El Tribunal de Apelación conformado por los jueces Bibiana Benítez, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander ratificó la condena de 8 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito del actual concejal de Luque Rubén González Chávez, hijo del exsenador Óscar González Daher (OGD).
Asimismo, el colegiado ratificó el comiso especial contra el exlegislador Óscar González Daher y con ello se debe ejecutar la sentencia sobre los bienes del fallecido. Igualmente, se extingue el presente proceso penal para OGD por su fallecimiento.
Ahora la defensa del hijo del exparlamentario puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia buscando anular las resoluciones de primera y segunda instancia.
Condena
Cabe destacar que el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Portillo, Jesús Riera y Yolanda Morel condenó al exsenador Óscar González Daher a 7 años de prisión y a su hijo Óscar González Chávez a 8 años de cárcel tras ser encontrados culpables por lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito.
El magistrado Riera explicó que se presentaron muchas evidencias, al menos 78 tomos de carpeta fiscal, además de otras cajas, a lo que se suman 50 testigos. Dentro de las pruebas documentales, muchas no servían, por lo que debieron escarbar para llegar a la verdad.
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Dalia López es condenada a dos años, pero no pisará la prisión
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la Justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impusieron millonarias donaciones a instituciones de salud.
Se dispuso la entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
También le impusieron medidas como la prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
ANTECEDENTES
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados.
En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos. López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026.
Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Congreso destituye a Santiago Peña
Santiago Peña fue destituido este viernes de su cargo de presidente de la República, por voto nominal y por unanimidad en el juicio político por mal desempeño de funciones al que fue sometido en el Senado.
Tras un largo debate, los senadores declararon culpable a Peña del mal desempeño de sus funciones por su responsabilidad en la crisis financiera desencadena por la resolución de ueno bank, por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), el martes 3 de noviembre, afectando a más de millones de paraguayos.
La destitución se produce luego de dos días de debate parlamentario, en las que los fiscales acusadores expusieron sus cuestionamientos a la gestión presidencial y sus presuntos vínculos con las irregularidades financieras investigadas en ueno bank y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
Los abogados que ejercieron la defensa del exmandatario intervinieron, tras escuchar los alegatos finales de los fiscales acusadores. Cuestionaron que el libelo acusatorio no tuvo pruebas contra el gobernante, acusado de mal desempeño de funciones y señalaron que el enjuiciamiento tuvo tinte político.
Peña presentó su renuncia a la presidencia el jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de una grave crisis política y financiera provocada por la intervención y cierre del intervenido ueno bank.
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Los fiscales acusadores -designados por la Cámara Baja- fueron Rocío Vallejo (Partido Patria Querida); Raúl Benítez (independiente); Mauricio Espínola (ANR -Añetete); Carlos Núñez Salinas (ANR - Fuerza Republicana), y los liberales Rodrigo Blanco, Adrián “Billy” Vaesken, Luis “Freddy” Franco, y Pedro Gómez.
El proceso del juicio político que derivó a la destitución de Peña tuvo cinco sesiones extraordinarias desarrolladas en ambas Cámaras del Congreso.
La primera se realizó ayer jueves con el juramento del Tribunal juzgador y la presentación de la acusación; la segunda se realizó hoy viernes con la defensa del Santiago Peña a través de sus dos abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro; durante la tercera sesión se desarrolló la evaluación de las pruebas presentadas por los diputados; la cuarta, la presentación de los alegatos finales. En la quinta sesión y la última se decidió la destitución del presidente Peña, con 44 votos en forma unánime.
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Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue hecha este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
El pedido comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, Vinanzas S.A., ITTI S.A.E.C.A. y otras empresas.
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La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal integrado por Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designado mediante la Resolución FGE n.º 4393, del 3 de noviembre de 2026. En el documento, la representación fiscal requirió que los informes sean remitidos en formato digital dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota.
El pedido de información se realiza en el marco de las diligencias investigativas destinadas a reunir antecedentes financieros y societarios relacionados con los hechos objeto de la causa.
En el presente caso están imputadas 27 personas, entre ellas los principales directivos de la firma ueno bank, Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelos González y Miguel Ángel Almada.