El juez de Delitos Económicos, José Delmás, se opuso a que a que Diego di Stefano, acusado por tráfico de influencias por un supuesto pedido de US$ 2 millones al empresario Darío Messer, sea beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, por lo que será la fiscala general del Estado quien deberá decidir si corresponde que el acusado enfrente un juicio oral y público o se ratifica la salida procesal para el procesado.
El magistrado sostuvo en su resolución que “de las constancias de autos se desprende que por otra procesada se ha solicitado la suspensión condicional del procedimiento en el mismo sentido, por lo cual también se ha impreso el trámite de oposición previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal”.
Además están procesados José Bogado, exsecretario del exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, quien ya está para enfrentar un juicio oral y público, y Lorena de Barros Barreto.
El 2 de junio pasado, los fiscales de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera imputaron por tráfico de influencias a José Bogado, Lorena de Barros Cardozo y Diego di Stefano Mónaco, secretario de Juan Ernesto Villamayor cuando este se desempeñaba como ministro del Interior por supuesto pedido de coima a Darío Messer a través de sus abogados Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, monto que sería de unos 2 millones de dólares.
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Imputan a presuntos microtraficantes tras allanamientos en San Antonio
El agente fiscal Fernando Meyer encabezó un operativo que derivó en la detención de tres personas, presuntamente dedicadas al microtráfico de drogas, así como en la incautación de sustancias estupefacientes, armas y dinero en efectivo.
Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios San Roque y La Merced de la ciudad de San Antonio, en coordinación con la Oficina Técnica n.° 1 de Ñemby de la Policía Nacional, en el marco del Plan contra el Abuso de Drogas – Sumar.
Durante los allanamientos, la comitiva fiscal-policial logró incautar cocaína y crack, un revólver calibre 32, además de dinero en efectivo en diversas denominaciones y otros enseres relacionados con la comercialización de estupefacientes.
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En el marco de los procedimientos, resultaron detenidos un hombre de 40 años, un joven de 20 años y una adolescente de 17 años. El primero fue imputado por los hechos punibles de posesión y comercialización de drogas, así como por tenencia de arma de fuego, conforme al artículo 260 de la Ley 7411/24. Los demás detenidos también fueron imputados por hechos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
La Fiscalía solicitó al juzgado la medida cautelar de prisión preventiva para las personas mayores de edad y medidas socioeducativas para la adolescente.
Ahora se deberá convocar a los adultos a un audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son derivados a una penitenciaria o son beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
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México pide la extradición de exjefe policial mexicano detenido en Paraguay
México solicitó la extradición del exjefe policial mexicano Hernán Bermúdez Requena, acusado de nexos con un poderoso cartel del narcotráfico y que fue detenido en Paraguay, informaron este sábado autoridades de ambos países.
El exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco fue capturado por fuerzas paraguayas, en colaboración con autoridades mexicanas, la noche del viernes al sábado en un lujoso sector de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso.
Bermúdez Requena, cercano a un influyente senador del oficialismo, es acusado de ser jefe de la banda criminal La Barredora, ligada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.
Si bien la secretaría de Seguridad mexicana refirió la noche del viernes que el exfuncionario ya había sido trasladado al país, una fuente federal cercana al caso, que pidió no ser identificada, aclaró que el proceso de extradición sigue en curso este sábado.
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En Asunción, la Fiscalía General de Paraguay confirmó que México ya solicitó la entrega de Bermúdez Requena y que la tarde de este sábado se tiene prevista una primera audiencia.
Sobre el exjefe policial, que salió de México en enero pasado, pesaba una ficha roja emitida por la Interpol a mediados de julio pasado acusado “de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés”.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, advirtió este sábado en un mensaje en la red social X que su país “no será refugio de criminales”.
El mandatario difundió un video de la operación para la captura en la que se observa a agentes con armas largas y ropas militares intentando derribar la puerta de la vivienda donde se encontraba Bermúdez Requena.
El detenido sin embargo no opuso resistencia y se le observa conversando con autoridades sentado en un sillón. Esta captura ocupa amplios espacios en la prensa mexicana toda vez que Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad (2019-2024) por Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco.
López, que también fue secretario de Gobernación y que actualmente es senador del partido oficialista Morena, es uno de los políticos más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
- Fuente: AFP
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Defensa de Bolsonaro pide su absolución por golpismo en Brasil antes de veredicto
La absolución de Jair Bolsonaro es “imperiosa”, sostuvo este miércoles su abogado en la última intervención de la defensa antes de que la corte suprema de Brasil dictamine si el expresidente tramó un golpe de Estado.
El máximo tribunal dará su veredicto la semana próxima en el juicio que define si el líder de extrema derecha intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
“La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus”, afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia. El letrado hacía alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.
Mientras se lleva a cabo el juicio, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario.
“Sin pruebas”
La corte reanudó este miércoles las sesiones finales del proceso al exmandatario, de 70 años, en prisión preventiva en su casa en Brasilia desde principios de agosto.
Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio.
El plan no habría avanzado por falta de apoyo de la cúpula militar.
La acusación también señala a Bolsonaro como presunto instigador del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia para tratar de derrocar a Lula.
El ex jefe de Estado (2019-2022) se declara inocente y dice ser un perseguido político. “No hay una sola prueba que lo vincule” al plan de magnicidio o al 8 de enero, sostuvo otro de sus abogados, Celso Vilardi.
Contra “presiones”
Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar hasta 43 años de prisión. El juez Moraes aseguró el martes que el tribunal ignorará las “presiones internas o externas” al emitir su veredicto.
Sus declaraciones se producen en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos. El presidente Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos a las exportaciones brasileñas por lo que calificó como una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro. Además, Washington sancionó a Moraes y otros funcionarios brasileños.
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En caso de condena, la defensa y la fiscalía “tendrán hasta cinco días” para interponer un recurso de aclaración o de revisión, explicó a la AFP Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.
Si existen recursos de cualquier tipo, hasta que no se resuelvan, Bolsonaro no puede ingresar en prisión, según el experto. Es la primera vez que un exmandatario brasileño enfrenta cargos de esta magnitud.
“Con más apoyo por la amnistía”
“Cada vez con más fuerza y más apoyo, vamos a trabajar por la amnistía amplia, general e irrestricta en el Congreso”, dijo el martes a periodistas el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
El bolsonarismo impulsa desde hace meses una amnistía para su líder y para centenares de simpatizantes condenados por el 8 de enero.
Lindbergh Farias, líder del oficialista Partido de los Trabajadores en Diputados, admitió esta semana que “creció un movimiento” por la amnistía tras una visita a Brasilia del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, para “colocar en discusión” el tema.
Freitas fue ministro de Bolsonaro y aparece como posible sucesor del ultraderechista para las elecciones de 2026. Cabe al presidente de la cámara baja decidir si incluir una eventual votación de la amnistía en la agenda del Congreso.
Otras dos fuerzas centristas que apoyan la amnistía, Unión Brasil y Progresistas, anunciaron que dejarán los ministerios que ocupan en el gobierno de Lula.
- Fuente: AFP
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