El juez penal Juan Carlos Zárate resolvió absolver de culpa y pena a la directora del medio Abc Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano, acusados por difamación y calumnia luego de que se publicara un artículo sobre un litigio de inmueble donde una de las involucradas es Marta González Ayala, exministra de Tributación, quien finalmente presentó la demanda contra ambos. Este es uno de los dos juicios que González Ayala impulsa en contra de las personas ya mencionadas.
Ante el fallo del juez, el representante de la demandante, el abogado Ricardo Preda, en comunicación con La Nación/Nación Media, calificó el fallo del juez como sorprendente, ya que entre las cuestiones que el mismo alegó se encuentra la falta del adjunto del diccionario donde debían explicarse las palabras utilizadas por el medio de comunicación.
“Porque no le explicamos el significado de las palabras que empleó Abc para difamar a mis defendidos, el juez dijo que eso no se pudo establecer en la difamación y calumnia porque nosotros no adjuntamos el diccionario, es obvio que la argumentación sobre el significado de una palabra no requiere que uno presente como prueba el diccionario, sino simplemente el juez debería conocer el significado de las palabras del idioma oficial de nuestro país”, remarcó Preda.
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El abogado explicó que el medio Abc Color presentó una disputa judicial como una conducta irregular de parte de la señora Marta González Ayala, hablando del mismo como un vil despojo. “Si yo estoy litigando judicialmente, eso nunca puede ser catalogado como un vil despojo porque se trata finalmente de un litigio donde un juez es el que va a resolver el caso”, remarcó.
Preda sostiene que el juez Juan Carlos Zárate, muy lejos de resolver si se dio o no los actos de difamación y calumnia, lo que hizo fue dar la razón a la disputa civil que mantuvo su defendida, cuando en realidad esa es una cuestión que se debía discutir en otro fuero y no era el punto planteado en esta ocasión.
“Sin duda vamos a apelar la decisión porque así como la explicó es una resolución sin sentido”, adelantó el abogado Ricardo Preda, asegurando que duda mucho que en la versión escrita el juez exponga algo diferente a lo que anunció en esta jornada.
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Metrobús: “No creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens”, afirma Preda
El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.
Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.
“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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Sobreseimiento definitivo
Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.
“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.
Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".
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Examen patrimonial de Peña no arroja indicios de hechos punibles, afirma abogado
El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente de la República, Santiago Peña, puntualizó que no existen indicios de hechos punibles en la declaración jurada del mandatario, después que la Contraloría General de la República (CGR) descartara irregularidades al presentar ayer lunes el resultado de un examen de correspondencia patrimonial que el propio jefe de Estado solicitó en el año 2025, pese a no estar obligado por ley en esta instancia del cargo.
“Este examen de correspondencia no tiene en sí mismo ningún indicio de la comisión de hecho punible porque justamente la conclusión propiamente dice que hay correspondencia en el patrimonio del presidente y no hay absolutamente ninguna noticia criminis”, afirmó el abogado, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que “en el marco de esa denuncia presentada por esos legisladores, el Ministerio Público había remitido un oficio a la Contraloría solicitando que se pronuncie acerca del patrimonio del presidente, independientemente a ese pedido de la fiscalía, ya en su momento el presidente habría presentado una nota a la contraloría haciendo una declaración jurada, creo que fue en setiembre del año pasado, sin estar obligado a ello”.
La obligación de presentar la declaración jurada está establecida al inicio de la función pública y al culminar el mandato. “En este caso, para demostrar que no tiene absolutamente nada que ocultar hace esta presentación en setiembre del año pasado y solicita a la Contraloría ese examen de correspondencia. Este estudio es resultado de ese pedido y coincide también con el pedido del Ministerio Público en función a esa denuncia”, aclaró Preda.
