Los fiscales Irene Álvarez, Carlos Maldonado y Gedeon Escobar formularon imputación por homicidio doloso y hurto agravado contra los ciudadanos bolivianos Víctor Álvaro Roca Vargas y Cristian Ricaldi, principales sospechosos del crimen del ruso Mikhael Vasilievich Legotkin, quien desapareció de su casa en Emboscada el pasado 3 de febrero pasado.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los dos extranjeros que ahora deberán aguardar el llamado del Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares. La imputación se presentó una vez que los dos bolivianos se presentaron en sede del Ministerio Público.
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Los extranjeros fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando estaban tratando de reagendar un vuelo a Bolivia; en ese momento fueron sorprendidos por agentes de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.
El comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, señaló que el detenido Roca Vargas sería la persona que abandonó la camioneta del ciudadano ruso en inmediaciones del hospital de Villa Elisa. Agregó que los extranjeros ingresaron al país el pasado 22 de enero y estuvieron en un hospedaje por tres días.
Hay que señalar que esta madrugada en un baldío en la ciudad de Ypané se realizó una excavación donde se encontraron dos bolsones con restos que corresponderían al ciudadano ruso.
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Autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial analizan fortalecer uso de tobilleras electrónicas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.
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Congreso remite informe de la CBI Antilavado al BCP y a la Contraloría
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.
No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.
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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.
Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.
A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
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Imputan a un joven por estupro y a la madre de la víctima por presunta complicidad
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó a un joven de 22 años por estupro, después de haber convivido como pareja con una adolescente de 14 años, cuya madre también fue imputada por violación del deber de cuidado. La menor de 14 años está embarazada, de un mes aproximadamente, según revisión médica que se le realizó en el Hospital Distrital de Santa Rita.
El caso se inició con la denuncia que realizó la mujer por la desaparición de su hija adolescente, en Naranjal. La fiscalía tomó conocimiento del hecho y supo de la existencia de un supuesto exnovio y que la menor ya estuvo viviendo un mes con él, en un inquilinato del municipio de Naranjal.
De acuerdo a los datos recabados por la agente fiscal, la madre habría estado amenazando al joven para el pago de un dinero, que ella está investigando en qué concepto se adeudaba. En medio de esa situación, la adolescente habría regresado a su casa, pero su madre presentó igual la denuncia de su supuesta desaparición, refirió la fiscal María del Carmen Meza.
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Aparentemente, la menor de edad, al saber que su madre hizo la denuncia, a las 23:00 salió de su casa y un motociclista la acercó hasta la casa de quien era la supuesta suegra, en el distrito de Santa Rita. Fue esta mujer la que acompañó a la víctima hasta la comisaría de Santa Rita, al saber que estaba siendo buscada.
La agente del Ministerio Público indicó que el joven de 22 años y la adolescente de 14 años, si bien vivían en un inquilinato de Naranjal, ya habían estado por Santa Rita, por trabajos del joven. Según la fiscala, con anuencia de la madre es que la víctima estuvo viviendo ya un mes con el joven y está investigando si no fue la misma madre la que contrató el alquiler.
Acoso sexual
Por otro lado, la víctima contó a la agente fiscal que no quiere volver a la casa de su madre porque su padrastro la perseguía y la acosaba. “Son muchos elementos que estamos encontrando en la investigación, aparentemente situaciones terribles que ya estuvo sufriendo esta menor hasta llegar a vivir ya en pareja, a tan corta edad”, manifestó la agente fiscal de Iruña.
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Informe de la CBI ya se encuentra en poder de la Fiscalía
Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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