El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.

“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.

El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.

“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.

• Fuente: AFP

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Este jueves, la Policía Nacional logró frustrar un intento de asalto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y detuvo a tres personas. Los maleantes fueron sorprendidos por los efectivos y se produjo un tiroteo, que terminó con la captura de estas personas.

Según el reporte policial, el hecho se reportó durante la tarde hoy, cuando un grupo de hombres fuertemente armados llegaron hasta un local comercial sobre la avenida Teniente Herrero, en pleno centro de la ciudad, y se presume que tenían la intención asaltar el sitio.

Estos hombres fueron sorprendidos por una patrullera e iniciaron un tiroteo, en su afán de intentar huir del sitio inició una persecución, pero los delincuentes fueron alcanzados y se logró detener a dos sujetos. Mientras que otros dos lograron huir del sitio, pero están siendo buscados.

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“Se dio aviso por parte de los vecinos de la zona y se logró detener a dos personas tras una persecución. Así también, se vieron a otros dos sujetos y uno de ellos habría ingresado a uno de los edificios, en estos momentos lo estamos buscando”, confirmó el comisario Aníbal Franco, a los medios de comunicación.

Agregó que también se logró incautar una escopeta, dos pistolas, billeteras y tres cargadores. Horas más tarde, se confirmó la detención de otro delincuente que estaba oculto en una habitación luego de que una mujer alertó con un grito. Un cuarto implicado sigue prófugo.

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El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Esta mañana, un cambista fue asaltado por parte de un grupo criminal compuesto por tres a cuatro hombres armados que estaban vestidos con ropa camuflada de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Lo despojaron de su mochila, que contenía solo documentos, de un porchete pequeño vacío y de un aparato celular, además de un manojo de llaves. ¡No tenía dinero!

Fue víctima, Alfredo Giménez (34), quien es tesorero de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) de Ciudad del Este. Ocurrió esta mañana a las 09:00 en el barrio Ciudad Nueva, según personal de la Comisaría 2a. que acudió al lugar del hecho.

El cambista salió de su casa con destino al microcentro para su actividad diaria, cuando a pocos metros fue interceptado por una camioneta Nissa Frontier, de la cual bajaron tres a cuatro hombres, quienes lo redujeron y le ordenaron que se apartara hacia un matorral, a punta arma de fuego.

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Los delincuentes portaban armas largas, vestían ropa camuflada de la Senad, según vecinos supuestamente testigos. La víctima dijo que apenas pudo ver a uno de los asaltantes y al resto no. Señaló además que no fueron violentos físicamente con él y tampoco se apoderaron de su billetera.

De acuerdo con los datos recabados por el personal policial, la banda delictiva habría creído que tenía dinero en su mochila, pero se equivocaron. Para los policías, su condición de cambista y tesorero habría sido considerado por los delincuentes, pero no tenían toda la información sobre el manejo del dinero.

Cabe recordar que, uno de los mayores robos del país es el que fue perpetrado a la bóveda de la ATC, en pleno microcentro, en la madrugada del 5 de febrero del 2024.

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