Refirió que se aguardará qué decisión tomará la fiscalía respecto al informe remitido por la Contraloría. “Esto se remite a la fiscalía, la fiscalía me imagino que va a dar recepción a esto y eso ya dependerá de la persona que tenga a su cargo el caso para ver el análisis que seguramente va a aplicar a este documento”, apuntó.
Ajustes en el proceso
Por otra parte, aclaró que los ajustes realizados en las documentaciones corresponden y no se trata de un blanqueo en el patrimonio del presidente como pretenden instalar algunos sectores políticos y medios de comunicación aliados.
“El proceso de estudio de correspondencia es un proceso dinámico donde el órgano contralor le puede solicitar información, no solamente a entidades del sector privado, sino también a entidades del sector público y también al propio controlado, el funcionario cuya declaración está siendo analizada y en ese marco la información que se recibe es procesada por la Contraloría”, refirió el abogado.
Casa de San Bernardino
Con relación del inmueble ubicado en la ciudad de San Bernardino, en Cordillera, el abogado detalló que pese a que no se encuentre en los registros públicos a nombre de Peña, se incluyó en la declaración ya que cuenta con un contrato privado de compra.
“Lo que se verifica en un examen de correspondencia es lo que está dentro del patrimonio del funcionario. Que declare un inmueble que no está a mi nombre porque aún está en ese proceso de inscripción porque yo lo compré por un contrato privado, en realidad es positivo porque habla de la transparencia del funcionario que declara todo aquello que está en su patrimonio, y algo que yo compro por contrato privado forma parte de tu patrimonio”, sentenció.
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Abc Color, expuesto: DNCP desmonta la campaña sucia contra Domínguez
Contrataciones Públicas excluyó al empresario Alejandro Domínguez Pérez de toda participación en el contrato de compra de combustible catarí.
El intento de Abc Color de volver a instalar sospechas sobre Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de Conmebol Alejandro Domínguez, terminó chocando contra el propio contenido de la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que excluyó a este último de cualquier participación en el fallido contrato entre Petropar y la firma catarí Doha Holding Group.
Pese a ello, el medio volvió a colocar a Domínguez Pérez (y de paso salpicar a su padre) en el centro de la escena mediante una nota con fuerte carga visual y un enfoque orientado a insinuar vínculos inexistentes, en lo que ya aparece como parte de una campaña sistemática de desgaste mediático.
Hay que recordar que el diario del Grupo Zuccolillo mantiene una enconada campaña contra el titular de la Conmebol porque este había realizado una denuncia penal contra el banco Atlas por la apertura irregular de contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz, expresidente de la matriz del fútbol sudamericano.
La contradicción es evidente. Mientras el titular de Abc Color busca instalar sospechas, el propio artículo reconoce que la DNCP concluyó que Alejandro Domínguez Pérez “no tuvo participación en el proceso” y que ni siquiera figura dentro del sumario administrativo abierto tras la rescisión del contrato.
El director de la DNCP, Agustín Encina, citado en la publicación, fue claro al señalar que, tras verificar los registros y documentos del procedimiento, no se encontraron elementos que involucren al presidente de la Conmebol en la operación investigada.
Incluso el propio texto admite que Petropar remitió toda la documentación requerida y que la participación bajo análisis se limita exclusivamente a la firma Doha Holding Group y a sus representantes legales y administrativos.
Sin embargo, lejos de destacar ese dato central, Abc optó nuevamente por utilizar la imagen de los Domínguez (padre e hijo) como eje principal de la nota, reforzando una narrativa basada más en el impacto político y visual que en el contenido real de la resolución oficial.
La maniobra vuelve a exponer un patrón repetido: construir titulares sugestivos, instalar asociaciones indirectas y luego esconder dentro del cuerpo de la nota los elementos que desmontan el relato inicial. El caso resulta todavía más llamativo porque la propia resolución de la DNCP establece de manera concreta quiénes son los sumariados y cuáles son las responsabilidades investigadas, sin incluir a Domínguez en ninguna parte del procedimiento administrativo.
