El juez penal de garantías. Gustavo Amarilla, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes de los imputados por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, Fernando Enrique Balbuena, hijo del exdiputado Elvis Balbuena; Reinaldo David Delvalle Mendoza, Julio Antonio Acevedo, Julio Alejandro Acevedo, Vyktor Melnyk, Críspulo Monzón y Luis Alberto Ávalos Meza. El pedido para decretar la referida medida cautelar fue solicitado por el agente fiscal Ysaac Ferreira.
Además, el juez Amarilla decretó la prohibición de innovar y contratar, así como el secuestro sobre los bienes incautados y secuestrados. Los bienes comisados son: un automóvil BMW, modelo 530 D 2009, una camioneta Volkswagen Amarok, color negro, a favor de Fernando Balbuena; un automóvil Nissan March, color plata, a favor del mismo; un automóvil Toyota Fungcargo, color rojo, y un automóvil Hyundai HB20.
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También se ordenó el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositado en entidades bancarias o financieras y cooperativas, de todos los imputados.
Todos están involucrados en el tráfico internacional de drogas, cuya estructura fue desbaratada el domingo último en Eusebio Ayala, Cordillera y Fernando de la Mora, con la incautación de 943 kilos de cocaína en el primer sitio, siendo el presunto líder, Fernando Enrique Balbuena.
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Cinco imputados por el caso IPS ya cuentan con libertad ambulatoria
Cinco de los nueve imputados por lesión de confianza, debido a un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la compra de quirófanos modulares para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Por su parte, el fiscal Julio Ortiz adelantó que no apelará la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.
Los imputados beneficiados con la medida son el expresidente del IPS, Jorge Brítez; la exasesora jurídica, Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel; el exgerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda; y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López.
En todos los casos, el juez Estigarribia concluyó que no existe peligro de obstrucción a la investigación, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los procesados puedan afectar la obtención o conservación de pruebas. El magistrado también destacó que la investigación se inició hace varios años y que el Ministerio Público ya incorporó abundante documentación e informes que respaldan su hipótesis, sin identificar diligencias pendientes cuya realización dependa de la privación de libertad.
En cuanto al peligro de fuga, el juez fijó fianzas de G. 500 millones para cuatro de los imputados, mientras que para Jorge Brítez estableció una caución de G. 1.000 millones.
La causa se originó tras la imputación presentada por la Fiscalía contra los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares y obras de paneles solares.
Según la imputación, los procesados habrían suscrito adendas que permitieron extender plazos y emitir actas de recepción para que la firma Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato no podía concretarse.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Hambre Cero: analizan cambios en el porcentaje de compras para productores
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció que se analiza cambios en el decreto del Poder Ejecutivo del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las escuelas. El presidente de la República, Santiago Peña, lideró la reunión del Consejo de Alimentación Escolar (Conae) ayer jueves, ocasión en la que se evaluaron las modificaciones.
El ministro detalló que se planteó que sea el 10 % del monto total de la ejecución contractual del monto contratado, es decir, sobre la ejecución presupuestaria del monto contratado. En este porcentaje se incluye a los productos de la agricultura familiar como también los procesados.
“Se mantiene el 10 % como el mínimo de las compras de la agricultura familiar y de las mipymes sobre el monto ejecutado, pero se establece que el 7 % de las compras de la agricultura familiar sea de la compra directa del productor primario, pero se diferencia que el 3 % sea de las compras de productos procesados, y esto se estaba pudiendo cargar o considerar facturas por parte de la compra de proveedores sobre productos procesados”, indicó el ministro al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Así también, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las cargas de facturas de las compras que, de acuerdo al ministro Rojas, “ya a fines del año pasado el Consejo de Gobernadores y un grupo de proveedores habían plantearon lo que es la rendición de la facturación”.
El ministro explicó que las empresas proveedoras adquieren los productos de la agricultura familiar, como leche y poroto para posteriormente procesar, y son estos productos los que serán incluidos en el 3 % como parte de las compras. “Eso fue considerado y con eso estamos evitando que haya, primero que se compre producto de mala calidad que represente el peligro para el uso en la elaboración de la comida, hablando de la inocuidad y la importancia de la calidad de la comida que se le sirve a los chicos”, mencionó.
En ese contexto, se da el 7 % de forma directa de los productos de la agricultura familiar y el 3 % va dividido, el 2 % para la leche pasteurizada, 05 % para queso pasteurizado y el 0,5 % para el poroto, estos porcentajes cierran el 10 %, de acuerdo al ministro.
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Esperanza de sobrevivientes se apaga en Venezuela, que decreta siete días de duelo por sismos
La búsqueda de sobrevivientes se acerca a su fin en Venezuela una semana después de los terremotos que dejaron unos 2.000 muertos y miles de desaparecidos, en medio de la desolación y la urgencia de ayuda para los damnificados.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles una semana de duelo nacional por el doble sismo del 24 de junio, que deja casi 2.000 muertos y unos 50.000 desaparecidos.
“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (...) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy”, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.
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El rastreo infructuoso ha dado paso al silencio en zonas de Catia La Mar, un balneario del estado costero de La Guaira, corazón de la tragedia que provocaron los sismos de 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio.
Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de “deceased” (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para este tipo de desastres.
- Fuente: AFP
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