Nélida Chaves, esposa del exsenador colorado Óscar Alberto González Daher, bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera, presentó la constancia del fallecimiento del exparlamentario y solicitó la extinción de la acción penal para el exlegislador. El pedido fue realizado ante el tribunal de apelación primera sala de la capital en el marco del juicio caratulado “Óscar Alberto González Daher y otros sobre enriquecimiento ilícito en la función pública y otros”, donde OGD fue sentenciado a 7 años de cárcel.
El escrito presentado por el citado profesional señala que “en el proceso penal ordinario, regido bajo las reglas previstas en la Ley N° 1286/98 (Código Procesal Penal- CPP), la acción penal, en este caso pública, se extingue por la muerte del imputado (artículo 25 inciso 1 del CPP)”.
Agrega además que “la extinción de la acción penal acontecida sobre la base del fallecimiento genera un obstáculo insalvable para el avance del presente proceso penal ordinario y conforme a lo dispuesto en el artículo 359, inciso 3, del CPP conlleva indefectiblemente el sobreseimiento definitivo”, refiere el documento presentado ante la cámara de apelación.
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El pasado 21 de octubre se dio a conocer el deceso a consecuencia de un infarto del exparlamentario Óscar González Daher, de 68 años de edad. El mismo ocupó varios cargos durante su carrera política.
En agosto de este año, un tribunal de sentencia condenó a 7 años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa al exsenador Óscar González Daher. Igualmente, el mismo soporta otra sentencia por el caso conocido como “audio JEM”, que también se deberá extinguir y disponer el sobreseimiento definitivo.
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La joven parapléjica española que libró batalla legal con su padre recibió la eutanasia
La española de 25 años, Noelia Castillo Ramos, que quedó parapléjica como consecuencia de un intento de suicidio recibió este jueves la eutanasia tras una larga batalla legal con su padre.
Falleció este jueves en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, en el que residía desde hace un tiempo, informaron la televisión pública y otros medios españoles.
“A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta”, había explicado en una entrevista emitida el miércoles en la cadena Antena 3.
El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar “un sufrimiento intolerable”, siempre que cumpla unos estrictos requisitos.
Noelia, quien quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.
Igualmente, contó haber padecido posteriormente agresiones sexuales por parte de hombres e intentos de suicidio.
“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, ¿y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años?”, indicó durante la entrevista, en la que también participó su madre.
“Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, agregó asegurando, sin embargo, que no quiere ser “ejemplo de nadie”.
Lucha judicial
El caso de Noelia generó un gran impacto en España, país de profunda herencia católica, después de que su padre iniciara una batalla legal para detener la asistencia para morir que los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la región de Cataluña habían autorizado para su hija.
Poco antes de la primera fecha fijada, en agosto de 2024, el progenitor interpuso un recurso que logró detener temporalmente el proceso.
Apoyado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, el padre argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que podían “afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente”, y que había presentado indicios de cambio de opinión.
“No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido”, denunció este jueves el abogado de Abogados Cristianos, José María Fernández.
En una audiencia el año pasado --la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas--, la joven volvió ratificar su petición.
Todas las decisiones judiciales posteriores rechazaron paralizar el proceso, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero su padre siguió interponiendo, sin éxito, recursos hasta este mismo jueves.
“Que alguien le dé una vuelta a la ley para poder hacer algo como han hecho Abogados Cristianos, que es encontrar una grieta por donde intentar cargarse la ley, nos ha enfadado y preocupado muchísimo”, afirmó a la AFP Cristina Vallès, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, que propone una pequeña modificación en la norma para evitar que este tipo de recursos se eternicen y que terceros puedan intervenir en un proceso ya autorizado.
La Conferencia Episcopal Española calificó en un comunicado la eutanasia de “derrota social”, y consideró que “la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral”.
Los requisitos para recibir la eutanasia incluyen que el solicitante sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, y obtener la autorización de una comisión de evaluación.
Desde la entrada en vigor de la ley hasta finales del año 2024, 1.123 personas recibieron la eutanasia en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
- Fuente: AFP
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Caso Ypyta: presentan urgimiento para agilizar constitución judicial en propiedades de PJC
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.
El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.
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Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
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Tribunal autorizó allanamiento de reserva natural Pikyry por supuesto delito ambiental
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Cámara de Apelaciones de Alto Paraná revocó el rechazo de una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, en el marco de una causa por supuesto hecho punible contra el medio ambiente, previsto en la Ley 716/96. Se trata de la reserva natural Pykyry, de Itaipú Binacional, ubicada en el distrito de Santa Fe del Paraná.
En el inmueble habrían ingresado personas ajenas a la entidad binacional y cometido supuestos delitos ambientales. La apelación había sido presentada por la fiscal de Medio Ambiente, Zunilda Ocampos.
El Tribunal de Apelación, Primera Sala, declaró admisible el recurso de apelación general presentado por la Fiscalía contra el auto interlocutorio N.º 170, del 17 de febrero de 2026, y resolvió revocar dicha decisión, autorizando el allanamiento en un inmueble ubicado en el distrito de Santa Fe del Paraná.
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La resolución judicial está sustentada en la existencia de presuntas intervenciones de gran magnitud dentro de una zona declarada reserva natural. Entre los hechos denunciados figuran la eliminación total de la cobertura vegetal, la remoción del suelo y la apertura de caminos internos en el área protegida.
La medida judicial permite el allanamiento de forma limitada al inmueble identificado, con el objetivo de posibilitar las diligencias investigativas y la eventual recolección de evidencias vinculadas al presunto daño ambiental.
La decisión fue adoptada por mayoría de votos de los camaristas Nilda Estela Cáceres Díaz y Alba Angelina Meza Ávalos, mientras que el magistrado Raúl Insaurralde votó en disidencia. Finalmente, el Tribunal dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen para la prosecución de las diligencias correspondientes dentro del proceso investigativo.
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Tribunal confirma validez de imputación contra titular del banco Atlas
El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
“Significa que formalmente está confirmada su vinculación al proceso penal y se discute la necesidad de disponer otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.
“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razonable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, entonces estamos ante un proceso regular que esta en su marco de avance en la investigación", explicó Lovera en otra entrevista con la 1020 AM.
Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.
“El Ministerio Público requirió de medidas cautelares para garantizar su sometimiento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pretensión y los argumentos de la defensa para definir que medidas cautelares considera pertinentes", dijo el abogado.
En la causa también se encuentran imputadas Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
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Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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