El Tribunal de Apelación conformado por los jueces Digno Arnaldo Fleitas, Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez ratificó las condenas por cobro indebido de honorarios de 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena para Nery Franco, Lucio Romero y Reinaldo Chaparro, supuestos caseros del diputado Tomás Rivas.
El fallo menciona que “se constató que existieron elementos contra cada uno de los sentenciados por lo que la condena ha sido fundamentada correctamente por lo que corresponde ratificar el fallo de primera instancia” señala parte del argumento de los integrantes del tribunal de apelación.
Ahora las partes pueden recurrir si consideran a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así será la máxima instancia judicial la que tendrá que decidir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
Antecedentes
El de junio de este año, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Inés Galarza, Olga Ruiz y Víctor Medina condenó a dos años con suspensión de la ejecución de la pena a tres personas que presuntamente eran caseros del diputado Tomás Rivas.
El motivo por el cual fueron sancionados penalmente se debe al cobro indebido de salarios de la Cámara de Diputados desde julio del 2016 hasta febrero del 2017, sin haber desempeñado funciones en la sede legislativa. La Fiscalía probó que los caseros trabajaban en la casa particular de Rivas.
Asimismo, el juicio oral para el diputado Rivas está pendiente de realización debido al cuadro de salud del referido parlamentario.
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Marset podría declararse culpable para evitar una condena de 20 años de cárcel
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional.
La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para este miércoles en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación “Ámbito” señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
La publicación periodística agrega que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff comunicó que la acusación ya cuenta con 22 gigabytes de pruebas contra Marset, incluyendo comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
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Entre las evidencias figura el contenido del celular incautado al narcotraficante tras su captura en Bolivia, el pasado 13 de marzo. El aparato, que estaba guardado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas y podría contener datos clave sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la estructura criminal.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena. En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
Antecedentes
Marset ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China. El monto aproximado fue de USD 32 millones.
La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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La condena a Lindomar y los vínculos con el abdismo
- Jorge Torres Romero
La condena al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado no es un hecho aislado. Es una pieza más de un rompecabezas oscuro que desnuda cómo el crimen organizado penetró estructuras sensibles del poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Y también expone, con crudeza, las peligrosas conexiones que existieron entre operadores del narcotráfico y figuras que ocuparon cargos estratégicos en la seguridad nacional.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave cuando aparece el nombre de Arnaldo Giuzzio. No se trata solamente de sospechas políticas o de discursos partidarios. Existen elementos concretos que fueron investigados por autoridades brasileñas: el uso de la camioneta de Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua por parte del exministro para viajar al Brasil, además de intercambios de mensajes corroborados por la Fiscalía brasileña entre Giuzzio y Marcus Vinicius, socio comercial de Lindomar Reyes Furtado.
La pregunta ya no es si hubo cercanía. La pregunta es hasta dónde llegó esa relación y cuánto daño provocó al Paraguay. Durante el gobierno abdista, Paraguay terminó consolidándose como un gigantesco centro logístico del narcotráfico regional. La cocaína ingresaba, se acopiaba y salía rumbo a Europa utilizando puertos nacionales prácticamente liberados.
Mientras el discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado, los hechos mostraban otra realidad: toneladas de droga saliendo del país, organizaciones criminales operando con comodidad y estructuras estatales debilitadas o infiltradas.
Por eso resulta imposible no recordar el cinismo político con el que hoy algunos sectores vinculados a Mario Abdo Benítez hablan de volver al poder. Sería una tragedia para el Paraguay. Sería volver a extender la alfombra roja al narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente corrompe instituciones: destruye familias, condena a miles de jóvenes a la adicción y convierte al país en rehén de mafias que luego penetran la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La condena a Lindomar Reyes Furtado debería tener repercusiones más allá de las fronteras del Brasil. Paraguay no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía merece saber quiénes protegieron, quiénes facilitaron y quiénes miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado se expandía peligrosamente.
Y hay un episodio particularmente escandaloso que todavía deja más dudas que respuestas: la fuga de Lindomar Reyes Furtado del Paraná Country Club. Aquel operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces conducida por Zully Rolón, terminó convertido en una vergüenza institucional.
