Un estudio elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom posicionó por segundo año consecutivo a Paraguay como el país con el mejor sistema tributario de América Latina. En el Índice Integral de Impuestos de 2024 nuestro país tuvo 68.11 puntos y un crecimiento del 5,47 % respecto al 2021.

Ante esto, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, explicó los puntos claves que mantienen al país liderando este índice, que fueron destacados por el Adam Smith Center: las tasas de impuestos bajas, la seguridad jurídica y las reglas que se mantienen claras para todos los jugadores que componen el sector privado.

“El informe de este prestigioso instituto menciona tres aspectos fundamentales: tasas bajas en los impuestos claves como el IRP (impuesto a la renta personal), una renta territorial (solo se grava lo generado en el país), y un IVA (impuesto al valor agregado) neutral y eficiente”, precisó Orué.

También mencionó que es clave la estabilidad y la previsibilidad en cuanto a las tasas impositivas. Resaltó que hay seguridad jurídica, especialmente para los inversionistas extranjeros que están viniendo a instalarse en Paraguay y obtener residencia fiscal.

Eso garantiza que haya una tasa baja en el impuesto a la renta y también en el impuesto al consumo, según el titular de la DNIT. “Siempre estamos buscando que se aprovechen los regímenes simplificados dentro del IVA, así como los regímenes especiales para la inversión extranjera: la Ley n.º 60/90, la Ley de Maquila y la Ley de Zonas Francas. Estas normativas benefician directamente a quienes apuestan por Paraguay”, acotó.

Tras las manifestaciones realizadas por vecinos de la zona del Bañado Sur de Asunción a favor de la permanencia del oficial José Jiménez en la comisaría 24, el efectivo policial, quien se hizo conocido por grabar y posteriormente publicar sus procedimientos con el objetivo de transparentar el proceso, aprovechó este pedido para remarcar la necesidad de cooperación interinstitucional para hacer frente a las dificultades de la zona.

En conversación con La Nación/Nación Media, el oficial José Jiménez explicó que solicitó su traslado a otra dependencia no vinculada con el Sector 1 del Ministerio Público, ya que, desde hace tiempo, desde la dependencia en la que se encuentra y en el rol que cumple, ha solicitado entablar una mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público para facilitar los trabajos, pero esto no se ha concretado.

“En varias ocasiones tratamos de armar mesas de diálogo u organizar servicios con los fiscales, pero nunca obtuvimos respuesta. Queremos reunirnos con ellos para explicarles la situación del bañado y los procedimientos que realizamos, ya que muchas veces nos cuestionan o por la liberación de los detenidos”, indicó el oficial Jiménez.

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El mismo reconoció que existen ocasiones en que los recursos públicos son limitados y que es entendible que los agentes fiscales no puedan acompañar todos los procedimientos, pero que al menos desde el cuerpo policial necesitan contar con el respaldo y la respuesta efectiva por parte del mencionado ente y sus representantes.

“El apoyo de la gente se da hacia nosotros porque transparentamos todas nuestras funciones y procedimientos dentro de la comisaría y damos respuesta a las necesidades de la gente, y muchas veces el cuestionamiento de ellos es que se le agarra al delincuente y se le suelta otra vez y no hacen caso a sus pedidos; por eso nosotros nos reunimos con las comisiones vecinales y les explicamos y mostramos los documentos”, manifestó el oficial José Jiménez.

El mismo remarcó que el ideal de los efectivos que prestan servicio en esta zona es contar no solo con el acompañamiento del Ministerio Público, sino también poder formar una mesa de trabajo con ellos y otros entes como el Ministerio de Salud y los equipos de prevención del consumo y distribución de drogas, ya que la situación que atraviesan los pobladores es bastante compleja.

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Vecinos de la zona cierran el paso vehicular en el tramo que une Remanso con Falcón, reclamando la instalación de una rotonda para evitar que el barrio San Ramón quede dividido por la ampliación de la ruta. Consideran peligroso no prever un espacio donde se pueda cruzar hacia el otro lado de la calzada.

Según los manifestantes, en ese sitio se prevé instalar un paseo central o un cordón de hormigón, lo que va a impedir que la gente pueda desplazarse con facilidad de un punto a otro de la ruta. Por ello, reclaman que se establezca una rotonda en ese sector, porque de lo contrario deben hacer un recorrido muy extenso para concretar el cruce.

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Dijeron que si se cierra ese paso, tendrán que avanzar hacia la zona de Falcón o Villa Hayes para acceder a servicios básicos que quedarían al otro lado de la ruta. “Es la segunda vez que nos movilizamos porque no encontramos otra alternativa para que se nos pueda dejar libre el paso. Por esa situación recurrimos a las autoridades para que nos hagan caso”, señaló Alejandro Andino, vocero de la comisión vecinal, a Unicanal.

