El abogado Jorge Bogarín González, defensor de Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y ahora en una nueva causa penal por hurto agravado y quebrantamiento de depósito por la desaparición de cheques de un juzgado, presentó un incidente de nulidad del acta de imputación y un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación.
A raíz de dicha presentación, la audiencia de imposición de medidas fijada para este jueves 13 de enero se suspenderá. La citada diligencia judicial se debería llevar a cabo ante el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla.
Por su parte, el juez Amarilla explicó: “Nosotros estamos señalando para mañana de tal manera de sustanciar, discutir el recurso de reposición planteado y en esa audiencia tendría que venir la fiscala (Natalia Cacavelos), el abogado defensor y escucharemos cuál es el agravio”, dijo el juez.
El 30 de diciembre del 2021, la fiscala Natalia Cacavelos presentó imputación contra Ramón González Daher por el hecho punible de quebrantamiento del depósito en calidad de instigador y por el hecho de extorsión en calidad de autor. Además, la agente fiscal solicitó medida de prisión preventiva.
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Comisión del Senado inicia audiencias de postulantes para elegir al próximo contralor
La Cámara de Senadores inicia este jueves la ronda de audiencias públicas para evaluar las propuestas y perfiles de los candidatos a contralor y subcontralor general de la República. El proceso se encuentra a cargo de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el colorado Javier Zacarías, quien aseguró que la confección de las ternas se ejecutará de acuerdo a la idoneidad y la trayectoria de cada uno de los postulantes.
Zacarías también desmintió las versiones promovidas desde la oposición que apuntan a desmeritar el proceso de selección catalogándolo como un “trato meramente protocolar”, al sostener que el oficialismo colorado supuestamente ya definió la continuidad de los actuales titulares Camilo Benítez y Augusto Paiva.
“No existe tal cosa, yo desmiento categóricamente eso. No hemos tratado absolutamente nada en la bancada de Honor Colorado. La idea es escuchar a todos, hacer una tanda de 10 postulantes por día, tanto los días lunes y jueves a partir de las 10:00 para que la ciudadanía, los medios de prensa y los senadores puedan debatir”, sostuvo en un entrevista con los medios de comunicación, antes de dar inicio a la sesión de apertura.
Zacarías agregó: “Haremos un estudio bien claro de todo lo que es el currículum de cada uno, su historial teniendo en cuenta que varios fueron funcionarios públicos. Estamos realizando averiguaciones para ver si llegaron a tener sumarios o cuestiones administrativas de por medio, porque eso los descalificaría automáticamente. Vamos a hacer una elección responsable, el que define es el plenario”.
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Con relación al requerimiento de los opositores de que el cargo de contralor sea ejercido por un representante de la oposición, teniendo en cuenta que el gobierno central es liderado por colorados, Zacarías afirmó: “No estoy de acuerdo con ese criterio, la Contraloría debe estar en manos de los mejores, de aquellas personas que califiquen técnicamente y tengan la ética y moral para ocupar el cargo“.
El senador recordó que varios representantes de la oposición que lograron acceder al cargo fueron denunciados y condenados. “El hecho de que sea de la oposición no te garantiza independencia, transparencia y justicia. Yo no tengo ninguna objeción sobre el trabajo del actual contralor, creo que ha hecho muchas denuncias claras, públicas y concretas ante el Ministerio Público, sacó al tapete casos emblemáticos mediante estudios exhaustivos”, sentenció.
Zacarías detalló que las audiencias públicas serán realizadas hasta la primera semana de agosto para luego remitir inmediatamente las ternas tanto para la Contraloría y la Subcontraloría a la Cámara de Diputados, quienes serán los encargados de la elección.
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Gamarra advierte nulidad si el clan Ortiz logra un interinazgo forzado en Ypané
El diputado por el departamento Central, Rodrigo Gamarra, se hizo eco de lo que está ocurriendo en el municipio de Ypané, donde el oficialismo local encabezado por el clan Ortiz está buscando a toda costa mantener el poder bajo sus dominios, a puertas de las elecciones municipales.
