Ratifican condena de Rubén González Chávez, hijo de OGD
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El Tribunal de Apelación conformado por los jueces Bibiana Benítez, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander ratificó la condena de 8 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito del actual concejal de Luque Rubén González Chávez, hijo del exsenador Óscar González Daher (OGD).
Asimismo, el colegiado ratificó el comiso especial contra el exlegislador Óscar González Daher y con ello se debe ejecutar la sentencia sobre los bienes del fallecido. Igualmente, se extingue el presente proceso penal para OGD por su fallecimiento.
Ahora la defensa del hijo del exparlamentario puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia buscando anular las resoluciones de primera y segunda instancia.
Cabe destacar que el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda Morel condenó al exsenador Óscar González Daher a 7 años de prisión y a su hijo Óscar González Chávez a 8 años de cárcel tras ser encontrados culpables por lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito.
El magistrado Riera explicó que se presentaron muchas evidencias, al menos 78 tomos de carpeta fiscal, además de otras cajas, a lo que se suman 50 testigos. Dentro de las pruebas documentales, muchas no servían, por lo que debieron escarbar para llegar a la verdad.
Corte Suprema rechazó hábeas corpus de Erico Galeano
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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de hábeas corpus preventivo promovida por el exsenador Erico Galeano Segovia, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y otros. La resolución lleva la firma de Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.
Con la resolución judicial se encamina para que se realice la audiencia de revisión de medidas solicitada por los fiscales del presente caso quienes solicitaron la prisión del exparlamentario.
En horas de la mañana y a través de un hábeas corpus preventivo, los abogados del exsenador solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prohíba la modificación de su libertad, ante el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak requirieron la prisión del exsenador en la causa en la que fue condenado a 13 años de cárcel por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Además, la defensa presentó un recurso contra la convocatoria realizada por el Tribunal de Sentencia para llevar adelante la audiencia de revisión de medidas.
Los abogados Luis Almada y Rodrigo Estigarribia sostienen que la citación fue realizada con base en un artículo del Código Procesal Penal que solo puede ser utilizado para solicitar una excarcelación y no para analizar una prisión preventiva.
En el hábeas corpus, la defensa argumentó que el pedido de prisión preventiva se basa en sentencias de primera y segunda instancia que aún no están firmes, debido a que fueron recurridas ante la Corte Suprema de Justicia.
Condenan a 8 años de cárcel por lavado de dinero a Jaime Franco, vinculado al crimen del fiscal Pecci
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El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, condenó a Jaime Franco a la pena de 8 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. En su momento, se sospechó que el hoy condenado habría sido el autor moral del asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
Franco fue acusado por el Ministerio Público luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre de 2020, en un caso que guarda relación con la muerte del fiscal Pecci.
En sus alegatos, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena máxima de 5 años de cárcel para Jaime Franco (quien ya cumple una condena de 18 años por narcotráfico). La causa se deriva de una requisa realizada en octubre de 2020 en la penitenciaría de Tacumbú, ocasión en la que se hallaron importantes sumas de dinero y otros objetos en la celda de Franco.
El representante del Ministerio Público sostuvo que se probó el hecho punible de lavado de dinero y solicitó el comiso de las sumas incautadas, consistentes en G. 188.421.000 y USD 10.050, además del comiso de dos teléfonos celulares.
Asimismo, el agente requirió el comiso por valor sustitutivo hasta alcanzar la suma de USD 20.000, considerando la adquisición de un vehículo a nombre de Alicia Ferreira, quien formaba parte del equipo criminal de Franco. El rodado no pudo ser hallado durante la investigación, motivo por el cual se solicitó dicha medida.
Según la hipótesis fiscal, el dinero proviene de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, así como de transferencias de divisas de ese origen que carecen de sustento legal.
El pleno de la Corte ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Foto: Gentileza
Corte confirma juramento del síndico Bernardino Caballero
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Al no presentarse ningún cuestionamiento, se lo citó para este miércoles a fin de que preste el juramento correspondiente.
De esta manera, los ministros de la Corte dejaron en claro que respetaron íntegramente el proceso realizado por el órgano encargado de conformar las ternas. Esta ratificación surge a raíz de una nota presentada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien había solicitado suspender el juramento hasta que se esclareciera el caso durante la sesión de los altos magistrados.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó a la ciudadanía que el síndico Caballero reúne y cumple con todos los requisitos para haber sido ternado y, posteriormente, confirmado en el cargo.
Dictamen del Consejo
El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó sentado que Bernardino Caballero reúne los requisitos legales para integrar la terna y ser confirmado en la función que desempeña desde hace varios años. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar su continuidad.
Asimismo, la asesoría del Consejo señaló que, para el cargo de agente síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en Ciencias Contables y Administrativas. Esto se desprende del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa: “Los síndicos adjuntos y agentes síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo”.
El Tribunal de Apelación integrado por Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, ratificó la condena de 13 años de cárcel para el senador con permiso Erico Galeano, quien fue encontrado culpable en primera instancia por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
La resolución de segunda instancia no hizo lugar a los agravios planteados por la defensa, al considerar que se cumplieron debidamente las normas procesales y penales, sin advertir errores u omisiones que invaliden la sentencia. Agrega que el fallo condenatorio reúne los requisitos formales y se sustenta en una valoración probatoria ajustada a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.
Ahora la defensa del parlamentario tendrá la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los integrantes del máximo tribunal quienes tendrán la última palabra.
El legislador fue sentenciado en marzo de este año tras comprobarse en juicio oral que brindó apoyo operativo a la organización criminal entre los años 2020 y 2021, recibiendo beneficios económicos e invirtiendo G. 10.370 millones en el Club Capiatá, donde integraba la Comisión Directiva. Asimismo, se acreditó que en octubre de 2020 vendió un inmueble en Altos por USD 1 millón en efectivo a Hugo González Ramos, señalado como testaferro de “Tío Rico”, con conocimiento del origen y condiciones de la operación.