El cerco judicial se estrechó bruscamente ayer lunes contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ordenado a arresto domiciliario por violar una prohibición de uso de redes sociales en el marco del juicio por presunta intentona golpista. El exjefe de Estado (2019-2022), líder indiscutido de la derecha y la ultraderecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, está siendo juzgado en el Tribunal Supremo acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigado por una presunta obstrucción de su juicio, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, permanecer en casa por las noches y los fines de semana, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros. El lunes, el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo del proceso contra Bolsonaro ante la corte suprema, confinó al expresidente a su residencia en Brasilia, alegando un “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas”, en especial la prohibición de usar redes sociales.

Con excepción de sus abogados, toda visita a su domicilio quedó proscrita, salvo previa autorización, dispuso en un documento judicial consultado por la AFP. “La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, subrayó el juez.

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Moraes achaca a Bolsonaro intervenciones divulgadas por su entorno cercano en redes sociales, el domingo, durante la jornada de manifestaciones en su apoyo en varias ciudades del país. El excapitán del Ejército, de 70 años, fue el gran ausente en esas movilizaciones. Pero sus partidarios compartieron en redes sociales imágenes de una llamada entre él y su hijo mayor, Flavio, durante un acto de solidaridad en Rio.

El lunes Moraes también le impidió a Bolsonaro el uso de celulares, tanto propios como ajenos. En una operación el lunes en la casa del exmandatario en Brasilia varios aparatos fueron requisados, informó la Policía Federal. Con la bandera brasileña en la mano o sobre los hombros, decenas de seguidores de Bolsonaro se concentraron la noche del lunes en Brasilia, acompañados de un concierto de bocinas de otros simpatizantes. La seguridad frente a la sede del Supremo Tribunal Federal fue reforzada, constató la AFP.

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Las nuevas medidas del influyente Moraes ocurren cuando la situación judicial de Bolsonaro está en el centro de un huracán diplomático entre Brasil y Estados Unidos. El respaldo de Trump a Bolsonaro ha tenido grandes repercusiones en la mayor economía latinoamericana. El 30 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso a Moraes sanciones financieras personales, luego de que se le revocara la visa de ingreso al país.

El mismo día, Trump autorizó aranceles de 50% a importantes sectores exportadores brasileños, que deben entrar en vigor el miércoles 6. Washington condenó la prisión domiciliaria contra el expresidente: “Dejen a Bolsonaro hablar”, indicó la noche del lunes en X la oficina para el hemisferio occidental de la diplomacia estadounidense.

Los funcionarios estadounidenses añadieron que “responsabilizarán a todos aquellos que colaboren con o faciliten conductas sancionadas”. Instigador de las medidas estadounidenses, un hijo del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, denunció en X un “abuso de poder para silenciar el líder de la oposición brasileña” y llamó a Moraes un “psicópata descontrolado”.

Según Moraes, la prohibición de usar las redes sociales -criticada por confusa por figuras bolsonaristas, pero también por especialistas y por la prensa- ya había sido violada una primera vez tras la imposición de la tobillera electrónica. Moraes advirtió entonces que no toleraría una repetición. “La justicia es igual para todos. El acusado que incumple deliberadamente las medidas cautelares -por segunda vez- debe sufrir las consecuencias legales”, dijo el lunes el magistrado.

Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030 por sus ataques sin pruebas contra el sistema de votación, y posiblemente enfrentado a unos 40 años de cárcel por el juicio en curso, Bolsonaro insiste en que espera ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, afirma de su lado su voluntad de disputar un cuarto mandato si está “100% de salud”. El mandatario izquierdista estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019 por corrupción. La corte suprema anuló luego la condena, bajo el argumento de que el juez a cargo había sido parcial.

Fuente: AFP

El Instituto Guimarães Rosa Asunción invita al cierre del Festival Añandu Unipersonales 4, con la destacada participación del maestro brasileño George Hollanda y su espectáculo “Canudo se apaixona (Canudo se enamora)”, el viernes 8 de agosto, a las 20:00, en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil en Asunción (Eligio Ayala esquina Perú), con acceso libre y gratuito.

En la historia, el Payaso Canudo visita un teatro y se encuentra en una situación inusual: un encuentro inesperado que se convierte en amor a primera vista. La obra retrata la lucha del personaje para lidiar con sus propios sentimientos, en una narrativa que combina comedia, sensibilidad y sorpresa. Entre risas, improvisación y sorpresas, Canudo transforma su viaje en una verdadera carta de amor al teatro y al público.

