La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización delictiva dedicada al cibercrimen en el departamento de Itapúa. El presunto líder es un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, brindaron una conferencia para dar a conocer los detalles de la Operación Ícaro.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación, donde las autoridades desbarataron una estructura dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Un total de ocho personas resultaron detenidas y están acusadas por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.

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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de modalidades con código QR, procedieron a reclutar personas que se prestaran como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para desviar el dinero de las víctimas”, manifestó Llano.

A su vez, el comisario Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula” —entre billeteras electrónicas y entidades financieras— para mover los fondos tras lograr un acceso indebido. Para impedir la trazabilidad, los cibercriminales convertían el dinero en criptomonedas. Durante el operativo, se lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.

El perjuicio patrimonial asciende a G. 9.000 millones. Con el botín, los jóvenes ostentaban lujos como vehículos de alta gama y alquileres en departamentos costosos. Las autoridades confirmaron que la banda estaba liderada por el joven de 18 años junto a su círculo de amigos cercanos.

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El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.

Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.

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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.

“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.

El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.

“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.

El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.

González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.

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Dalia López (55) enfrentó este Viernes Santo su audiencia de imposición de medidas en forma telemática ante el juez penal de garantías Raúl Florentín. La defensa ofreció una propiedad valuada en más de 1 millón de dólares para evitar pisar la cárcel.

Además, solicitó la prisión domiciliaria de la mujer, alegando problemas graves de salud. Supuestamente, padece varias dolencias que la obligan a consumir 15 tipos de medicamentos.

Por otro lado, el equipo legal argumentó que la mujer apeló a la huida por miedo a supuestas amenazas de muerte que habría recibido vía telefónica.

La empresaria fue capturada luego de seis años en un operativo sorpresa llevado a cabo el Jueves Santo cerca del mediodía en una vivienda del barrio Herrera de Asunción. La detenida fue llevada al calabozo del Departamento Judicial femenino de Asunción, donde anteriormente funcionaba la comisaría de mujeres.

El abogado Adrián Salas presentó ante el Juzgado Penal de Garantías una solicitud de medidas alternativas a la prisión para López, en este caso la libertad ambulatoria.

“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la libertad ambulatoria y eventualmente, el arresto domiciliario. Tratamos de justificar todos los extremos para que pueda lograr, porque finalmente, entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito. Por lo tanto, corresponde la medida sustitutiva de prisión”, señaló a los medios.

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En en se sentido, Salas sostuvo que el hecho atribuido corresponde a un delito y no a un crimen, por lo que (según su postura) no existiría riesgo de fuga que justifique mantenerla privada de libertad.

“El peligro de fuga con el ofrecimiento que hicimos, un inmueble de mucho valor, de más de 1 millón de dólares, es difícil que se pueda arriesgar a fugarse”, apuntó el abogado.

La empresaria cuenta con orden de captura en el marco de la causa “Wilmondes Sousa Lira y otros s/ uso de documentos públicos de contenido falso y otros, declarada rebelde en reiteradas ocasiones.

Dalia López ganó notoriedad luego de que haya sido responsable de la visita del jugador brasileño Ronaldinho Gaúcho y de su hermano a Paraguay, en marzo del 2020, cuando se constató que el jugador tenía una cédula paraguaya y desató un escándalo, que derivó en su detención y reclusión por varios meses en el país. Desde entonces, ella se mantuvo prófuga.

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El gobierno y el sector de la construcción retomaron el diálogo para avanzar en una salida a la deuda acumulada por obras públicas, que ronda los USD 300 millones (incluye intereses).

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el objetivo de dar seguimiento a las medidas acordadas y avanzar en soluciones concretas.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, la ministra Centurión explicó que uno de los principales instrumentos utilizados es la cesión de deuda, conocida como factoraje. Dijo que este mecanismo permite a las empresas constructoras cobrar anticipadamente sus certificados de obra a través de entidades financieras, mientras que el Estado asume el pago en un plazo posterior.

En la práctica, esto ayuda a dar liquidez al sector y a evitar que los atrasos frenen la ejecución de proyectos. “Estamos trabajando con los gremios para avanzar en soluciones que permitan cumplir con las obligaciones y sostener el ritmo de las obras”, indicó.

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No obstante, Centurión reconoció que el principal condicionante es el nivel de recursos disponibles. El MOPC cerró el 2025 con una deuda aproximada de USD 221 millones, mientras que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir la totalidad de los compromisos acumulados.

“No podemos cubrir todo con el presupuesto, por eso recurrimos a instrumentos financieros que nos permitan avanzar”, señaló.

Desde Capaco señalaron que esperaban contar con la aprobación del sistema de factoraje antes de la Semana Santa. Este mecanismo permitiría a las empresas convertir sus facturas pendientes en liquidez inmediata.

La situación afecta no solo a las empresas, sino también al empleo en el sector, uno de los principales generadores de trabajo en el país. Por eso, el avance de estas medidas es seguido de cerca tanto por el sector privado como por el gobierno.

El proceso sigue en marcha y dependerá de la definición final del MEF sobre los mecanismos propuestos.

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