El juez penal de garantías Miguel Palacios decretó la prisión preventiva de Sebastián Carballo, imputado por tenencia, tráfico internacional y comercialización de drogas y asociación criminal. El procesado fue aprehendido en Pedro Juan Caballero y sería uno de los soldados del condenado Tomás Rojas Cañete, quien manejaba una organización desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El fiscal antidrogas Ysaac Ferreira había imputado a Carballo el 11 de junio del 2015, por lo que el imputado estaba prófugo de la justicia y, en su momento, se declaró su rebeldía y se ordenó la captura nacional e internacional. El sujeto fue detenido en el departamento de Amambay y las autoridades policiales han comunicado al juzgado sobre la detención del buscado. En ese sentido, el juez Palacios ordenó la prisión del mismo.
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Carballo estaría dentro del esquema criminal que se había desbaratado en junio del 2015 por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), encabezado por el fiscal Ferreira, en Ciudad del Este, donde fueron detenidos los hijos de Tomás Rojas, quien manejaba el esquema desde la cárcel de Tacumbú.
También están involucrados en el presente caso: Lilio Sanabria Espínola, Pedro Britos Romero, Nery Rafael Dávalos, Robert Rojas Dávalos, Delis Gustavo Sanabria Espínola, Gerardo Sanabria Espínola y Francisco Javier Sanabria Espínola.
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Juez autoriza tener contacto con el abogado del “Chapo” Guzmán
Tras meses de no recibir respuestas a los reclamos por parte de las autoridades judiciales, la defensa del “Chapo” Guzmán hizo pública una carta en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa acusaba a las autoridades de confiscar su correspondencia e impedirle el contacto con su representante legal.
“La Justicia estadounidense autorizó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a recibir la visita de su nuevo abogado defensor, Israel José Encinosa, en el penal de súper máxima seguridad del estado de Colorado, donde purga una pena de prisión perpetua”, informó el medio Milenio, que se hizo eco a través de RT.
A continuación, el portal de origen ruso da cuenta que el abogado logró la autorización para realizar llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente.
El juez federal Brian Cogan, responsable del juicio contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, autorizó la petición y en el texto se precisa que el abogado fue “autorizado para reunirse en persona con el Sr. Guzmán Loera en el ADX-Florence", y se puntualiza que “no existen cuestiones pendientes respecto a la comunicación entre abogado y cliente entre el Sr. Guzmán Loera y el abogado que suscribe”.
La carta
Según el medio digital, “la semana previa se hizo público el contenido de una carta manuscrita que remitiera el capo a Cogan, en la que acusaba a las autoridades del penal de bloquear su correspondencia y el contacto con su nuevo representante legal, y le pedía a Cogan su intervención. Este respondió que debía agotar otras instancias administrativas".
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En 2019, el juez Brian Cogan sentenció a Guzmán Loera a cadena perpetua tras haberlo encontrado culpable de varios cargos de narcotráfico.
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Corte debe destrabar chicanas de Giuzzio en caso de coima narco
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe destrabar el proceso penal que enfrenta el exministro abdista Arnaldo Giuzzio por cohecho pasivo agravado, por sus supuestos vínculos con el sindicado narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
La defensa del extitular del Ministerio del Interior había recusado a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, quienes deben decidir sobre la competencia de los jueces de sentencia Adriana Planás y Matías Garcete, que a su vez fueron recusados por el exfuncionario, quien ejerció varios cargos públicos en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La apelación contra la decisión que había confirmado a los jueces de sentencia Adriana Planás y Matías Garcete obstaculiza que se pueda llevar adelante el juicio oral y público en contra de Giuzzio. De acuerdo a las últimas informaciones, la Sala Penal está avanzando en el estudio de la recusación contra los integrantes del Tribunal de Apelación.
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, al inicio del juicio oral, que se incluyan como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado ante los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, para la provisión de servicios y equipamientos a la Policía Nacional.
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Trasladan a cómplice de Epstein a una prisión menos estricta
Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue trasladada a una prisión de Texas, menos estricta que la de Florida donde cumplía condena, informaron ayer viernes las autoridades penitenciarias. No se dio a conocer el motivo del traslado, ocurrido una semana después de que el número dos del Departamento de Justicia se reuniera con Maxwell para hacerle preguntas sobre Epstein.
Este financiero fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual. “Podemos confirmar que Ghislaine Maxwell se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones” en Bryan, Texas, declaró un portavoz de esta oficina.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, interrogó a Maxwell durante dos días en un tribunal de Florida la semana pasada, algo sumamente inusual entre un delincuente convicto y un alto funcionario de Justicia. Blanche se ha negado a revelar de qué hablaron. El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó que ella respondió todas las preguntas.
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Maxwell se ha ofrecido a testificar ante el Congreso sobre Epstein si se le otorga inmunidad y, según la prensa, solicitó un indulto de Trump, quien se movió en los mismos círculos que Epstein en Nueva York. La exmiembro de la alta sociedad británica cumple una condena de 20 años dictada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein.
Dos mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por Epstein y Maxwell, y la familia de otra víctima que se suicidó recientemente condenaron el traslado de prisión en un comunicado. “Con horror e indignación nos oponemos al trato preferencial que ha recibido la traficante sexual condenada, Ghislaine Maxwell”, declararon Annie y Maria Farmer y la familia de Virginia Giuffre.
“Nunca debería ser objeto de indulgencia”, declararon. “Esta medida huele a encubrimiento. Las víctimas merecen algo mejor”, se quejan. Tim Hogan, del Comité Nacional Demócrata, también denunció lo que calificó de “encubrimiento gubernamental en tiempo real”. “El FBI (policía federal) de Donald Trump, dirigido por su leal Kash Patel, omitió el nombre de Trump de los archivos de Epstein, que aún no se han publicado”, declaró Hogan.
Los demócratas y parte del movimiento conservador MAGA (acrónimo en inglés de “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande”) acusan al gobierno de intentar encubrir a las élites al no revelar detalles del caso. Están enfurecidos desde que el FBI y el Departamento de Justicia afirmaron en julio que Epstein se suicidó en prisión, no chantajeó a ninguna personalidad ni tenía una “lista de clientes”.
Trump asegura haberse distanciado de Epstein porque le “robó” empleadas del spa de su resort de Mar-a-Lago en Florida. Una de esas chicas era Giuffre, quien se suicidó en abril. Su familia pidió a Trump que no indulte a Maxwell, y la tachan de “monstruo que merece pudrirse en prisión el resto de su vida”.
Fuente: AFP.
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Expresidente colombiano Uribe sentenciado a 12 años de prisión
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.
El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.
La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.
“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.
Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.
El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.
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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.
Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.
“De la peor manera”
Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.
“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.
“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia
Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.
En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.
- Fuente: AFP
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