Creado e interpretado por el actor y director George Holanda, originario de Natal (Brasil), el espectáculo utiliza el lenguaje del clown. La obra combina humor, improvisación, poesía y emoción en una propuesta accesible para personas de todas las edades. El Payaso Canudo he pasado por España y Egipto, además de apariciones en ciudad del estado de São Paulo.

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El Festival Añandu Unipersonales —palabra que significa “sentir” en guaraní— es una plataforma cultural que impulsa la descentralización artística y celebra el poder transformador del arte desde la voz de una sola persona en escena. En su cuarta edición, cuenta con obras de Paraguay, Perú, Argentina, Chile y Brasil, promoviendo el encuentro de lenguajes diversos en un territorio fértil de creación y reflexión.

La actividad es una producción de Kamanga PRO, liderada por la actriz y gestora cultural Nadia Capdevila, con el acompañamiento de Giannina Ramírez, Carmelo González, Álvaro Ramírez y la coordinación de Sol Buena Flor. Es presentada por la Fundación Itaú, con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas, el Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil en Asunción.

La cuarta edición abrió el jueves 31 de julio en el Centro Cultural Departamental Bareiro Saguier con el estreno de la obra teatral ganadora del concurso emergente “Manuela Villalba”, con la actriz Natalia Silva. La gira de artistas llegados desde Perú, Argentina, Chile y Brasil llegarán a de Villeta, Encarnación, Areguá, Luque y Asunción, con obras de teatro, danza y circo en las jornadas del 1, 7 y 8 de agosto.

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El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.

“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.

Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.

El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.

Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.

En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.

El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.

Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.

El presidente Donald Trump firmó ayer jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Las nuevas tarifas aduaneras, una de las palabras preferidas del presidente republicano, conocido por tener una visión mercantilista de las relaciones comerciales, no entrarán en vigor este viernes como estaba previsto inicialmente, sino dentro de siete días.

Este retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse, informó un alto cargo estadounidense a periodistas. “Reestructuración del comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses”, escribió la Casa Blanca en mayúsculas y negrita en uno de los documentos en los que anuncia los nuevos gravámenes.

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Se trata de “abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos” y “proteger a Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía”, añade. Las nuevas tarifas aduaneras llegan al 41 % en el caso de Siria, a la que Suiza pisa los talones con el 39 %. Argelia está sujeta al 30 %, Bangladés al 20 %, Laos al 40 % e India al 25 %.

Canadá también recibe un golpe, al pasar del 25 % al 35 %, salvo los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y México. “Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos” lamentó la Casa Blanca.

“Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá”, añade sobre dos opioides sintéticos que preocupan a Estados Unidos. La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, unos de los pocos socios que lograron renegociar las tarifas durante la tregua anunciada en abril y postergada desde entonces, estarán sujetos al 15 %, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos, todavía preliminares.

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Washington aumentó del 10 al 15 % los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela (15 %) y Nicaragua (18 %). Brasil figura con un 10 %, pero será solo hasta el 6 de agosto. El miércoles el gobierno de Trump anunció que a este arancel mínimo universal añadirá 40 puntos porcentuales (pp), lo que equivale a un 50 %, debido sobre todo al juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intentona golpista.

Este jueves, tras hablar por teléfono con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, Trump se mostró indulgente con su vecino del sur y le concedió una prórroga de 90 días con el objetivo “de firmar” un acuerdo “dentro de ese plazo, o incluso más”. Entre tanto sigue sometido al 25 % salvo los bienes incluidos en el T-MEC.

Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa. México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump.

“No cabe duda: el decreto y los acuerdos” concluidos en los últimos meses “destrozan el libro de reglas comerciales que ha gobernado el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, opina Wendy Cutler, vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute. “Si nuestros socios pueden preservarlo sin Estados Unidos es una pregunta abierta”, añadió.

China ha quedado excluida del drama porque su tregua no expiraba este viernes, sino el 12 de agosto, cuando los aranceles podrían volver a niveles más altos. Hasta ahora la mayoría de los países se enfrentaban al arancel mínimo universal del 10 % impuesto en abril y los aplicados a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles. A partir del viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. El impacto de los aranceles preocupa a los economistas. Los consideran un lastre para la inflación, que subió al 2,6 % en junio, según el índice PCE publicado el jueves, y para el crecimiento de Estados Unidos.

El uso de los aranceles como medio de presión para alcanzar acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos acabó en los tribunales. Este jueves se celebró una vista en una corte de apelaciones de Washington para determinar si Trump se ha extralimitado en sus facultades constitucionales al imponer estos recargos. La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si la sentencia le es desfavorable.

Fuente: AFP.