La agente fiscal Sandra Ledesma apeló la resolución del juez Enrique Sanabria, quien otorgó medidas alternativas a la prisión a Ramón González Daher, imputado por denuncia falsa en el marco de una investigación por aprietes con cheques.
Ahora será un tribunal de apelación de feria de Central el que tendrá que decidir si ratifica la determinación adoptada por Sanabria o revoca y ordena la prisión preventiva del imputado. La representante del Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la resolución del citado magistrado por lo que solicitó al tribunal de alzada que González Daher sea privado de su libertad.
La agente fiscal indicó que el mismo tiene el perfil y los recursos para obstruir la investigación penal por lo que debe estar privado de su libertad para que se pueda realizar las diligencias que permitan sostener una acusación.
Ramón González Daher también está imputado por el robo de evidencias del Juzgado de Delitos Económicos de Asunción, por quebrantamiento del depósito y cuenta con una condena de 15 años de cárcel que se encuentra pendiente de confirmación en el Poder Judicial, tras ser apelada por la defensa del condenado.
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Imputan a presuntos microtraficantes tras allanamientos en San Antonio
El agente fiscal Fernando Meyer encabezó un operativo que derivó en la detención de tres personas, presuntamente dedicadas al microtráfico de drogas, así como en la incautación de sustancias estupefacientes, armas y dinero en efectivo.
Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios San Roque y La Merced de la ciudad de San Antonio, en coordinación con la Oficina Técnica n.° 1 de Ñemby de la Policía Nacional, en el marco del Plan contra el Abuso de Drogas – Sumar.
Durante los allanamientos, la comitiva fiscal-policial logró incautar cocaína y crack, un revólver calibre 32, además de dinero en efectivo en diversas denominaciones y otros enseres relacionados con la comercialización de estupefacientes.
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En el marco de los procedimientos, resultaron detenidos un hombre de 40 años, un joven de 20 años y una adolescente de 17 años. El primero fue imputado por los hechos punibles de posesión y comercialización de drogas, así como por tenencia de arma de fuego, conforme al artículo 260 de la Ley 7411/24. Los demás detenidos también fueron imputados por hechos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
La Fiscalía solicitó al juzgado la medida cautelar de prisión preventiva para las personas mayores de edad y medidas socioeducativas para la adolescente.
Ahora se deberá convocar a los adultos a un audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son derivados a una penitenciaria o son beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
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Juez decretó la prisión en la Senad de Hernán Bermúdez, alias “Comandante H” o “El Abuelo”.
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva del capo narco mexicano, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, quien pasará a guardar reclusión en la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad). La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Igualmente, durante la audiencia, el juez Legal puso a conocimiento de Bermúdez que podía prestar su acuerdo para la extradición abreviada, pero el capo narco mexicano se negó a someterse a la misma y por ende se dio inicio al proceso de extradición ordinario en el que el país requirente tendrá que presentar toda la documentación para poder hacer lugar a la extradición.
El operativo de precisión se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento.
Detención
El exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco (sureste), Hernán Bermúdez Requena, fue capturado en un barrio cerrado en Mariano Roque Alonso. El detenido está acusado de ser jefe de la banda criminal La Barredora, ligada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y quien salió de México para escapar de la justicia desde enero pasado.
Sobre Bermúdez Requena pesaba una ficha roja emitida por la Interpol a mediados de julio pasado para dar con su paradero. Se le acusa “de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco”.
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Supuesta autora de filicidio se abstuvo de declarar
En la mañana de este jueves se presentó en la sede del Ministerio Público la mujer detenida tras asesinar a su hijo de solo 42 días de nacido. El hecho se había registrado ayer miércoles en horas de la tarde en el barrio Pa’i Ñu de la ciudad de Ñemby.
La presunta autora del suceso fue identificada como Tania Alejandra Elena Giménez Ocampo, de 21 años de edad, quien, si bien se presentó para su audiencia ante la fiscal Laura Guillen, la misma se abstuvo de declarar.
Si bien se trata de un caso de filicidio, la carátula de la causa abierta para la investigación es la de homicidio doloso, por lo cual se podría exponer a una pena privativa de libertad de entre cinco a veinte años, dependiendo de las circunstancias y agravantes que se tengan en cuenta a la hora del juicio.
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Paralelamente a la investigación abierta para aclarar en qué circunstancias se habría dado el homicidio del pequeño, las autoridades intervinientes también han ordenado que la mujer sea sometida a una serie de pruebas psicológicas y pericias psiquiátricas para determinar si la misma se encontraba en un estado mental vulnerable en el momento de cometer el hecho.
Según las declaraciones de la pareja de la joven, la misma le habría enviado varios mensajes sobre que acabaría con la vida del bebé y posteriormente con la suya, y que posteriormente le envió imágenes sobre el hecho, por lo que alertó a la Policía Nacional para que interviniera, ya que el mismo se encontraba en su lugar de trabajo.
Al llegar los efectivos policiales, encontraron a la mujer sentada en la cama cubierta de sangre y sosteniendo al menor en sus brazos, y los intervinientes tuvieron que arrebatarle al bebé para que fuera auxiliado, ya que ella no quería soltarlo.
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Sobrinos de senadora: Fiscalía cita para el lunes a directora de Talento Humano
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.
La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.
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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.
Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.
Antecedentes
Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.
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