Se suspendió la audiencia preliminar para el expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) José Antonio Ortiz; Carmen Alonso, representante de la Diben, y otros acusados por lesión de confianza sobre la adjudicación de explotación de juegos de azar en forma irregular. Igualmente, se suspendió la diligencia judicial para Sergio Coscia, exprocurador general de la República, quien cuenta con sobreseimiento provisional.
La audiencia se debió realizar ante el juez penal de Garantías Humberto Otazú, pero fue suspendida debido a que se tienen varios recursos pendientes de resolución por lo que el citado magistrado no pudo llevar a cabo la diligencia judicial en la que se debía definir si los acusados van o no a un juicio oral y público.
La fiscal María Estefanía González presentó acusación contra Ortiz y otras personas por lesión de confianza y declaración falsa, sobre la presunta adjudicación irregular para la explotación de juegos de azar. La representante del Ministerio Público solicitó al juzgado que el presente caso se eleve a un juicio oral debido a que cuenta con suficientes elementos para llegar a una condena.
Ahora será un tribunal de apelación el que una vez más deberá destrabar el presente proceso penal, y una vez que se resuelvan los incidentes en la Cámara de Apelación, el expediente deberá bajar nuevamente al juzgado a cargo de Otazú, que tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.
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El senador Rafael Filizzola sigue eludiendo audiencia preliminar por lesión de confianza
Se suspendió una vez más la audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en el caso de licitación de comisarías en el que se estima que existió un perjuicio de G. 1.200 millones a la referida institución. La diligencia se tenía que realizar ante el juez Yoan Paúl López, quien tiene que definir si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal.
La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa del parlamentario pidió la suspensión atendiendo a que el abogado Guillermo Duarte -defensor de Filizzola- tenía fijado otro juicio oral y público con anterioridad .
Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
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Juez definirá si acusados por homicidio de conductor de plataforma van a juicio oral
Este martes, a las 7:30, se deberá realizar la audiencia preliminar de dos acusados por el homicidio del conductor de plataforma, Derlis Aranda, ocurrido el pasado 4 de febrero de 2024, en Villa Hayes, donde la víctima recibió dos heridas de arma blanca en el estómago y un disparo en la cabeza ya estando en el suelo tras caer desplomado.
La audiencia se llevará a cabo ante el juez penal de Garantías de Villa Hayes, Víctor Hugo Ronzewski, quien deberá resolver si eleva el caso a juicio oral y público. Los acusados en el presente caso son Justo Germán Benítez Méndez y Maximiliano González Fernández, ambos con antecedes.
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Por su parte la familia del conductor de plataforma va a ir hasta el juzgado de Villa Hayes a pedir que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público y a su vez a exigir Justicia por el grave suceso registrado en febrero del 2024.
En caso de que el presente caso se eleve a un juicio oral y público se tendrá que sortear quiénes serán los jueces de sentencia que deberán luego fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral y pública.
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Familiares de Lalo Gomes piden al Congreso supervisar el proceso judicial
Familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes solicitaron al presidente del Congreso Basilio Núñez, apoyo para que el Poder Legislativo supervise el proceso judicial a fin de que todo se haga con extrema legalidad.
El presidente del senado Basilio Núñez recibió en audiencia al abogado Oscar Tuma, acompañado de los familiares del extinto diputado Lalo Gomes. Al término de la reunión, la hija Larissa Gomes, la viuda Johana viuda de Gomes y el abogado de la familia, Oscar Tuma explicaron los motivos de su visita.
Al respecto, el abogado defensor de la familia, Oscar Tuma mencionó que tuvieron la oportunidad de explicar al titular del Congreso, la situación procesal que están atravesando los familiares.
“Le pedimos para que el Congreso supervise el proceso, para que todo se haga con extrema legalidad. Queremos actuar con total transparencia y estamos a disposición de aclarar todos los puntos. Estamos agradecidos con el presidente Núñez por brindarnos esa oportunidad de explicarle de nuestro lado y de demostrarle que todo lo que adquirió el diputado lo hizo de menara legal”, explicó.
A su turno, la hija del diputado, Larissa Gómez indicó que han solicitado ayuda al titular del Congreso, porque quieren llegar a la verdad sobre las causas que llevaron a la muerte del diputado. Asimismo, agradeció la acogida que recibieron de parte del titular de la Cámara Alta.
“Tengo la esperanza de que nos va a ayudar y orientar en este caso. También recibimos de la bancada de Honor Colorado, mucha fuerza y apoyo. Queremos que se haga justicia y que no pase desapercibido el tema, recuperar los bienes de nuestra familia que adquirió décadas atrás y que el caso no quede impune”, expresó.
Respetarán la decisión política
En otro momento, el diputado Tuma, señaló que la familia ha cumplido con su parte al presentar al Congreso el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado Emiliano Rolón. No obstante, señaló que la familia es muy consciente que finalmente la decisión de los legisladores es política, independientemente a la postura que asuman y respetarán esa decisión.
Indicó que lo que molestó a la familia, es que, a pesar de las pruebas, a su criterio no se realizó una investigación a fondo e incluso el Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa contra los policías que realizaron el allanamiento a la vivienda del diputado.
“El pedido del juicio político es por esa inacción por parte del Ministerio Público en el proceso de investigación. Nosotros hicimos nuestra parte, nosotros respetamos. Sabemos que la decisión que se toma acá es política, y los familiares también saben eso. Nosotros cumplimos, y la decisión que tomen será política, nosotros no nos vamos a molestar si toman una decisión de un lado o del otro”, acotó.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.