La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de hábeas corpus preventivo promovida por el exsenador Erico Galeano Segovia, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y otros. La resolución lleva la firma de Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.

Con la resolución judicial se encamina para que se realice la audiencia de revisión de medidas solicitada por los fiscales del presente caso quienes solicitaron la prisión del exparlamentario.

En horas de la mañana y a través de un hábeas corpus preventivo, los abogados del exsenador solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prohíba la modificación de su libertad, ante el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público.

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Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak requirieron la prisión del exsenador en la causa en la que fue condenado a 13 años de cárcel por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Además, la defensa presentó un recurso contra la convocatoria realizada por el Tribunal de Sentencia para llevar adelante la audiencia de revisión de medidas.

Los abogados Luis Almada y Rodrigo Estigarribia sostienen que la citación fue realizada con base en un artículo del Código Procesal Penal que solo puede ser utilizado para solicitar una excarcelación y no para analizar una prisión preventiva.

En el hábeas corpus, la defensa argumentó que el pedido de prisión preventiva se basa en sentencias de primera y segunda instancia que aún no están firmes, debido a que fueron recurridas ante la Corte Suprema de Justicia.

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El Tribunal de Sentencia integrada por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, rechazó el pedido solicitado por la defensa técnica del exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupción Miguel Prieto, que solicitó permiso para viajar al Brasil entre el 27 de mayo y el 1 de junio, para participar de un evento como expositor de carácter institucional, que se desarrollará en la ciudad de Maceió.

Este tribunal atiende el proceso judicial en la causa conocida como “Tía Chela”, que investiga presuntas irregularidades en la compra de kits alimentarios por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración de Prieto durante la pandemia de Covid-19 en 2020 con perjuicio estimado de G. 2.130 millones.

En ese sentido, las juezas señalaron que el Ministerio Público emitió un dictamen rechazando el pedido presentado por la defensa técnica, por lo que este Tribunal de Sentencia acompañó en el mismo sentido de denegar el pedido de salida del país.

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Las magistradas argumentaron su fallo señalando que la defensa técnica no presentó documentos claves requeridas como pasajes o los medios por el cual viajaría, datos sobre el hospedaje, además que existe inconsistencia sobre el o los destinos del viaje. Mencionaron igualmente, que conforme a la invitación recibida el interesado podría participar del evento de forma virtual, sin la necesidad de tener que realizar el viaje.

“En el escrito presentado por la defensa del señor Prieto a la Secretaría de Juzgado, que el destino único del viaje la ciudad de Maceió. El señor Prieto al oralizar su pedido menciona que el lugar de destino es la ciudad de Sao Paulo y luego la ciudad de Maceió, por lo que existiría una inconsistencia en su pedido”, explicó la magistrada que ofició de vocera del Tribunal.

Asimismo, señaló que en el mismo escrito de la invitación para participar del evento que menciona serán encuentro empresariales, se podría realizar de manera presencial. Pero, además, se menciona como una opción para participar en dicho evento se podría llevar a cabo de forma virtual o por medios telemáticos de acuerdo a la disponibilidad del recurrente.

“Por lo que este Tribunal por lo anteriormente expuesto rechaza la autorización judicial solicitada por la defensa técnica del señor Miguel Prieto Vallejos”, concluyó en la lectura del fallo.

Con esta resolución, el intento de viaje quedó sin efecto y el exintendente, destituido por corrupción, deberá permanecer en el país mientras continúan los procesos abiertos en su contra.

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La Justicia argentina rechazó una serie de recursos de queja presentados por las defensas de siete de los jóvenes condenados por el homicidio del joven paraguayo Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Según fuentes del periódico argentino La Nación, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron la presentación hecha por el abogado Hugo Tomei en representación de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano Ciro y Lucas Pertosi.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”, argumentaron los jueces de la Corte Suprema en su fallo, al que tuvo acceso La Nación.

“La decisión no calma el dolor, pero alivia. Es ni más ni menos lo que merecía Fernando, que la Justicia le responda como respondió en todas las etapas”, sostuvo a La Nación, tras conocer el fallo, el abogado Fernando Burlando, quien representa a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima.

El máximo tribunal también rechazó un planteo presentado por el abogado Francisco Oneto, que representa a Máximo Thomsem porque el “recurrente” no cumplió con una serie de requisitos formales relativos al procedimiento.

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Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado”.

Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima −Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio− y las defensas de los ocho condenados.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.

Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires con que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, para el que se prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.

Lucas Pertossi ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.

La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en “la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según informó, en su momento, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Desde diciembre pasado, Lucas Pertossi es representado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados.

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El Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Humberto Otazú, que fue planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, en la causa en la que es investigado por supuesta lesión de confianza.

El presente caso está sin magistrado hace dos meses por la falta de determinación de los integrantes del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, segunda sala.

Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron que en la misma fecha en que presentaron la recusación contra el citado magistrado, los representantes de legales de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.

El juez Otazú había admitido la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas por el presunto delito de lesión de confianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del metrobús.

Según la imputación, no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.

Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración. Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.