La Cámara de Apelación conformada por los jueces Andrea Vera, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias otorgaron seis meses más de plazo al Ministerio Público para que siga investigando a los procesados por narcotráfico en el operativo conocido como A Ultranza Py. La nueva fecha para que el Ministerio Público pueda formular su acusación es el 23 de febrero del 2023.

En el presente caso están procesados penalmente por delitos relacionados al narcotráfico Luis Fabiola Taboada, Alberto Koube Ayala, Fátima Irene Koube, María Noelia Colmán, Ramón Insfrán, el exdiputado Juan Carlos Ozorio Godoy, Tadeo Moisés González, Alexis Vidal González Zarate, Irma Vergara y Diego José Cubas Jordan y Reina Mercedes Duarte Aguilera.

El operativo desarrollado por los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico tiene como base una investigación abierta en el año 2019, que requirió de tiempo y desarrollo de técnicas especiales de investigación, realizadas conjuntamente con organismos de seguridad. Estas permitieron, por ejemplo, llegar a la acusación formal y solicitar el juicio oral y público de los miembros de la estructura criminal, entre ellos Sebastián Marset, cuya vinculación con la estructura criminal y su grado de participación se estableció con el curso de la investigación.

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El trabajo realizado por el Ministerio Público permitió la detención e imputación de quien sería el autor principal en las actividades de lavado de activos provenientes del narcotráfico e incluso de un diputado nacional. Así también, se pudo incautar numerosos bienes multimillonarios, entregados para su administración y preservación a la Senabico y que representan montos históricos en materia de investigación contra el narcotráfico.

La investigación permitió, hasta el momento, la imputación a más de 31 personas y altas autoridades, algunas ya con prisión preventiva y otras con orden de captura internacional. Además, se pudo establecer esquemas de supuesta corrupción en el interior de la Senad, que habría facilitado la huida de algunos integrantes importantes de la organización criminal, entre ellos, Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

De esta investigación derivan, a la fecha, más de 7 denuncias formuladas por la Unidad Especializada de Narcotráfico sobre otros hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios del Estado y que aún se encuentran en curso investigativo.

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