La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) informó que durante enero, febrero y marzo de 2024 registró una recaudación de G. 41.819 millones. Esto representa un 10,44 % más en comparación al mismo periodo del 2023, cuando la recaudación alcanzó G. 37.866 millones.

Específicamente, en enero se recaudaron G. 14.658 millones, en febrero G. 13.229 millones y en marzo G. 13.932 millones. Según la Ley 1016/1997, los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social.

La institución que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene a su cargo la planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad.

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En el marco de la Ley 4716/12, que establece una pena privativa de libertad de hasta 5 años para quienes transgredan la ley de juegos de azar, el presidente de Conajzar, Carlos Liseras, junto con el Ministerio de la Niñez, realizan un trabajo coordinado con los municipios para prevenir el acceso de los menores de edad a estos lugares, resguardándolos de los riesgos asociados a dichas prácticas.

Recalcó que aquellos que quieran dedicarse al rubro de los juegos de azar deben tramitar las autorizaciones o permisos en los municipios y registrarse en la Conajzar para poder operar, pero en salones cerrados exclusivos para este fin, no pudiendo haber otro negocio en el mismo recinto y con la entrada prohibida a menores.

“Estas máquinas electrónicas crean una adicción que daña la salud y la existencia misma de los menores, ya que conlleva a otras afecciones atentando contra los derechos de los niños. Nosotros debemos proteger a los menores por ley, y esta es una orden directa del presidente de la República de ejecutar todas las acciones para acabar con esto”, expresó.

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• Ciudad del Este. Agencia regional.

El fiscal Orlando David Quintana presentó acusación y pidió jui­cio oral para el propietario de un establecimiento rural y dos empleados, acusados por supuestos hechos punibles contra el medioambiente, por incumplimiento de medidas de mitigación y canalización. Ellos son Clevison Rosa Araújo (42), brasileño, dueño de la propiedad; además de Ramón Ocampos (31) y Osvaldo Rubén Mereles (39), ambos paragua­yos, encargados del lugar.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juz­gado Penal de Garantías n.º 5, a cargo de Cinthia Garcete. El caso data del 4 de agosto de 2023. En esa ocasión, los ope­radores de maquinaria pesada Ramón Ocampos y Osvaldo Mereles fueron sorprendidos realizando trabajos de movi­miento de suelo de gran enver­gadura en un terreno alta­mente inundable, ubicado en el distrito de Yguazú, propie­dad de Clevison Rosa.

Los trabajos consistían en la creación de canales artificia­les para el drenaje y desecación de humedales, ordenados por el dueño del lugar, con la finali­dad de habilitar el área afectada para el desarrollo agrícola. Los canales artificiales desembo­caban en el río Monday, cauce hídrico colindante a la propie­dad, según el escrito fiscal.

La Fiscalía especializada en hechos punibles contra el medio ambiente realizó el allanamiento del inmueble con orden judicial firmada por el juez Carlos Vera Ruiz. En el operativo se confirmó el movimiento de suelo de enver­gadura, que consistía en la crea­ción de canales de drenaje, así como el corte de la vegetación y la apertura de canales en otra zona baja también inundable, de acuerdo al texto fiscal. Los intervinientes incautaron las maquinarias utilizadas para los trabajos. La Fiscalía con­sideró que las actividades se realizaban sin la autoriza­ción, sin una licencia ambien­tal con medidas de mitigación requeridas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos­tenible (Mades), y por ello, el agente Orlando Quintana imputó en su momento y tras cumplirse el plazo fijado por el juzgado formuló la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.

Durante la audiencia preliminar para los dos acusados por la golpiza al joven Benjamín Zapag, el Ministerio Público se ratificó en su acusación por la lesión grave contra Héctor Grau y se solicitó el sobreseimiento definitivo de Marcello Fretes.

La diligencia judicial se lleva a cabo ante la jueza penal de garantía Cynthia Lovera quien fijó para este jueves la continuación de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente caso se eleva a juicio oral o se hace lugar al pedido de sobreseimiento definitivo de Fretes.

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La fiscala Carla Rojas señaló que ha tomado intervención en etapa preliminar debido a la recusación de una de las partes a la fiscal Claudia Penayo, y luego de estudiar el caso llegó a la conclusión que se tiene elementos de convicción sobe el acusado Grau, pero con relación a Fretes no se podrá sostener la acusación y por ende se pidió la desvinculación del caso. Para la agente del Ministerio Público, no se encontraron elementos suficientes que sustenten la participación de Fretes en el hecho.

Por su parte la querella adhesiva representada por el abogado Ricardo Preda se ratificó en la acusación como querellante.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público el acusado Marcello Fretes detuvo a Zapag a la salida del sanitario de la discoteca donde estaban. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.

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Se volvió a suspender la audiencia preliminar de Marcello Fretes y Héctor Grau, acusados penalmente por lesión grave por la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag. Esta vez la diligencia judicial se suspendió porque el acusado Fretes cuestionó la fijación de la fecha de la audiencia preliminar y otros incidentes que se presentaron en el presente caso.

Una vez que se destrabe el proceso penal en el Tribunal de Apelación, el expediente deberá bajar nuevamente al juzgado a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien deberá fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.

El día lunes, la diligencia judicial se postergó porque el acusado Héctor Grau recusó a la fiscala Claudia Penayo. Ante dicha situación se fijó para este martes la audiencia, pero se volvió a suspender por la presentación de recursos de parte de la defensa de Marcello Fretes.

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De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el procesado Marcello Fretes detuvo a Zapag a la salida del sanitario de la discoteca asuncena, en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.

En caso de que el presente caso se eleve a juicio oral se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Igualmente, si se hace lugar al sobreseimiento definitivo, la Fiscalía tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial.

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