El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.

En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.

El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.

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Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.

Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

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El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regio­nal de Capitán Bado, repre­sentó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminici­dio. El hombre tenía prohibi­ción de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.

Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capi­tán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.

El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.

“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.

A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.

“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.

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El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.

“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.

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El actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, con­firmó su intención de pos­tularse al máximo cargo del Poder Ejecutivo en el 2028. Las pretensiones del jefe comunal de llegar a la Presi­dencia se dan en medio de las investigaciones del Ministerio Público en su contra por lesión de confianza en licitaciones realizadas en pandemia.

“Yo ya les adelanto que en 2028 voy a ser candidato a presidente de la República”, afirmó Prieto en una reunión política que tuvo lugar en la capital de Alto Paraná, Ciudad del Este.

Durante el encuentro, el intendente anunció tam­bién otra candidatura del movimiento que encabeza, Yo Creo, el que ya alista pos­tulaciones para las munici­pales de 2026.

“Dani (Mujica) es nuestro candidato a intendente y estamos convencidos de que va a ganar”, aseveró el jefe comunal. El próximo candi­dato de Yo Creo fue aspirante a la Gobernación de Alto Paraná en las últimas elec­ciones, pero no pudo impo­nerse ante el candidato del Partido Colorado, el actual jefe departamental, César “Landy” Torres.

Prieto manifestó que la vic­toria de Mujica en el 2026 es muy importante para su carrera a la Presidencia en el 2028. El actual intendente de Ciudad del Este está confiado en que su candidato pueda sucederlo en la municipali­dad, dado que, en la capital de Alto Paraná, Mujica superó en votos a Torres en las elec­ciones generales.

“El equipo ya decidió en un 100 %, la gobernación gana­mos acá en Ciudad del Este por 15.000 votos de dife­rencia, solamente como no cubrimos las mesas en otros lugares, se perdió en otros municipios, pero acá en Ciu­dad del Este, Dani Mujica ganó y por lejos y eso se va a volver a repetir”, aseveró.

Los anuncios de candidatura de Prieto se dan en medio de una causa abierta en la Fisca­lía, que lo investiga a él y otros funcionarios municipales por lesión de confianza. A través de una maniobra en licitacio­nes durante la pandemia, el actual intendente habría cau­sado un perjuicio a la comuna por G. 1.769 millones, según el propio Ministerio Público.