La fiscal Natalia Fúster solicitó un año más de plazo para seguir recolectando más elementos de prueba contra la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tania Irún, quien soporta un proceso penal por prevaricato por haber entregado 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas de seguridad fronteriza a empresas extranjeras.
El requerimiento provisional del Ministerio Público revela que aún faltan recibir algunos informes del extranjero y es por ello que se pide más tiempo al juez del presente caso, Yoan Paúl López, para poder presentar el requerimiento conclusivo definitivo.
Ahora el citado magistrado deberá convocar a una audiencia preliminar donde se definirá si la exjueza es beneficiada con el pedido del Ministerio Público. En caso de ser así, la fiscal Fúster tendrá un año más de tiempo para poder recolectar más elementos de prueba que puedan hacer sostener una acusación o no.
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Imputación
De acuerdo al acta de imputación, la entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, otorgándoles 310.000 hectáreas a favor de dichas firmas, cuyos accionistas no se sabe quiénes son.
Por su parte, la querella adhesiva presentó su acusación y solicitó que el presente caso se eleve a un juicio oral y público donde se pueda debatir los elementos de prueba que están agregados en la carpeta fiscal.
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Jubilados piden postergación del proyecto de emergencia sanitaria del IPS
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) solicita la postergación del proyecto que declara emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), por colisionar con el artículo 95 de la Constitución Nacional y arriesgar las reservas de los fondos jubilatorios.
El mencionado artículo de la Carga Magna consagra el derecho y la obligatoriedad de la Seguridad Social.
En un comunicado entregado hoy a la opinión pública, la UNJP señala que toda situación de emergencia implica la toma de decisiones inmediatas para corregir lo antes posible un determinado imprevisto.
“Pero plantear un “Estado de Emergencia Sanitaria” con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos” refiere el documento
Agrega que solucionar esos problemas estructurales no pueden ser objeto de una ley hecha a las apuradas, sino objeto de una reforma sistémica total del IPS, debatida con franqueza y sin hipocresía.
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El proyecto declara emergencia hasta el 15 de agosto de 2028, y según la UNJP permite que un problema de déficit presupuestario y financiero del programa de salud se agrave y se generalice por una razón elemental: no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por mucho tiempo a los mismos causantes de ese déficit.
En efecto, el vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, explica que que las acciones resultantes de esta emergencia del IPS” deben ser de corto plazo – como máximo hasta diciembre del 2026, y deben centrarse en solucionar el déficit del programa de salud.
Inicialmente, el proyecto había comenzado a estudiarse con la incorporación de cuatro artículos y al final aumentó a cerca de 20 artículos, afectando a aspectos estructurales y que podría poner en riesgos los fondos jubilatorios, mencionó.
“Pero el Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados a las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones)”, señala el escrito.
El proyecto de ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos.
El gremio realiza esta advertencia en base al análisis técnico puntual de las disposiciones que atañen al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17°, 18° y 19° del Proyecto de Ley).
Refiere que el gremio de jubilados pone a disposición del Congreso el análisis realizado por la agremiación. Igualmente, de las autoridades del IPS, de la Superintendencia de Jubilaciones, de las organizaciones de asegurados, de los sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay, a fin de deslindar las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podrían causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS.
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Caso Hugo Javier: la investigación fiscal preliminar apunta a una caída accidental
El Ministerio Público, a partir de investigaciones preliminares, sostiene la hipótesis de que Hugo Javier González habría sufrido una caída accidental, la noche del domingo 6 de setiembre, en el sanitario de su celda de reclusión en la Penitenciaría Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción. El exgobernador de Central resultó con un trauma craneoencefálico y fue internado el lunes en el Hospital Nacional de Itauguá.
El órgano extrapoder manejaría dicha hipótesis de acuerdo a las diligencias realizadas con la recopilación de informes, testimonios, vídeos y fotografías. Entre los elementos considerados por los investigadores se encuentra el desnivel existente en el sanitario, poca iluminación en el sitio, así como la ausencia de heridas defensivas, circunstancias que, de manera preliminar, serían compatibles con la hipótesis de una caída accidental.
No obstante, la Fiscalía no descarta otras hipótesis que puedan surgir durante el avance de las indagaciones. Las diligencias siguen con el fin de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al hecho.
A la vez aclara que las conclusiones definitivas dependerán de la valoración integral de los elementos reunidos en la investigación. Gonzaléz actualmente se encuentra en coma inducido en el Hospital Nacional de Itauguá tras ser intervenido quirúrgicamente ayer lunes para la colocación de un catéter dentro del cerebro a través de un orificio en la cavidad craneal.
El catéter permanecerá al menos 48 horas con la finalidad de medir la presión intracraneal. En caso de detectar un aumento de la presión, se dispondrá una cirugía mayor.
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“No vamos a apañar a nadie”: el ministro de Justicia promete investigar el caso de Hugo Javier
Luego de que Hugo Javier González fuera trasladado de urgencia este lunes al Hospital Nacional de Itauguá (HNI), el Ministerio de Justicia informó que dieron participación al Ministerio Público y que no apañarán eventuales irregularidades en el caso.
En principio, ingresó por un presunto accidente cerebrovascular (ACV) y luego se confirmó un traumatismo craneoencefálico, además, de múltiples hematomas y lesiones en varias partes del cuerpo.
El ministro de Justicia Rodrigo Nicora indicó que aún no recibieron un informe detallado sobre la condición de salud de Hugo Javier y que esperan el reporte médico del HNI, ya que hasta el momento solo se manejaba que sufrió un ACV, según el informe del Hospital de Barrio Obrero.
“Se dio aviso e intervención al Ministerio Público, que es muy importante para investigar y tener todos los hechos dilucidados. Aquí no vamos a apañar a nadie si es que hay hechos irregulares y ponemos a disposición todos los elementos necesarios para saber la verdad”, expresó Nicora, en entrevista con la 780 AM.
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Compartía celda con un interno
Afirmó que el hecho se registró cerca de las 23:00 de ayer domingo en el pabellón D en el baño de la celda 2. Tras detectarse sobre su situación, fue llevado hasta la sanidad, donde el médico indicó que debía ser derivado a un centro asistencial y que media hora después ya se encontraba en el hospital de Barrio Obrero.
“Hugo Javier solamente estaba compartiendo prisión con una persona, porque la otra estaba con medidas transitorias. Una vez que la persona privada de libertad, de nombre Juan Antonio Arguello, da aviso, el personal interviniente toma la acción y la posta para que sea atendido”, resaltó.
Aclaró que hay una dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción que, en paralelo al trabajo del Ministerio Público, realizará una serie de preguntas lógicas a los intervinientes y a los que acompañaron a la víctima en ese momento. “Se tienen las imágenes con Hugo Javier que ingresa a su celda, con solamente esa persona que dio la alerta y después cuando ya es retirado del lugar”, puntualizó.
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Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
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Asociación de Fiscales
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.