A través de sus redes sociales, el legislador colorado señaló que lo que se pretende consumar en la municipalidad de Ypané constituye un gravísimo atropello a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Por lo que advirtió que cualquier intento de alterar artificialmente el quórum e incorporar irregularmente concejales suplentes o promover actos sin respaldo legal será igualmente denunciado ante las autoridades competentes.
“Ninguna mayoría circunstancial ilegal puede colocarse por encima de la ley. De concretarse este atropello, impulsaremos la nulidad absoluta de todos los actos que se dicten y promoveremos las acciones administrativas, electorales y penales que correspondan”, enfatizó.
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El parlamentario recordó que la Ley Orgánica Municipal es absolutamente clara al establecer que solo cuando existe una vacancia legal del cargo de intendente por renuncia, muerte, inhabilitación o impedimento definitivo, puede iniciarse el procedimiento para elegir a quien completará el mandato.
Convocatoria de la Junta
Este descargo obedece a que ayer miércoles, el presidente de la Junta Municipal, Jacobo Ortiz Albrecht (hermano del intendente actual Horacio Ortiz Albrecht) convocó a sesión extraordinaria donde tenía como único punto la elección de un intendente interino, mientras el actual continúa ejerciendo plenamente sus funciones, ya que no había presentado su renuncia escrita, por lo que el diputado aseguró que esta convocatoria carece de sustento legal y constituye un acto manifiestamente nulo.
“Más grave aún resulta que quien impulsa esta convocatoria sea el propio presidente de la Junta Municipal (candidato actual a intendente y hermano del actual intendente), que conoce perfectamente el procedimiento establecido por la ley y aun así pretende saltear la institucionalidad para obtener un resultado político previamente diseñado. Violando los procedimientos de manera alevosa, para evitar asumir el cargo de interino al punto de invalidez de su candidatura”, afirmó.
Asimismo, el legislador recordó que de consumarse la elección de un interino sin que se concrete la vacancia en la intendencia podrían incluso configurar la presunta comisión de diversos hechos punibles, entre ellos la usurpación de funciones públicas prevista en el artículo 241 del Código Penal, así como la eventual incitación a cometer hechos punibles, contemplada en el artículo 237 del mismo cuerpo legal respecto a quienes instiguen o promuevan públicamente la realización de actos contrarios a la ley.
“La democracia no se construye manipulando las instituciones ni acomodando los procedimientos para beneficiar a determinados sectores políticos. Se construye respetando la Constitución, las leyes y la voluntad popular. Desde ya anuncio que no seremos cómplices del silencio. Vamos a denunciar a todos los responsables, tanto en la jurisdicción electoral como ante el Ministerio Público, para que respondan personalmente por cualquier acto que implique una violación deliberada de la Ley Orgánica Municipal y un intento de usurpar funciones o quebrantar el orden institucional”, concluyó.
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Destraban caso contra Prieto y aguardan fecha para audiencia
El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.
Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.
El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.
Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.
Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.
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Impondrán medidas a jueza que habría falsificado certificado para el Consejo de la Magistratura
El juez Rodrigo Estigarribia, interino de su colega Francisco Acevedo, admitió la imputación contra la jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por uso de documentos no auténticos debido a que habría presentado certificado falso para obtener mejor puntuación en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
La decisión judicial fue adoptada luego de que el juzgado recibiera la comunicación oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre el desafuero de la magistrada, quien queda formalmente procesada. La imputación fue presentada por el fiscal Leonardi Guerrero por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.
Según la investigación, Librada Peralta presentó varias constancias académicas que no figuraban en los registros oficiales y que contenían firmas idénticas, circunstancia que generó dudas sobre su autenticidad.
Días atrás el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) hizo lugar al desafuero de la magistrada y debido a ello el juzgado Penal de Garantía admitió el presente y ha fijado para el miércoles 10 de junio la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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