Aun así, Abc insiste en mantenerlo dentro del encuadre mediático, alimentando una operación de desgaste que sectores críticos califican como una campaña sucia orientada a salpicar nombres, aun cuando las instituciones oficiales terminan descartando cualquier responsabilidad.
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El doble discurso de ABC: de aplaudir el éxito de Asu 2025 a la opereta contra Pérez
La contienda electoral en carpas del Partido Colorado por la intendencia de la ciudad de Asunción terminó destapando la incoherencia periodística de ABC Color, encabezado por su directora Natalia Zuccolillo. A menos de un mes de las elecciones internas partidarias, el medio de comunicación, mediante sus páginas, impulsa una fuerte opereta contra el precandidato a jefe comunal Camilo Pérez, con la finalidad de opacar su creciente posicionamiento con el electorado capitalino.
La arremetida mediática contra el empresario y dirigente deportivo se centra en su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), apuntando a posicionar al precandidato de la disidencia colorada Arnaldo Samaniego, cuya figura según las encuestas inspira desconfianza a raíz de sus antecedentes políticos y sus vínculos con cuestionados dirigentes.
El respaldo de ABC Color a Samaniego no es un hecho aislado, teniendo en cuenta que el senador del movimiento Causa Republicana goza de la bendición del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, cuyo gobierno premió al grupo Zuccolillo con millonarias licitaciones.
La opereta de ABC Color apunta a instalar un supuesto despilfarro y casos de nepotismo dentro del COP, bajo titulares como “Camilo Pérez repartió millones a leales nepolímpicos”, tratando de ensuciar y desprestigiar el arduo trabajo realizado por el empresario y su equipo técnico, quienes contribuyeron que Paraguay, en el 2025, haya obtenido un impacto económico de USD 431, 3 millones mediante los Juegos Panamericanos Junior Asunción.
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En sus páginas, el medio de comunicación refiere a que la Secretaría Nacional de Deportes 8SND) transfirió hasta junio del pasado año USD 20 millones y que el 50 % de esos fondos fue para financiar “la maquinaria administrativa”, pero no expone que el exitoso evento deportivo internacional terminó superando ampliamente lo invertido.
La grave incoherencia periodística de ABC Color queda al desnudo con una larga lista de sus titulares, en donde destacaron la realización así como el buen desarrollo del evento deportivo en Paraguay.
Entre ellas, figuran por ejemplo los titulares: “Paraguay, protagonista clave en el escenario deportivo internacional con foco al 2031″, “El impacto de Asu 2025: Números que dejó la fiesta de los Juegos Panamericanos Junior”, “Asu 2025: Fiesta Multideportiva”.
La extensa lista de destaque a la realización del evento deportivo, y por ende hacia la gestión impulsada por Pérez desde el COP, también dejó como titulares en las páginas de ABC Color tales como: “Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: novena jornada cierra con tres medallas de bronce para el Team Paraguay”, “Asu 2025: Fiesta inaugural de los Juegos Panamericanos Junior en Sajonia ¿Dónde ver?“.
Continúan con los titulares: “Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 reúne a 41 naciones”, “¡Asunción es elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031!" y “Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: novena jornada cierra con tres medallas de bronce para el Team Paraguay”.
Sin embargo, pese a toda la campaña de desprestigio que termina exponiendo el doble discurso periodístico de ABC Color, el intendentable del oficialismo colorado sigue liderando todos los sondeos dejando atrás a Samaniego, quien pese al apoyo que le otorga dicho medio, no logra encender los motores de su “tractor amarillo” con miras a las internas.
La preferencia del electorado sobre la figura de Pérez termina evidenciando que los asuncenos han optado por blindarse de la incoherencia periodística de ABC Color, priorizando los resultados tangibles y el posicionamiento internacional a favor del Paraguay, logrado por Pérez mediante su presidencia al frente del Comité Olímpico Paraguayo.
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