La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.

Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.

El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.

Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.

Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.

El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.

La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.

La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.

El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.

El hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en una gala de periodistas en Washington se tomó una selfi en su habitación de hotel momentos antes de vulnerar la seguridad y tratar de ingresar armado al evento, indicaron los fiscales del caso. Cole Allen lanzó su ataque justo después de las 20:30 del sábado, tras bajar de la su habitación en el Washington Hilton, el mismo hotel donde estaban Trump, su esposa Melania y otros invitados a la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El hombre de 31 años fue detenido en medio de un caótico altercado con guardias de seguridad. Hubo disparos, pero nadie murió. Según los fiscales, al llegar a la habitación del Hilton, Allen escribió sorprendido por lo que consideraba la escasa seguridad del hotel. Dijo que había entrado “con múltiples armas y ni una sola persona aquí contempla la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza”.

Allen pasó sus últimos minutos consultando sitios web que informaban sobre el paradero de Trump, armándose y posando para una selfi que tomó con un teléfono móvil frente al espejo de su habitación. Una copia de la foto lo muestra vestido de negro, con corbata roja y un cuchillo, una funda para pistola en el hombro y lo que las autoridades describieron como una bolsa para municiones.

Al salir de su habitación, se enviaron correos electrónicos programados a amigos y familiares con un manifiesto que explicaba sus motivaciones. Cole Allen puede enfrentar una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump. Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia del lunes en una corte federal en Washington. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

Fuente: AFP.

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron como un “error táctico” la autoría de un atentado que causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. El Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de exmiembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, aseguró la noche del martes en un comunicado que el hecho ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a “errores” en sus maniobras militares.

“Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna”, señala el texto. Los explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos. Una fuente del ejército dijo a la AFP que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país. La oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó el miércoles al gobierno a “proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques”. También a los grupos armados a “cesar cualquier ataque”. El principal responsable del atentado mortal del sábado, alias “Mi Pez”, fue capturado el martes.

Petro aseguró que el ataque buscaba desestabilizar al país poco antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales el 31 de mayo, en las que la izquierda apuesta por conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022. Por ley, Petro no puede reelegirse, pero Iván Cepeda, candidato de su partido, es favorito en las encuestas para los comicios en los que enfrenta a los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El gobierno y su heredero político sugieren que los ataques favorecen a la “extrema derecha” de cara a las elecciones. De su lado, la oposición responsabiliza al presidente de la violencia al señalarlo de ser negligente con los grupos armados. En numerosos mensajes y declaraciones, Petro ha acusado de injerencia indebida al gobierno de derecha de Ecuador con el que sostiene una guerra arancelaria y de declaraciones.

Petro pidió investigar si los explosivos usados en el ataque del sábado venían de ese país y ha publicado imágenes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana. “Noboa es el encargado de violentar a Colombia”, escribió el mandatario en X sin presentar evidencias.

Noboa, por su parte, señaló el miércoles a su par colombiano de impulsar una “incursión” guerrillera en la frontera común, sin precisar mayores detalles. Petro negó de inmediato las acusaciones y las calificó como “mentiras”. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Por Ecuador pasa el 70 % de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa.

Fuente: AFP.