El fiscal Leonardi Guerrero solicitó la pena de 12 años de cárcel para el exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible del Indert César Agustín González Parini, Ronald Guerrero, María Esther Leiva y Luis Gilberto Aguayo Ruiz, acusados por lesión de confianza y estafa, con un perjuicio patrimonial al Estado de G. 3.800 millones.
Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la pena privativa de libertada de 10 años para Antonio Gayoso, la pena de 7 años de cárcel para las funcionarias del Indert Eulalia Cardozo e Irma Piñánez, y Sebastián Ortega. Mientras que para el acusado Armando Báez se pidió 6 años de cárcel.
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El fiscal señaló que luego del desarrollo total de las pruebas, finalmente se solicitó la pena privativa de libertad para los acusados como consecuencia de la calificación de hechos punibles de estafa y lesión de confianza, que finalmente fueron atribuidos a los acusados.
De acuerdo a la investigación fiscal, tanto la ONG Fundación Nación Guaraní como las organizaciones campesinas suscribieron diversos convenios con el Indert, representado por Marciano Barreto, para el fortalecimiento de la “Pequeña agricultura familiar campesina en materia de seguridad alimentaria”, donde se registró un perjuicio de G. 3.800 millones.
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Imputan y piden cárcel por intento de hurto de un pedazo de carne, pero el juez lo eximió de prisión
El Ministerio Público imputó a un hombre por el intento de hurto de un pedazo de carne valuado en G. 101.900 de un local de conveniencia. Igualmente, el fiscal del caso, Julio Paredes Duarte, pidió la prisión del imputado, pero el juez penal de Garantía de la capital de turno, Francisco Acevedo, lo eximió de prisión a César Marcelo Sosa Martínez. El hecho se registró el pasado 20 de junio.
El caso es uno de los numerosos que se presenta en el Poder Judicial y podría considerarse como hecho bagatelario.
El acta de imputación revela que en fecha 20 de Junio de 2025, siendo las 20:56, una persona de sexo masculino ingresa al local de conveniencia situado sobre las calles Teodoro S. Mongelos y 33 Orientales de la ciudad de Asunción. El personal de seguridad se da cuenta de la actitud sospechosa del hoy imputado por lo que el guardia y funcionarios del local procedieron a interceptar a dicha persona encontrando en su poder un pedazo de carne tipo tapa cuadril, cuyo valor aproximado es de G. 101.900.
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Seguidamente se dio aviso al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional, acudiendo al lugar personal policial de la Comisaría 7a., quienes al llegar al local visualizaron que los empleados ya tenían reducido a un hombre que quedó detenido.
Luego fue citado a una audiencia indagatoria y posteriormente el Ministerio Público presentó la imputación por intento de hurto de un pedazo de carne.
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Esposa de Sebastián Marset pidió ampliar horario de visita de sus hijos y familiares
La defensa de Giannina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, presa en la cárcel militar de Viñas Cué, solicitó al juzgado del crimen organizado a cargo de la jueza Rosarito Montanía ampliar el horario de visita de sus hijos los días sábados, de 09:30 a 17:00.
Asimismo la defensa de la procesada pidió al juzgado que 10 personas más -entre ellas su abuela paterna, su cuñada y sobrinos- puedan ingresar en la lista de personas que sea autorizadas para poder visitar a la esposa de Marset.
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Ahora la referida magistrada tendrá que estudiar si corresponde el pedido solicitado por la defensa de García Troche o rechaza la solicitud realizada por el representante legal de la procesada.
Semanas atrás, García Troche pidió que instalen en su celda un acondicionador de aire, así como pidió al juzgado un televisor y el servicio exclusivo de delivery de comidas. Todos los pedidos fueron rechazados por la jueza Montanía.
Igualmente, García Troche puede realizar llamadas que tendrán una duración de 20 minutos. Asimismo el uso del teléfono celular está fijado solo para los días lunes, miércoles y viernes, entre las 9:30 a 11:30. El almuerzo está fijado a las 12:00. De lunes a domingo a las 17:00 se hará el control de su ingreso a la celda y a la vez se le proporcionará la cena.
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Abogados de la exmandataria argentina condenada pidieron que cumpla la pena en su domicilio
La expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió este miércoles cumplir en su apartamento la pena de seis años por corrupción que le fue confirmada por la justicia, mientras su defensa denunciaba “persecución política” ante la Corte Penal Internacional (CPI) y sus simpatizantes mostraban su indignación.
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La Corte Suprema argentina dejó en firme el martes la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria (2007-2015) por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). Le dio cinco días hábiles para entregarse ante el tribunal federal.
Sus abogados pidieron que el líder peronista de 72 años cumpliera su pena en su apartamento en el barrio de Constitución en Buenos Aires. “Pedimos la prisión domiciliaria que se le da a las personas que tienen más de 70 años”, dijo el letrado Carlos Beraldi a los periodistas.
“No estamos pidiendo privilegios, sino que se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona en la misma situación jurídica”, prosiguió.
Al recordar que en 2022 un hombre presionó dos veces el gatillo de una pistola a centímetros de la cabeza de Kirchner sin que salieran las balas, Beraldi argumentó que la exmandataria “fue víctima de un atentado y todavía los autores intelectuales no fueron individualizados”.
Paralelamente, el abogado Gregorio Dalbón viajó a La Haya para denunciar ante el CPI una “persecución política” contra la principal opositora al gobierno del ultraliberal Javier Milei.
“Esta condena es el resultado de un proceso viciado, direccionado desde su origen para lograr un objetivo político: proscribir a la mujer que más veces ganó en las urnas desde la recuperación democrática”, escribió Dalbón en la red social X, al anunciar que acudirá también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La propia Kirchner acusó el martes de “monigotes” a los tres jueces de la Corte Suprema que fallaron en su contra y, ante una multitud de simpatizantes, aseguró que “la sentencia ya estaba escrita” antes del juicio.
Pareceres dispares
Desde Israel, donde está de gira, Milei comentó en X la decisión del alto tribunal: “Justicia. Fin”. También su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó: “Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia”.
Entretanto, cientos de simpatizantes de Kirchner se congregaron frente a su casa desde la mañana del miércoles, luego de que miles la acompañaran hasta la entrada la noche del día anterior tras conocerse el fallo.
La expresidenta salió ocasionalmente a saludar a los enfervorecidos seguidores desde el balcón.
Al mismo tiempo, médicos del hospital pediátrico Garrahan, que reclaman hace semanas mejoras salariales, se movilizaron en la tarde a la céntrica Plaza de Mayo junto a los jubilados, que llevaban a cabo una protesta semanal contra el gobierno de Milei.
“Hay compañeras que te dicen cómo voy a cuidar a otros chicos si no puedo cuidar al mío”, dijo a la AFP Yanina, una enfermera de 32 años que no dio su apellido, entre cantos a favor de Kirchner y carteles que acusaban “proscripción”.
Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires tomaron varias facultades el martes “en defensa de los derechos democráticos” y algunos sindicatos cortaron accesos a Buenos Aires.
Fuente: AFP
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Condenan a 14 y 12 años de cárcel a tres personas por intentar traficar 570 kilos de cocaína
Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado 12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.
El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.
Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.
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