuyentes alcanzados se incorporen al Sifen. El cómputo del plazo dependerá de la fecha de habilitación otorgada por la Digemabel o, para quienes ya cuenten con esa autorización, desde la entrada en vigencia de la resolución.
Asimismo, la normativa prevé que los pequeños contribuyentes podrán adherirse a la solución gratuita Ekuatia’i, siempre que cumplan con las condiciones previstas en las reglamentaciones vigentes. También contempla la posibilidad de solicitar una prórroga para la incorporación en casos específicos, conforme a las disposiciones ya establecidas por la DNIT.
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Como parte de la implementación, la administración tributaria trabajará de manera coordinada con la Digemabel para realizar pruebas, intercambiar información y verificar la incorporación de los contribuyentes obligados. Entre los datos que serán cruzados figuran el nombre o razón social, el número de Registro Único del Contribuyente (RUC), la fecha de incorporación y el número de la resolución habilitante.
La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación de este sábado 20 de junio y forma parte del proceso de adecuación de los sectores regulados al régimen de facturación electrónica. Con esta medida, la DNIT apunta a reforzar el control tributario sobre un rubro considerado de alta sensibilidad, mejorando la fiscalización y el seguimiento de las operaciones comerciales.
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La comunidad ayoreo Totobiegosode cuenta con su primer abogado, tras jurar ante la Corte
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, tomaron juramento de ley como abogado a Tagüide Picanerai Etacore, integrante de la comunidad indígena ayoreo Totobiegosode del departamento de Alto Paraguay. La ceremonia se realizó en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción.
Con este acto, se convirtió en el primer abogado de su comunidad y quedó habilitado para el ejercicio de la profesión. Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia del acceso a la educación como herramienta para ampliar oportunidades y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en distintos ámbitos de la vida nacional.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.
Por su parte, Tagüide Picanerai Etacore expresó su satisfacción por haber concluido una etapa importante de su formación profesional y señaló que su experiencia puede servir de estímulo para otros jóvenes indígenas interesados en acceder a estudios superiores. “Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, manifestó.
Además, destacó el valor de la formación académica como herramienta para el desarrollo personal y comunitario, y valoró el acompañamiento recibido por parte de su comunidad durante todo su proceso de formación.
Señaló que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior continúa representando un desafío en Paraguay. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a perseverar en el cumplimiento de sus metas pese a las dificultades que puedan presentarse.
“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, expresó.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
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Metrobús: “No creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens”, afirma Preda
El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.
Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.
“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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Sobreseimiento definitivo
Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.
“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.
Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".