Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, está acusada por lesión de confianza por la compra de agua tónica durante la pandemia del COVID-19. Foto: Archivo.
Ratifican al juez Julián López para seguir con el proceso penal de la extitular de Petropar Patricia Samudio
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El juez penal de Garantías Julián López seguirá siendo el magistrado del proceso penal que soporta la expresidenta de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, procesados penalmente y con pedido de juicio oral por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del COVID-19. Así resolvió el Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Gustavo Santander, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos al rechazar la recusación formulada contra el magistrado López.
Ahora el citado juez penal de Garantías tendrá que fijar nuevamente una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Samudio y su esposo estarán sentados en el banquillo de los acusados como cualquier preso común.
La audiencia preliminar ya se suspendió en seis ocasiones desde febrero de este año a la fecha debido a la presentación de varias chicanas de parte de los acusados. Es más, existe un pedido del Ministerio Público de revocar las medidas de los dos procesados y que sean privados de libertad por la gran cantidad de chicanas que se presentaron a lo largo del presente proceso penal.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guantes de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 que sí ingresaron.
Decretan prisión del juez de Paz Franco Garelik, imputado por prevaricato
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La jueza penal de Garantías de Lambaré, Ana Esquivel, decretó la prisión preventiva en la Comisaría 13 de Itá Enramada, del juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco Garelik, imputado por prevaricato por el caso Steven Automotores. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado de la mencionada magistrada judicial.
La justicia benefició con medidas alternativas a la prisión a la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez, imputada por asociación criminal. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público debido a que sostiene que la procesada podría obstaculizar el proceso penal.
El magistrado suspendido en sus funciones Franco Garelik y Gaona Benítez, en carácter de juez y actuaria del Juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones, como órdenes de secuestro, violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales.
Las resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chaco’i, Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.
El juez Humberto Otazú comunicó el pedido de desafuero a la Cámara de Diputados de Esteban Samaniego, imputado por administración en provecho propio y asociación criminal. Foto: Archivo
Juez comunicó pedido de desafuero de Esteban Samaniego a Cámara de Diputados
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú comunicó a la Cámara de Diputados sobre el proceso penal iniciado al diputado Esteban Samaniego Álvarez, imputado por administración en provecho propio u asociación criminal. Ahora la Cámara de Diputados deberá estudiar el desafuero de Samaniego quien una vez que sea desaforado deberá presentarse ante la justicia.
Asimismo, el citado magistrado citó a la audiencia de imposición de medidas a partir del 20 de diciembre, a Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y los otros 21 imputados por administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.
Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
Del mismo modo se definirá si se ordena el bloqueo de cuentas y el embargo de los imputados en el presente caso.
Rafael Filizzola, exministro del Interior y actual senador, está acusado por lesión de confianza por ocasionar un perjuicio al Estado de G. 1.200 millones. Foto: Archivo
Senadores decidirán desafuero de Rafael Filizzola por perjuicio millonario
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El juez penal de garantías de la capital Yoan Paúl López remitió este miércoles un oficio al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, en el que comunica que el actual senador Rafael Filizzola soporta un proceso penal por lesión de confianza por el perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.
Ahora, los senadores deberán estudiar si corresponde hacer lugar al desafuero de Filizzola para que el mismo siga sometido a la justicia y enfrente la audiencia preliminar donde se tendrá que estudiar y resolver si el parlamentario estará sentado en el banquillo de los acusados.
Una vez que se lleve a cabo la audiencia preliminar y se eleve a juicio oral se tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral donde se determinará si Filizzola es responsable de los hechos acusados.
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010 el exministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
Pedirá su desafuero
El senador Rafael Filizzola, vía redes sociales, señaló que el Congreso recibió un oficio judicial en el que se solicita su desafuero. El parlamentario dijo: “Siempre sostuve que las inmunidades parlamentarias no deben ser obstáculo para el avance de procesos. En la próxima sesión solicitaré que se trate sobre tablas y sea aprobado en cumplimiento del artículo 191 de la Constitución Nacional”, señala Filizzola en su cuenta de X (ex twitter).
Un tribunal de apelación ratificó la competencia del juez Matías Garcete para que siga en el proceso penal del exgerente de Canal 9, Carlos Granada. Foto: Archivo
Confirman a juez Matías Garcete para seguir en el proceso contra Carlos Granada
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El juez penal de Garantías Matías Garcete seguirá siendo el magistrado que entenderá en el proceso penal que enfrenta el exgerente periodístico de Canal 9, Carlos Granada, acusado por coacción sexual, coacción y acoso sexual. Así resolvió un tribunal de apelación quien rechazó la recusación presentada por el procesado.
Ahora el magistrado deberá fijar nuevamente una fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si Granada estará sentado en el banquillo de los acusados.
Igualmente, en su momento la defensa de Granada había recusado a las agentes fiscales Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero, quienes investigaron el presente caso.
Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.
Resaltaron que Granada se habría valido de su posición jerárquica e influencias ante sus víctimas subordinadas. El proceso contra el periodista empezó en mayo de 2022 y fue imputado por varios delitos, por lo que el juez Julián López resolvió enviarlo a prisión, donde estuvo durante varios meses hasta cumplir la pena mínima.
En mayo de este año un Tribunal de Apelación ratificó la libertad ambulatoria del exgerente de Canal 9 tras una apelación. Actualmente, Granada tiene prohibido salir del país, así como no puede ponerse en contacto con la querellante, tiene la caución real de un inmueble y debe comparecer de forma obligatoria mensualmente para la firma del acta judicial.