El abogado Jorge Bogarín González, defensor de Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y ahora en una nueva causa penal por hurto agravado y quebrantamiento de depósito por la desaparición de cheques de un juzgado, presentó un incidente de nulidad del acta de imputación y un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación.
A raíz de dicha presentación, la audiencia de imposición de medidas fijada para este jueves 13 de enero se suspenderá. La citada diligencia judicial se debería llevar a cabo ante el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla.
Por su parte, el juez Amarilla explicó: “Nosotros estamos señalando para mañana de tal manera de sustanciar, discutir el recurso de reposición planteado y en esa audiencia tendría que venir la fiscala (Natalia Cacavelos), el abogado defensor y escucharemos cuál es el agravio”, dijo el juez.
El 30 de diciembre del 2021, la fiscala Natalia Cacavelos presentó imputación contra Ramón González Daher por el hecho punible de quebrantamiento del depósito en calidad de instigador y por el hecho de extorsión en calidad de autor. Además, la agente fiscal solicitó medida de prisión preventiva.
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Estafa a colonos: se suspendió audiencia de acusados y querella pidió aplicar sanción por chicanas
Se suspendió la audiencia preliminar de tres acusados por la millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. Esta vez la diligencia judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse la diligencia judicial, por lo que el acto fue considerado como una chicana, más a los efectos de dilatar que el proceso penal pueda seguir su curso.
Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, la querella adhesiva representada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, solicitó al juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, la sanción disciplinaria por chicanero al acusado Ljubetic. Este pedido deberá ser estudiado por el citado magistrado.
Asimismo, en el presente caso están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados y quien sería uno de los cerebros de la megaestafa; y la abogada Ilse Paredes.
El Ministerio Público presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público. Sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en juicio oral y poder lograr una sentencia condenatoria.
Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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A Ultranza Py: se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche
Se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusada por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La audiencia se pospuso por pedido de la fiscal interina, María Irene Álvarez, quien tenía otros juicios ya fijados. El acto civil había sido programado por la jueza Rosarito Montanía con el fin de resolver si la causa se eleva a juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
El juzgado deberá establecer una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar. En dicha instancia, la Fiscalía expondrá su acusación y fundamentará el pedido de elevación a juicio.
Según la acusación fiscal, García Troche habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para sostener un elevado nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, constituir empresas y adquirir bienes de lujo durante su permanencia en Paraguay.
La Fiscalía sostiene que la entonces pareja de Marset se benefició de las ganancias ilícitas generadas por la organización criminal —liderada por el uruguayo y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”— y que, además, participó en la inserción de esos recursos dentro del sistema financiero nacional a través de estructuras empresariales y patrimoniales.
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Lambaré: turba de vecinos y familiares de aprehendidos en barrio Pantanal atacó a policías
Agentes de la Comisaría 17.ª Central fueron víctimas de un violento incidente en el barrio San Isidro, conocido como Pantanal, de Lambaré, cuando vecinos y familiares de tres aprehendidos intentaron impedir que la patrullera se llevara a los sospechosos hasta la comisaría.
Fueron atacados por una turba durante un procedimiento realizado alrededor de las 18:00 del domingo por un presunto hurto de una motocicleta en inmediaciones de las calles San Ignacio y Saraví. Un hombre que sufrió el robo de su motocicleta siguió a los supuestos delincuentes hasta la entrada del barrio Pantanal y ahí dio aviso a la policía.
Cuando llegaron los agentes, pidieron refuerzos e ingresaron al sitio y visualizaron a algunas personas transportando dos biciclos de dudosa procedencia. Uno de los ocupantes, que estaba remolcando la moto, cuando los agentes se acercaron, abandona la motocicleta aparentemente hurtada.
A partir de eso, los intervinientes ingresan a la zona y logran la aprehensión de tres sospechosos: Cristofer Garcete Delvalle (19), Cristian Nahuel Reyes (23) y Hernán Salvador Benítez (19).
El problema se originó cuando la policía intentó sacar a los aprehendidos del barrio; tanto los familiares como los vecinos se opusieron al procedimiento e intentaron evitar que los agentes se lleven a dichas personas.
Golpearon el móvil de la policía, pusieron una motocicleta como obstáculo, arrojaban piedras y se colgaban de la patrullera que sufrió daño en una de sus puertas. Los agresores también intentaron romper el parabrisas.
Debido a la presión de la turba, los policías optaron por retirarse y levantar las evidencias. Además, trasladaron a los aprehendidos a la sede de la Comisaría. Pero por seguridad, luego fueron derivados a la Comisaría 1.ª. de San Lorenzo.
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La motocicleta denunciada como hurtada es una Leopard HB 110 Buzz, de color gris, año 2021, matrícula 272AAKE, que fue recuperada durante el procedimiento. También fue incautada una motocicleta Kenton GL 150, modelo 2019, de color rojo, con matrícula 723HEF.
Según el reporte policial, los agentes acudieron tras una alerta del Sistema 911 y, con información proporcionada por la víctima, localizaron a los sospechosos cuando circulaban por la zona. Uno de ellos abandonó la motocicleta hurtada y huyó hacia un pasillo, ingresando posteriormente a una vivienda.
Los intervinientes lograron aprehenderlo luego de una persecución, aunque durante el procedimiento se produjo la resistencia de varias personas del lugar, quienes intentaron impedir el traslado del sospechoso. Posteriormente, rodearon la patrullera policial, lanzando objetos contra el móvil y colocando una motocicleta detrás para bloquear su salida.
Finalmente, los agentes lograron salir del lugar y aprehendieron a los otros dos sospechosos, trasladando a los tres hasta la sede policial junto con las evidencias. El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Penal n.º 01 de Lambaré, Nora Cubilla.
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Fijan audiencia preliminar para acusados por estafa a colonos menonitas
El próximo 21 de agosto, a las 08:45, se llevará a cabo la audiencia preliminar para el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, y otros acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Las víctimas de este caso son colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro. Además de Bogarín, están acusados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Asimismo, se espera que se realice la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín, procedimiento que podría aportar información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
La acusación
La acusación fiscal sostiene que los hechos comenzaron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Tras ganarse la confianza de los inversionistas, primero los desaconsejó de realizar la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert y ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico” integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso utilizados para sostener el engaño. Según la Fiscalía, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión basados en hechos inventados, afirmando que los Friesen habían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron la posesión de estos.
Los documentos presentados por los acusados —incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales— mantenían a las víctimas en una expectativa constante. Para sostener el esquema, se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.