Elon Musk se enfrentó el miércoles a un intenso interrogatorio en el juicio contra OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT a la que acusa de haberle engañado al convertir un proyecto altruista en una máquina de generar beneficios. Su segundo día de declaración ante el tribunal federal de Oakland (California) fue tenso. Incluso el propietario de Tesla y SpaceX llegó a autodefinirse como “tonto” por prestar dinero para construir un proyecto sin ánimo de lucro.

Musk, que ayudó a cofundar OpenAI en 2015 junto con Sam Altman y otras figuras de Silicon Valley, ha pedido que se obligue a la empresa a volver a ser una organización puramente sin ánimo de lucro. También busca la destitución de Altman y del presidente de la empresa, Greg Brockman. “Sus preguntas no son sencillas. Están pensadas para engañarme”, se quejó Musk al abogado principal de OpenAI, William Savitt.

“Señor Musk, usted es un tipo inteligente. Le estoy haciendo preguntas que, en su mayoría, tienen una respuesta de sí o no”, replicó Savitt. Los abogados defensores pretendían desmontar la versión que Musk había construido durante el interrogatorio de su propio abogado. En horas de testimonio, Musk —que abandonó el proyecto en 2018— insistió en que le tomó por sorpresa la transformación de OpenAI en una importante empresa tecnológica con ánimo de lucro.

“Les di 38 millones de dólares de financiación prácticamente gratuita que luego utilizaron para crear una empresa con ánimo de lucro valorada en 800.000 millones de dólares. Literalmente, fui un tonto”, declaró Musk ante el tribunal el miércoles, antes de que comenzara el interrogatorio de los abogados de OpenAI.

La justicia de Estados Unidos recibió ayer miércoles siete demandas contra OpenAI en nombre de familias afectadas por un tiroteo en un pueblo canadiense en febrero. El gigante de la inteligencia artificial enfrenta críticas por su decisión de no haber informado sobre el uso perturbador de la cuenta de ChatGPT de Jesse Van Rootselaar, la mujer transgénero de 18 años que mató a ocho personas en su casa y una escuela.

OpenAI suspendió su cuenta en junio de 2025, pero afirmó que no informó a la policía canadiense porque no vio pruebas de un ataque inminente en el pueblo de Tumbler Ridge. Las demandas presentadas en un tribunal federal de Estados Unidos alegan que OpenAI decidió no denunciar a Van Rootselaar “porque informar de un caso significaría informar de miles”, según un comunicado del equipo legal.

También impugnan la afirmación de que la cuenta de ChatGPT de Van Rootselaar fue bloqueada. Sostienen que, cuando se cierra una cuenta por comportamiento peligroso, OpenAI indica a la persona cómo reanudar su uso, incluso con consejos sobre cómo eludir el período de suspensión de 30 días.

Según los informes, Van Rootselaar abrió una segunda cuenta de ChatGPT después de que le cerraran la primera. El equipo jurídico estadounidense dijo que está trabajando en coordinación con abogados canadienses que presentaron previamente una demanda contra OpenAI en nombre de la familia de Maya Gebala, una niña de 12 años gravemente herida en el tiroteo.

“Habrá más casos. En las próximas semanas, un equipo transfronterizo... presentará más de dos docenas de demandas en nombre de las víctimas del tiroteo masivo de Tumbler Ridge. Las demandas se presentarán en oleadas”, señalaron. Van Rootselaar mató a su madre y a su hermano en la casa familiar antes de dirigirse a la escuela secundaria local, donde asesinó a cinco niños y a un docente. La atacante se suicidó después de que la policía entrara en el edificio.

A principios de abril, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se disculpó ante la comunidad de Tumbler Ridge y afirmó que “lamentaba profundamente que no hubiéramos alertado a las fuerzas del orden sobre la cuenta que fue suspendida en junio”. La empresa también señaló que, bajo sus políticas de seguridad actuales, las cuales se han revisado desde junio, la conducta de Van Rootselaar habría sido informada a la policía.

Fuente: AFP.

Este miércoles, el Gobierno Nacional llegó a más familias que se encuentran aisladas en el Chaco paraguayo con alimento y asistencia sanitaria por vía aérea. Durante la jornada de hoy entregaron 6.000 kilos de alimentos, aplicaron vacunas, fueron atendidos 200 personas y seis personas fueron evacuadas.

