El juez penal de garantías Raúl Florentín dictó este miércoles la prisión preventiva para René Olmedo, de 21 años, imputado por lesión grave luego de haber agredido a una joven con una copa de vidrio que lanzó en el local nocturno Morgan, de Asunción, por la madrugada del domingo pasado.
Olmedo guardará reclusión en la comisaría mientras se aguarda la confirmación del recinto penitenciario ya que, según el reporte, en el penal de Tacumbú ya no hay espacio para más reos. La imposición de medida se efectuó luego que la defensa del joven recusara al juez, y pidiera una inspección médica, tras descompensarse por un aparente ataque de pánico.
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Por su parte, el abogado Sergio Alegre, quien representa legalmente a la familia Olmedo, dijo que van a analizar qué acciones emprender a partir de la resolución del juez y cuestionó al tribunal por no haber tenido en cuenta los recursos que fueron presentados, no obstante la defensa tiene 3 días para presentar el recurso de apelación.
El abogado de Alegre refirió que su cliente no está en condiciones de guardar reclusión en una penitenciaría; sin embargo, la fiscal Natalia Cacavelos, en conversación con La Nación, confirmó que el joven se encuentra apto tanto física como psicológicamente para guardar reclusión. Olmedo presentó dos camionetas, dos inmuebles y una fianza en efectivo sin embargo, el juez dictó prisión.
En desarrollo.
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Ypytá: JEM está habilitado a investigar de oficio al juez Édgar Rivas por mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.
Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.
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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.
Las irregularidades
En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.
Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.
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Condenan a 16 años de prisión a un hombre por abuso sexual de su hijastra menor de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, acusó a un hombre de 34 años por el abuso sexual de una menor de edad y el mismo fue condenado a 16 años de prisión tras el juicio oral que culminó ayer en el complejo edilicio judicial de Ciudad del Este.
La víctima es una hijastra del sentenciado y fue sometida a un sistemático abuso que se extendió durante dos años aproximadamente, según se expuso en el juicio.
La fiscal presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Lourdes Morínigo, Flavia Lorena Recalde y Evangelina Villalba. Tras el análisis de los elementos producidos durante el enjuiciamiento, el colegiado determinó la responsabilidad penal del acusado.
Los hechos juzgados se iniciaron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años, y se extendieron hasta 2023, en la vivienda familiar, ubicada en Minga Guazú. El hombre aprovechaba las ocasiones en que quedaba a solas con la niña para cometer los abusos sexuales, que consistían en manoseos de sus partes íntimas.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público el 24 de marzo de 2025, a través del servicio telefónico 147 del Ministerio de la Niñez. Posteriormente, la fiscal Vivian Coronel dispuso que la víctima sea sometida a evaluaciones médica y psicológica.
El informe psicológico señala alteración emocional relacionada con los hechos denunciados, con perturbaciones en el sueño, insomnio, sentimiento de inseguridad, angustia y dificultad en la atención. Además, refiere indicadores de daños psicológicos relacionados con los hechos de abuso sexual.
A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía presentó acusación por abuso sexual en niños, y tras el juicio oral, el Tribunal de Sentencia resolvió dictar el fallo condenatorio de pena privativa de libertad.
La identidad del condenado no se divulga en protección de la víctima, teniendo en cuenta que la relación familiar, según indica el Código de la Niñez.
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Metrobús: tribunal rechazó chicana de Wiens y confirmó al juez Humberto Otazú
El Tribunal de Apelación Penal rechazó la chicana del imputado por lesión de confianza, Arnoldo Wiens, y confirmó al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, para que siga llevando adelante el presente proceso penal. El citado magistrado tendrá que resolver varios incidentes pendientes y fijar la fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el acusado irá a juicio oral.
Wiens y su defensa alegaron una supuesta falta de imparcialidad, cuestionando que el juzgado haya recibido el escrito de acusación mientras aún había incidentes pendientes de resolución. En su momento, el juez Otazú aclaró que solo se tuvo por presentada la acusación para ponerla a disposición de las partes y que la audiencia preliminar se pospuso para resolver todas las cuestiones previas.
El Tribunal de Apelación fundamentó que el pedido carecía de sustento, no violaba garantías procesales y solo buscaba efectos dilatorios, por lo que resolvió ratificar la competencia del juez Otazú.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes. Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti sostienen que Wiens recibió en el 2018 un proyecto con el 40 % de avance por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, las decisiones de Wiens mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Definirán si funcionario de Diputados y otros van a juicio por estafa
A las 08:45 de este viernes está previsto el inicio de la audiencia preliminar para varios acusados por los delitos de estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. El caso se enmarca en una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. Los acusados son William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados; la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
En esta diligencia se definirá si los tres afrontarán un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación, al argumentar que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una condena.
La convocatoria judicial se desarrollará ante el juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, quien ya no puede permitir que se siga dilatando el proceso penal.
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Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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