: El Ministerio Público solicitó entre 6 y 12 años de cárcel para varios acusados por ocasionar un perjuicio de G. 3.800 millones al Indert. Foto: Gentileza.
Indert: Fiscalía pidió entre 6 y 12 años de cárcel para acusados, entre ellos el dirigente Luis Aguayo
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El fiscal Leonardi Guerrero solicitó la pena de 12 años de cárcel para el exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible del Indert César Agustín González Parini, Ronald Guerrero, María Esther Leiva y Luis Gilberto Aguayo Ruiz, acusados por lesión de confianza y estafa, con un perjuicio patrimonial al Estado de G. 3.800 millones.
Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la pena privativa de libertada de 10 años para Antonio Gayoso, la pena de 7 años de cárcel para las funcionarias del Indert Eulalia Cardozo e Irma Piñánez, y Sebastián Ortega. Mientras que para el acusado Armando Báez se pidió 6 años de cárcel.
El fiscal señaló que luego del desarrollo total de las pruebas, finalmente se solicitó la pena privativa de libertad para los acusados como consecuencia de la calificación de hechos punibles de estafa y lesión de confianza, que finalmente fueron atribuidos a los acusados.
De acuerdo a la investigación fiscal, tanto la ONG Fundación Nación Guaraní como las organizaciones campesinas suscribieron diversos convenios con el Indert, representado por Marciano Barreto, para el fortalecimiento de la “Pequeña agricultura familiar campesina en materia de seguridad alimentaria”, donde se registró un perjuicio de G. 3.800 millones.
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, será investigado por lesión de confianza por los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González. FOTO: GENTILEZA
Fiscalía abre investigación penal contra extitular del IPS
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.
Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.
La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:
Jaime Caballero
Alicia Olazar
y los miembros del Consejo de Administración:
Gustavo Alberto González Maffiodo
Carlos Alberto Pereira Olmedo
José Emilio Argaña Contreras
Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
y José Jara Rojas.
La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.
Filizzola pontifica sobre justicia mientras busca su impunidad
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La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.
La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actuación del senador Rafael Filizzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parlamentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pendiente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filizzola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el integrante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la camarista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fernández y decidió impugnar su separación ante la Corte.
A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién integrará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actualmente, solo el camarista Paublino Escobar conforma el tribunal de apelación.
Documento de recusación.FOTO: GENTILEZA
PRESCRIPCIÓN POR CHICANAS
En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones.
Con la resolución judicial dictada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chicanas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.
ACUSACIÓN
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
La jueza de Neuland Fany Cáceres elevó a juicio oral el proceso penal d dos acusados por la deforestación de más de 1.600 hectáreas en Mariscal Estigarribia. Foto: Archivo
Dos acusados por megadeforestación en el Chaco enfrentarán juicio oral y público
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La jueza de Neuland, Chaco, Fany Cáceres, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Miguel Bibolini y su hija Nicole Bibolini, acusados por infracción a la ley 716/96 sobre delitos ambientales por la presunta deforestación de 1.600 hectáreas de tierra en Mariscal Estigarribia, Chaco La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el juzgado de la mencionada localidad.
La defensa de los dos acusados solicitó el sobreseimiento definitivo, la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento abreviado, pero todos los pedidos fueron rechazados por la jueza Fany Cáceres. Ahora se deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral y público en la ciudad de Filadelfia.
Meses atrás, la fiscal adjunta de Filadelfia, Chaco, María Estefanía González, rectificó y presentó la acusación con pedido de juicio oral y público para padre e hija. En principio, el presente proceso penal se intentó dejar impune debido a que la exfiscal Laura Ávalos, quien no fue confirmada en el cargo, solicitó salidas procesales para los dos procesados.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos que deberán ser debatidos en un juicio y que podrían demostrar la responsabilidad de ambos en el delito ambiental por la deforestación de más de 1.600 hectáreas.
Corte ratifica nuevo juicio oral para acusados por el caso “Colorado Róga”
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La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por una de las defensas de los acusados y ratificó la resolución de la Cámara de Apelación, que ordenó un nuevo juicio oral y público para tres procesados por la quema de la sede de la ANR. Esta causa, conocida como “quema de Colorado Róga”, ocurrió en medio de las protestas contra el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez en marzo de 2021.
Los ministros votaron por la inadmisibilidad de la casación planteada por la defensa del acusado Pedro Areco, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Penales, al no ser su objeto una resolución que ponga fin al proceso.
Días atrás, el Tribunal de Sentencia pospuso el inicio del nuevo juicio oral para los cuatro acusados a fin de esperar la resolución de la Corte y así llevar adelante el juzgamiento de Pedro Areco, Enrique Agüero, Arnaldo Martínez y Vivian Genes.
Ahora, la presidenta del Tribunal de Sentencia, Lourdes Garcete, deberá informar a las partes el día y la hora del inicio de la audiencia oral.