¿Fue incompetencia o complicidad? Porque resulta inadmisible que un objetivo de semejante nivel haya logrado escapar en una zona perfectamente controlable, con accesos delimitados y posibilidades tecnológicas suficientes para monitorear hoteles, movimientos y rutas de salida. La fuga no solamente fue un fracaso operativo: pareció una advertencia anticipada.
Y esa sospecha se vuelve todavía más inquietante cuando aparecen los vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinícius. La hipótesis de una filtración o alerta previa jamás podrá disiparse mientras no exista una investigación profunda, independiente y transparente.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: o limpia sus instituciones o termina definitivamente capturado por el crimen organizado. La condena de Lindomar Reyes Furtado debe ser entendida como una alarma regional y la justicia paraguaya debe castigar a sus cómplices. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Condenan a 6 años a ingeniero por robo de pagarés a punta de arma a oficial de Justicia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El ingeniero Vladimir Ramón Riveros Cattebeke (61) fue condenado a seis años de prisión por robo agravado, al ser procesado por haber robado pagarés, a punta de arma de fuego al oficial de Justicia, Juan Antonio Arrúa Servián.
Permanecerá con medida alternativa hasta tanto quede firme la sentencia dictada en el juicio oral que culminó ayer miércoles 13 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El tribunal estuvo presidido por Lourdes Morínigo e integrado por Oscar Gabriel Genez y Evangelina Villalba.
El 18 de marzo comenzó el juicio, y se realizaron varias audiencias, hasta que finalmente concluyó ayer con la condena. El fiscal que defendió la acusación fue Luis Fernando Escobar, quien solicitó 6 años por la edad del acusado. El fiscal que inició la causa fue Gabriel Segovia.
El relato del hecho juzgado indica que, el encausado, bajo engaño, citó a un oficial de Justicia a su domicilio y luego a punta de arma de fuego le despojó de un pagaré por valor de 23.230 dólares americanos y un recibo por el mismo monto. Además, lo amenazó de muerte si no abandonaba inmediatamente el lugar.
Según lo expuesto en juicio, el hecho ocurrió el 8 de abril del 2024, oportunidad en que Cattebeke llamó por teléfono a Juan Antonio Arrúa Servián, manifestándole su intención de abonar la deuda reclamada en un juicio ejecutivo y le pidió que le llevara los pagarés originales a su domicilio para poder realizar el pago.
Arrúa Servián se comunicó con el abogado demandante, Roberto Navarro, para coordinar la entrega de los pagarés. Éste le confirmó que tenía los documentos en su poder y que lo acompañaría a la residencia del demandado para el cobro correspondiente.
Ya en la casa y una vez que Cattebeke tuvo en su poder los documentos, con arma de fuego en mano amenazó de muerte a Arrúa Servián diciéndole que tenía “cinco segundos para volar de su casa, si no quería que lo llenara de plomo”.
El oficial de Justicia abordó el vehículo del abogado Navarro y de allí se dirigieron a la comisaría para radicar la denuncia. Llegó la imputación, luego la acusación y ayer la finalización del juicio con la sentencia respectiva.
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Corte confirma juramento del síndico Bernardino Caballero
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Al no presentarse ningún cuestionamiento, se lo citó para este miércoles a fin de que preste el juramento correspondiente.
De esta manera, los ministros de la Corte dejaron en claro que respetaron íntegramente el proceso realizado por el órgano encargado de conformar las ternas. Esta ratificación surge a raíz de una nota presentada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien había solicitado suspender el juramento hasta que se esclareciera el caso durante la sesión de los altos magistrados.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó a la ciudadanía que el síndico Caballero reúne y cumple con todos los requisitos para haber sido ternado y, posteriormente, confirmado en el cargo.
Dictamen del Consejo
El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó sentado que Bernardino Caballero reúne los requisitos legales para integrar la terna y ser confirmado en la función que desempeña desde hace varios años. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar su continuidad.
Asimismo, la asesoría del Consejo señaló que, para el cargo de agente síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en Ciencias Contables y Administrativas. Esto se desprende del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa: “Los síndicos adjuntos y agentes síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo”.
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