A estas horas se lleva a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares para Carlos Granada, exgerente periodístico del grupo Albavisión (SNT - C9N), quien está imputado por coacción sexual, acoso sexual y coacción.
En la citada diligencia judicial que se realiza ante el juez Julián López se definirá si Granada va a la cárcel de Tacumbú o se le concede el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria. Recordemos que el mismo tenía orden de detención fiscal desde el 26 de agosto pasado, por lo que al ingresar al Juzgado de Garantías fue detenido y llevado al retén del Poder Judicial.
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Su abogado Álvaro Arias señaló que su cliente está allanado al proceso y que, según el mismo, demostrará su inocencia. Hay que mencionar que las fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva formularon imputación contra Granada por los mencionados delitos, que se habrían registrado en el medio de comunicación donde el procesado se desempeñaba como gerente periodístico.
De acuerdo al acta de imputación, serían varias las víctimas del procesado exgerente de prensa de canal 9 que formularon la denuncia en sede del Ministerio Público, que una vez realizadas las diligencias básicas decidió presentar la imputación contra el comunicador.
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Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
- Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
- Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
- Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.
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En diciembre definen si hijo de Lalo Gomes, el abogado Óscar Tuma y otros van a juicio oral
La jueza penal contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía pospuso para el 14 de diciembre la audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el abogado Óscar Tuma y dos escribanas quienes están acusados por varios delitos.
Montanía alegó sobrecarga laboral para reprogramar la diligencia, en la que debía resolverse si la causa pasa o no a juicio oral y público. Tuma y demás están acusados por presuntos hechos de lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en una causa vinculada a la supuesta transferencia irregular de bienes que habrían buscado evitar su eventual comiso en el marco del caso “Pavo Real”.
Según la Fiscalía, Alexandre Rodrigues Gomes transfirió cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y ocho vehículos de su propiedad, mediante la presunta alteración de datos registrales. Con estas operaciones, habría evadido medidas cautelares dictadas en su contra y buscado impedir el eventual comiso especial de bienes provenientes de hechos de narcotráfico y asociación criminal.
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La investigación también atribuye responsabilidad a las dos escribanas que confeccionaron las escrituras de transferencia. Según los fiscales, habrían dejado constancias falsas sobre determinados hechos en los documentos, a solicitud de Rodrigues Gomes.
Con relación al abogado Óscar Tuma, la acusación sostiene que recibió mediante transferencia cuatro inmuebles individualizados como pago de honorarios profesionales. Para el Ministerio Público, el profesional del derecho habría actuado con conocimiento de que Rodrigues Gomes estaba inhibido y, por tanto, impedido de transferir sus propiedades.
La Fiscalía considera que estas operaciones habrían impedido que los inmuebles fueran incorporados a la nómina de bienes sujetos a decomiso por parte del Estado paraguayo.
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Suspenden audiencia preliminar de exintendente de Asunción por presentar reposo médico
Se suspendió la audiencia preliminar del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), acusado por lesión de confianza y asociación criminal debido a supuestas irregularidades en la compra de detergentes y otros insumos durante la pandemia. El procesado logró aplazar la diligencia, prevista para hoy, tras presentar un reposo médico.
A través de su abogado, Rodríguez solicitó la suspensión de la audiencia e informó que se encuentra bajo prescripción médica. Ante esta situación, el Juzgado de Garantías postergó el acto en el que debía resolverse si el exintendente afrontará o no un juicio oral y público. El juez Rodrigo Estigarribia deberá fijar una nueva fecha para la diligencia, en la que se analizará si corresponde admitir la acusación presentada por el Ministerio Público en septiembre de 2025.
Según la acusación fiscal, durante la gestión de Rodríguez se habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición irregular de diversos insumos que, en muchos casos, ni siquiera ingresaron a la Municipalidad de Asunción. La Fiscalía sostiene que entre los años 2020 y 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, se realizaron procesos de contratación que favorecieron sistemáticamente a un grupo de empresas, vulnerando los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
El Ministerio Público también afirma que los procesados habrían utilizado figuras legales —como nombramientos, contratos y emisión de cheques— para montar una estructura destinada a defraudar a la comuna capitalina en perjuicio de la ciudadanía. Además, la acusación señala que varias licitaciones fueron direccionadas a determinadas firmas, contraviniendo las disposiciones de la ley de contrataciones públicas.
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Directivos de APA imputados por desvío millonario lograron suspender imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para los directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA), imputados por lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que las tres defensas plantearon recursos de reposición y apelación en subsidio contra la providencia del 25 de septiembre de 2026, que admitió la imputación y fijó la convocatoria judicial.
Ahora el juzgado deberá resolver el planteamiento formulado por las defensas de los imputados y si el juzgado se ratifica en su decisión inicial el expediente judicial deberá ser elevado a la Cámara de Apelación para su estudio.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Gran cantidad de personas que conforman APA, provenientes de distintas ciudades del interior del país, se hicieron presentes en el Juzgado Penal de Garantía a cargo de Cynthia Lovera para acompañar la jornada judicial, en medio de la expectativa por el avance de la causa que involucra a integrantes de la entidad que recauda, administra y liquida regalías por el uso comercial de obras musicales, literarias y artísticas de sus socios.
La causa investiga un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones, relacionado con la presunta adquisición irregular de canastas navideñas en el marco del programa Jopói 2025, destinado a los asociados de APA.
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