El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.

La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.

Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.

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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.

Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.

La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.

Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.

También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.

Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.

Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.

La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.

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El tribunal atiende el proceso judicial en la causa Tía Chela, que investiga la compra de kits alimentarios por parte de la Municipalidad de CDE.

El Tribunal de Sen­tencia integrada por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, rechazó el pedido solicitado por la defensa técnica del exinten­dente de Ciudad del Este, destituido por corrupción Miguel Prieto, que solicitó permiso para viajar al Bra­sil entre el 27 de mayo y el 1 de junio, para participar de un evento como expositor de carácter institucional, que se desarrollará en la ciudad de Maceió.

Este tribunal atiende el pro­ceso judicial en la causa cono­cida como Tía Chela, que investiga presuntas irregu­laridades en la compra de kits alimentarios por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración de Prieto durante la pande­mia de covid-19 en 2020 con perjuicio estimado de G. 2.130 millones.

En ese sentido, las juezas señalaron que el Ministerio Público emitió un dictamen rechazando el pedido presen­tado por la defensa técnica, por lo que este Tribunal de Sentencia acompañó en el mismo sentido de denegar el pedido de salida del país.

Las magistradas argumen­taron su fallo señalando que la defensa técnica no pre­sentó documentos claves requeridas como pasajes o los medios por el cual viaja­ría, datos sobre el hospedaje, además que existe inconsis­tencia sobre el o los destinos del viaje.

Mencionaron igualmente, que conforme a la invitación recibida el interesado podría participar del evento de forma virtual, sin la necesidad de tener que realizar el viaje.

“En el escrito presentado por la defensa del señor Prieto a la Secretaría de Juzgado, que el destino único del viaje la ciudad de Maceió. El señor Prieto al oralizar su pedido menciona que el lugar de des­tino es la ciudad de São Paulo y luego la ciudad de Maceió, por lo que existiría una inconsis­tencia en su pedido”, explicó la magistrada que ofició de vocera del Tribunal.

Asimismo, señaló que en el mismo escrito de la invitación para participar del evento que menciona serán encuen­tro empresariales, se podría realizar de manera presen­cial. Pero, además, se men­ciona como una opción para participar en dicho evento se podría llevar a cabo de forma virtual o por medios telemá­ticos de acuerdo a la disponi­bilidad del recurrente.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor” Miguel Prieto anunciaba en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas.

Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgen­cia” a la firma Tía Chela SRL. Según las documentaciones, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactán­dose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en reali­dad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

“Nadie se debe sentir amenazado, pero tampoco cómodo”, advirtió el jefe de Estado, Santiago Peña, al manifestar este jueves, ante el Consejo de Ministros, que no descarta impulsar más cambios en su gabinete en el segundo tiempo de su mandato.

“Quiero transmitirle a cada uno de ustedes que con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, esperamos más. La última vez que nos reunidos fue hace dos meses y ese día les anuncié que terminó el primer tiempo y que, a la vez, arrancaba el segundo tiempo, les dije que no nos temblará el pulso para hacer cambios, cada uno de ustedes están a prueba y también que sepan que cuentan con nuestro apoyo en sus gestiones“, refirió.

Peña recordó que ya se concretaron cambios en Petróleos Paraguayos (Petropar), en el Instituto de Previsión Social (IPS), en el Ministerio de la Mujer, en la Secretaría Nacional de Turismo y en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), tras la salida de Javier Giménez, quien fue designado como jefe de gabinete de la presidencia.

“Anunciamos que habría consecuencias y en estos dos meses la ciudadanía vio mi determinación de hacer cambios muy importantes. Ya no es el momento de discursos o planes, este es momento de gestión y resultados que tienen que ser comunicados a la ciudadanía. Los que cité son apenas algunos de los cambios, vamos a seguir viendo más“, puntualizó.

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Desde el Gobierno habían indicado que en esta segunda etapa del mandato de Peña se apuntará a que el crecimiento económico obtenido durante los dos años y medio de gestión repercuta en el bienestar de los paraguayos.

“Yo busco unos ministerios que estén cada vez más cerca de la gente, muchas veces las grandes acciones o planes del gobierno están muy lejos del conocimiento de la ciudadanía y eso nos obliga a nosotros a ser cada vez más consistentes, claros y contundentes", dijo Peña.

El mandatario acotó: “En este segundo tiempo estamos en un escenario diferente, en un calendario político electoral. Ya no es solamente la disputa de los espacios, sino también la disputa de las narrativas y creo que en estos dos años y medio de gestión hemos dado pasos importantes y ya no nos sirve solo comunicar las estadísticas o números, esto no es suficiente, tenemos que tomar un mayor protagonismo en la comunicación y construcción del relato”.

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El senador Derlis Maidana informó que hasta el mes de junio ejercerá la representación de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), teniendo en cuenta que se abocará plenamente a la campaña política rumbo a las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Le comuniqué a la bancada que, por cuestiones de temas políticos, ya no me gustaría representar al Senado desde julio en adelante”, indicó el legislador, este miércoles, a la 1020 AM. Maidana asumió el cargo en octubre del 2023 en reemplazo de Hernán Rivas, quien desde ese entonces enfrenta una serie de cuestionamientos y causas judiciales sobre la autenticidad de su título de abogado.

“A partir de julio, la Cámara de Senadores debe renovar la confianza hacia sus dos representantes, Mario Varela y yo. En mi caso, ya quiero dedicarme a las elecciones generales, a las cuestiones proselitistas y políticas, ya que los comicios internos partidarios ya lo vamos a pasar“, comentó acerca de la votación interna del Partido Colorado, el próximo 7 de junio.

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Detalló que en el Senado existen otros parlamentarios con profesión de abogados como Javier Zacarías Irún, o el eventual reemplazo en la banca de Rivas, Carlos Liseras, en caso de que el Senado apruebe este miércoles su pedido de permiso sin goce de sueldo.

El JEM es un órgano constitucional encargado de investigar y juzgar la conducta de jueces, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño, delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones. Su función principal es garantizar la idoneidad judicial, pudiendo removerlos del cargo.

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