Hasta la fecha se tienen registró de unas 3.600 familias que se encuentran damnificadas a consecuencia de las lluvias y el desborde del río Pilcomayo. Se estima que el 90 % de los afectados pertenecen a pueblos originarios en Alto Paraguay y Presidente Hayes, que quedaron sin caminos, alimentos y medicamentos.

“Helicópteros UH-1H de nuestra Fuerza Aérea en articulación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), trasladaron 6.000 kilos de alimentos a las familias afectadas por las crecidas, en una primera etapa de un plan que alcanzará los 24.820 kilos de alimentos”, expresó el presidente Santiago Peña.

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Afirmó que están trabajando junto con el Ministerio de Salud, que en las últimas horas atendió a 200 personas y aplicó 150 vacunas contra la influenza. “Se evacuaron a seis pacientes que necesitaban atención especializada. El compromiso es el de un Estado presente cuando nuestros compatriotas más lo necesitan”, resaltó.

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, indicó que los puntos de distribución están ubicados uno en General Bruguez y otro en Río Verde. Según datos proporcionados desde la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la cantidad de agua caída que corresponde a un año ya ha sobrepasado en el Bajo Chaco.

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Un juzgado argentino resolvió este martes elevar a juicio una causa contra dos de las hermanas de Diego Maradona, su abogado y otras tres personas por el delito de “defraudación por administración fraudulenta” de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020.

El juzgado dio por cerrada la etapa de instrucción de la causa iniciada en 2021 y decidió que los acusados enfrenten juicio por “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos” de Maradona, es decir sus cinco hijos, según la disposición judicial a la que tuvo acceso la AFP.

La imputación sostiene que quien fuera abogado del exfutbolista, Matías Morla, y dos de sus asistentes se lucraron con la marca “Diego Maradona” y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del “10”.

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho.

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De acuerdo con la investigación, por instrucciones de Maradona y para proteger sus bienes del fisco italiano, Morla había creado en 2015 una sociedad llamada “Sattvica S.A.” para la administración de las marcas.

Morla y otro de los imputados, Maximiliano Pomargo, eran los directores de dicha sociedad, pero actuaban por órdenes de Maradona.

Cuando el ídolo falleció en noviembre de 2020, a Morla se le exigió ceder la propiedad de “Sattvica S.A.”, pero en lugar de entregarla a sus hijos realizó la “presunta cesión de acciones” en favor de Rita y Claudia Maradona, entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.

“Morla, burlándose de la Justicia, las explotó para él hasta el fin de 2021 y después las cedió a las hermanas, que la continuaron de explotar hasta el 29 de diciembre pasado, cuando (...) la justicia dispuso una medida cautelar para que dejen de operar con las marcas”, dijo este martes a la AFP el abogado Félix Linfante, que representa a una de las hijas de Maradona, Jana.

Linfante aseguró que una tasación oficial cifró el valor de las marcas en “alrededor de 100 millones de dólares”.

• Fuente: AFP

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A tres meses del fallecimiento de Braulio Vázquez se realizó este martes la exhumación del cuerpo del trabajador de prensa, quien falleció en enero en pasado el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

La necropsia se realiza a pedido de la familia tras denunciar una serie irregularidades en la atención del asegurado, que desencadenaron en la muerte del paciente, víctima de un infarto.

Los restos fueron trasladados desde un cementerio privado hasta la morgue judicial. El procedimiento se realizó a pedido de la fiscal Carina Serón con el objetivo de buscar indicios que ayuden a esclarecer el caso.

“Con la necropsia se busca definir la causa de muerte, el mecanismo, la circunstancia que lo llevaron al deceso”, indicó la representante del Ministerio Público ante los diferentes medios de comunicación.

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Añadió que el informe final de los forenses podría estar dentro de dos meses. “Una vez que se tenga el resultado de la necropsia, la junta médica establece si hay negligencia médica y quienes son los responsables”, explicó la agente fiscal.

Por otra parte, la Fiscalía ya cuenta con una lista de nombres de profesionales de la salud que estuvieron en contacto con Braulio Vázquez durante todo el tiempo que estuvo en la previsional hasta su muerte.

Actualmente, el caso es investigado como homicidio culposo. Sin embargo, la intención de la querella es que el caso sea recaratulado como negligencia médica o estructural.

El abogado Kevin Edwards, nuevo representante legal de la familia, señaló que la necropsia se realizó a pedido de la familia. Es a fin de conocer si hay algún tipo de sustancia que fue administrada o algo más que pueda señalar las causas o la causa particular que pudo haber causado el fallecimiento.

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