La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.

Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.

Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.

En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.

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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.

La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.

Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.

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Serán los camaristas Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres quienes deberán entender en el presente proceso penal.

Tras ocho meses, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso la remisión inme­diata del expediente judicial del senador Rafael Filizzola –investigado por lesión de con­fianza debido a la sobrefac­turación en la remodelación de comisarías– a la secretaría del Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, con el objetivo de que el caso sea reasignado a los miembros naturales de dicha instancia.

Ahora serán los camaristas Jesús Riera, Paublino Esco­bar y Camilo Torres quienes deberán entender en el pre­sente proceso penal, donde se tendrá que definir si se revoca la prescripción otorgada en un Juzgado Penal de Garantías.

Luego de estudiar el caso, los ministros Carolina Lla­nes, Manuel Ramírez Can­dia y Víctor Ríos concluyeron que no existía una “contienda de competencia” real, dado que ninguno de los magistra­dos involucrados se declaró formalmente incompetente para entender en el presente proceso. Ante esta situación, los altos magistrados consi­deraron necesario reencau­zar el proceso y ordenaron su devolución a la instancia correspondiente para la rea­signación de sus integrantes naturales.

En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Jus­ticia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca conti­nuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podido resolver la apelación de la Fiscalía.

La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comi­sarías de Asunción, sin nin­gún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Empren­dimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron ter­minadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.

Por otra parte, la jueza Penal de Garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Fran­cisco Cabrera y ordenó el sobre­seimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.

El farandulero ya fue condenado meses atrás por estafar al empresario Óscar Amarilla.

Una nueva sentencia para el farandulero Carlos Miguel Viveros Cabral por ten­tativa de estafa fue resuelta por el tribunal de sen­tencia integrado por los jueces Mario García, Celia Salinas y Olga Ruiz, con una condena a dos años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público que enfrentó Viveros.

El hombre de la farándula recibe así su segunda con­dena debido a que, meses atrás, un tribunal de apela­ción ratificó otra sentencia de dos años de cárcel más el pago de G. 330 millones al empre­sario Óscar Amarilla, quien fue la víctima de la estafa.

En este nuevo fallo de pri­mera instancia, el colegiado encontró culpable a Vive­ros Cabral por tentativa de estafa, atendiendo a la con­ducta del acusado en una ope­ración de venta de un lujoso vehículo a un comprador de buena fe.

Por su parte, el fiscal Mar­celo García de Zúñiga señaló a La Nación que “la acusación del Ministerio Público sos­tuvo que el acusado come­tió el delito de estafa porque Viveros vendió un vehículo firmando un contrato de compraventa con la víctima, donde el comprador pagó una parte al contado y la otra debía ser en cuotas vía pagarés.

Estos pagarés fueron abona­dos íntegramente por la per­sona que adquirió el vehículo, pero el acusado los vendió a una empresa a pesar de que ya se había pagado todo por ellos”. Igualmente, el fiscal mencionó que “el acusado cobró la totalidad del dinero por el vehículo y, al vender los pagarés a una empresa de cobranza, volvió a perci­bir la cifra de G. 60 millones”.

García de Zúñiga explicó que, “a raíz de la venta de los paga­rés, el comprador del lujoso vehículo recibió demandas en el fuero civil y comercial”.

PRIMERA CONDENA

Días atrás, el Tribunal de Apelación, integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, confirmó la condena de dos años de cárcel contra Carlos Viveros por haber estafado a Óscar Amarilla, propieta­rio de la firma OMAM SA, en la venta de un vehículo Ford Mustang negro, año 2015.

Con esta resolución se rati­fica la determinación adop­tada por un tribunal de sen­tencia que, en octubre de 2025, halló culpable a Vive­ros por el delito de estafa.

En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por pre­sunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gober­nador y hermano del hoy cali­ficado “Mago del sur”, dipu­tado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.

Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, cono­cido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estu­dio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contralo­ría General de la República (CGR), “a pedido de intere­ses políticos”, los documen­tos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.

El parlamentario había men­cionado el estudio de corres­pondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inver­siones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denomi­nada Mega Servicios de Inge­niería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.

Según la escritura de cons­titución en su página 5, Car­los Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una note­book, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millo­nes. Esta empresa no figura en la declaración jurada pre­sentada por Pereira Rieve al asumir como concejal depar­tamental, pero lo más llama­tivo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integra­ron G. 4.150 millones.

Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendi­dos en la materia, es la hormi­gonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la admi­nistración de su aliado polí­tico, Luis Yd en condiciones muy dudosas.

El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remi­tido por la Contraloría Gene­ral de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irre­gularidad”, había remarcado.

Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su her­mano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secre­taria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.

El dato no menor y que no con­dice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriqueci­miento y otros”, que se man­tiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.

El pedido del examen de correspondencia lo había rea­lizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que con­denaran a un agente antidro­gas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gober­nador de Itapúa.

Además del presunto enri­quecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posible­mente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.

El proceso continuó y llegó a la condena del agente anti­drogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigacio­nes que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.

Ante el silencio de las ins­tituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fis­cal por presunto enrique­cimiento ilícito y respon­dió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes mane­jan mejor la info”.