Mencionó que manejan información que habría un acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la firma constructora sobre una probable modificación del proyecto, aunque no se oficializó aún nada. “Hoy van a avisar y si no nos hacen caso, pues tenemos que manifestarnos únicamente”, remarcó.

Otra manifestante identificada como Graciela Villanueva expresó que todo el barrio está movilizado por “una justa causa”. “Somos pobladores antiguos de hace 30 años, sin embargo, en este momento estamos siendo perjudicados tremendamente porque esta empresa o el MOPC o quien sea están haciendo el trabajo selectivamente. Nos sentimos discriminados, nos imponen. Terminó la dictadura y no puede ser que nos dividan en dos el barrio”, se quejó.

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Uno de los puntos más llamativos de la realidad paraguaya es la altísima cantidad de trabajadores que están en la informalidad. Es decir, personas para las que no rigen las normas establecidas en las leyes y que, por consiguiente, están en total precariedad legal, sin protección de ninguna laya.

Esto hace que la mayoría de la gente que trabaja en el Paraguay no tenga seguro social, estabilidad laboral ni respaldo jurídico. Sin ley vigente en el trabajo, la realidad depende de factores que pueden perjudicar al trabajador y comprometen su seguridad y su vida.

Por su importancia en la existencia de las personas, la formalización económica es uno de los desafíos más importantes que está enfrentando el Gobierno. Ya que es totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista el atropello al derecho de las personas y los abusos a que pueden dar lugar.

De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67 % de las personas ocupadas en el Paraguay está en la informalidad, es decir, está fuera de las normas que protegen al trabajador. Datos oficiales del Gobierno hablan de que la informalidad es del 63 %, una cifra levemente inferior a la de la OIT, pero igualmente un porcentaje muy elevado y que habla con elocuencia de la mala situación de las mujeres y hombres de nuestro país que trabajan.

Porque significa que tres de cada cuatro personas que laboran no tienen seguro social ni protección legal de ninguna laya, por lo que de hecho están a merced del capricho, la opinión y el manejo de sus patrones al margen de cualquier disposición jurídica.

Según el mencionado organismo internacional, Paraguay está en el tercer lugar entre las naciones con mayor tasa de empleo informal en esta región latinoamericana, y está superado por Perú y Ecuador que tienen números más altos. La mayor tasa de informalidad en nuestro país se encuentra en el comercio, la agricultura y los servicios.

Desde el Ministerio de Trabajo revelaron que a inicios del 2024 había 704.000 trabajadores formales del sector privado inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), cifra que aumentó al cerrar el año a 757.852 personas, un alza de 53.852 nuevos empleados legales. El aumento registrado es superior al que a principios de año se había puesto como meta el gobierno, un 4,5 %, ya que llegó al 6 %.

La otra cara de la moneda es que también creció el número de individuos en situación informal, ya que se registró un aumento de 87.408 personas entre julio y setiembre de 2024, con un incremento del 27,7 % en el sector de la enseñanza del 8,7 % en el área comercial.

El elevado número de trabajadores informales es un fiel reflejo del alto porcentaje de empresas irregulares que existe en el país, lo que se manifiesta también en la fuerte evasión fiscal, otro capítulo de la lucha que están teniendo los organismos estatales para lograr una mayor formalización en todos los campos.

En los casi dos años de trabajo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se han obtenido fuertes alzas en las recaudaciones impositivas, en gran medida por el incremento de las empresas formalizadas.

En 2024, el aumento de las recaudaciones tributarias alcanzó el 20,6 % frente al año anterior, un crecimiento récord, que refleja, entre otras cosas, la alta formalización de empresas alcanzada. Teniendo en cuenta la importancia de que las entidades comerciales e industriales vayan ingresando a la formalidad con el cumplimiento de las leyes, se aguarda que este año se incremente fuertemente el número de trabajadores que salen del mundo de la economía negra y la informalidad.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, refirió que desde el Gobierno se está trabajando un mercado laboral diversificado y sostenible para promover la inserción de los trabajadores en los empleos formales. “Para lograrlo, hemos implementado medidas clave como la simplificación de trámites, la reducción de costos, la modernización administrativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en inspección y fiscalización”, manifestó la secretaria de Estado para explicar la tarea que realiza para que haya más trabajadores en la legalidad.

La formalidad laboral es una tarea que involucra muy fuertemente al sector patronal, por lo que las empresas tendrían que incrementar su esfuerzo en ese sentido.