El juez penal de garantías Raúl Florentín dictó este miércoles la prisión preventiva para René Olmedo, de 21 años, imputado por lesión grave luego de haber agredido a una joven con una copa de vidrio que lanzó en el local nocturno Morgan, de Asunción, por la madrugada del domingo pasado.
Olmedo guardará reclusión en la comisaría mientras se aguarda la confirmación del recinto penitenciario ya que, según el reporte, en el penal de Tacumbú ya no hay espacio para más reos. La imposición de medida se efectuó luego que la defensa del joven recusara al juez, y pidiera una inspección médica, tras descompensarse por un aparente ataque de pánico.
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Por su parte, el abogado Sergio Alegre, quien representa legalmente a la familia Olmedo, dijo que van a analizar qué acciones emprender a partir de la resolución del juez y cuestionó al tribunal por no haber tenido en cuenta los recursos que fueron presentados, no obstante la defensa tiene 3 días para presentar el recurso de apelación.
El abogado de Alegre refirió que su cliente no está en condiciones de guardar reclusión en una penitenciaría; sin embargo, la fiscal Natalia Cacavelos, en conversación con La Nación, confirmó que el joven se encuentra apto tanto física como psicológicamente para guardar reclusión. Olmedo presentó dos camionetas, dos inmuebles y una fianza en efectivo sin embargo, el juez dictó prisión.
En desarrollo.
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Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Golpe al narcotráfico: Senad destruye más de 500 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero
Como anticipo jurisdiccional de prueba, se llevó a cabo la destrucción de sustancias estupefacientes en la sede local de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El procedimiento se realizó en el marco de una causa penal por violación a la Ley N.° 1340/88, tras la incautación de marihuana el pasado 25 de junio de 2026 en el barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La agente fiscal Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, participó en este acto judicial desarrollado en la “Terraza del País”.
La diligencia se ejecutó bajo estricto control del juez Penal de Garantías, Juan Martín Areco Torraca, y contó con la presencia del abogado defensor, un perito químico y un agente antinarcóticos de la Policía Nacional.
Antes de proceder a la quema, se realizó la extracción de muestras para el análisis químico definitivo y se determinó el peso total de la droga incautada, el cual ascendió a 504,7 kilogramos.
El juzgado ordenó la destrucción del cargamento tras asegurar una porción mínima de la sustancia para ser agregada como evidencia a la causa.
Igualmente, la presente investigación seguirá su curso y no se descarta que en los próximos días se realice varias diligencias investigativas para tratar de llegar hasta los responsables de la carga de marihuana.
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Tobilleras electrónicas contribuyen a reducir reincidencia y hacinamiento penitenciario
El juez William J. Nelson, del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana, Estados Unidos, destacó las bondades de las tobilleras electrónicas durante el Simposio Internacional “Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna” realizado en nuestro país.
“Las tobilleras electrónicas incidieron en reducir la reincidencia hasta un 31 % en personas sometidas a monitoreo electrónico, además de contribuir a disminuir la sobrepoblación carcelaria, reservando estos espacios para los casos de mayor riesgo”, explicó el magistrado.
Añadió que también favorece a la rehabilitación y reinserción social, permitiendo que las personas mantengan empleo y responsabilidades familiares mientras cumplen medidas judiciales.
Sin embargo, aclaró que el monitoreo electrónico no reemplaza la acción de la justicia, sino que constituye como una herramienta complementaria que fortalece el control, el cumplimiento de las medidas judiciales y la protección de la comunidad.
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En Paraguay, el sistema de monitoreo electrónico continúa avanzando como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de medidas judiciales y la protección de víctimas.
Desde su puesta en funcionamiento a finales de 2024, se registraron 355 tobilleras electrónicas instaladas, de las cuales 225 ya fueron desinstaladas tras el cumplimiento de las medidas correspondientes, mientras que 130 permanecen activas.
La infraestructura tecnológica que sustenta el sistema es operada por el Consorcio Track, integrado por empresas paraguayas referentes en tecnología, entre ellas TSV - Tecnología Seguridad y Vigilancia del Paraguay, que participó en el desarrollo e implementación de la solución utilizada por el Estado paraguayo.
El sistema incorpora tecnología de monitoreo electrónico de última generación, incluyendo dispositivos GPS, geolocalización en tiempo real, geocercas y alertas automáticas.
El simposio fue impulsado por el Ministerio del Interior de nuestro país, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
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Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
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