Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes del Departamento contra la Trata de Personas realizaron un allanamiento de vivienda de donde rescataron a una adolescente de 14 años, detuvieron a una mujer e incautaron tres aparatos celulares y varios otros accesorios como evidencias en la causa por un supuesto hecho de abuso sexual en niños.

La intervención fue anoche a las 21:00 en una casa del km 9 Acaray, de Ciudad del Este, dirigida por la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de niños y Adolescentes,

Fue detenida una mujer de 57 años, quien no tiene ningún vínculo familiar con la víctima. La constitución en el sitio fue para cumplir la orden de allanamiento que corresponde a la causa N° 11924/2026 caratulada como: “Investigación fiscal sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños y otros”, firmada por la juez penal de Garantías, Cintia María Garcete.

La fiscal aclaró que la investigación es por sospecha de servidumbre, por ahora, sin descartarse que la captación de la adolescente podría estar vinculada también con el hecho de explotación sexual.

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La adolescente fue traída de Caaguazú y no portaba ninguna documentación. La dueña de casa no pudo explicar en calidad de qué se encontraba con ella la menor de 14 años.

Fueron incautados un aparato DVR marca Hikvision modelo DS-7108HGHI-M1 de color blanco; tres aparatos celulares; una réplica de arma de fuego color negro de la marca Springfield Armory modelo 1911-A1 calibre 10mm y estimuladores sexuales.

Acudió al sitio de allanamiento el defensor público Cristhian Gómez, quien llevó a la adolescente hasta un centro abierto para la niñez y adolescencia, por disposición de la fiscal Vivian Coronel. La detenida se encuentra en la Comisaría 25 de Mujeres.

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Este jueves, el Ministerio Público decidió imputar a la madre de la niña de 6 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue brutalmente golpeada en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. La fiscal que lleva el caso accedió a imágenes de la pequeña y se pudo constatar que desde hace tiempo es golpeada.

Según la fiscal María Mirta Martínez, dentro de las investigaciones pudieron acceder a imágenes en las que se pueden ver que la menor ya presentaban hematomas y se presume que no sería la primera vez que es víctima de este tipo de hechos. Por lo que no se descarta la complicidad de la madre.

“La madre fue imputada por violación del deber de cuidado, esto porque se encontraron todos los elementos que indican el hecho y para imputarla. Existen fotos anteriores en las que se puede corroborar que la niña tiene algunos moretones en el cuerpo”, detalló Martínez, a los medios de comunicación.

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Afirmó que el padrastro de 23 se encuentra detenido y también fue imputado por el hecho de Maltrato de Niños y Adolescentes bajo tutela y Violencia Familiar, tras agredir brutalmente a la niña de 6 años con TEA. Actualmente guarda reclusión en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

La pequeña actualmente se encuentra bajo el cuidado de una pareja de religiosos de la zona. La menor ya fue asistida en un centro asistencial y recibió contención psicológica. Atendiendo a su condición tuvo varios episodios y no se sentía cómoda con ningún familiar ni con la madre.

La denuncia fue realizada durante el fin de semana pasado e intervino la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público. La misma fue realizada por la madre, quien fue avisada por su abuela de que su hija presentaban varios golpes y molestias en el cuerpo, por lo que fue llevada al Hospital Regional de la ciudad.

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La Policía Nacional y la Defensoría de la Niñez intervinieron en un grave caso de una brutal agresión contra una niña de 6 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Familiares de la menor denunciaron como presunto agresor al padrastro, quien tenía que cuidarla mientras su madre fue a trabajar.

Según el comisario Pedro Román, de la comisaría primera de Pedro Juan Caballero, la abuela de la niña fue quien se percató de las lesiones en el cuerpo de la menor y que esta le manifestó que sentía mucho dolor. La madre tomó a su hija y la llevó hasta el Hospital Regional para su atención.

“La abuela había avisado a la madre que la niña estaba incómoda con algunas lesiones y dolor de cuerpo. La madre retornó y la trasladó de inmediato al Hospital Regional, donde los médicos de turno activaron el protocolo”, expresó Román, en entrevista con “Cuenta Final” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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A raíz de las lesiones la pequeña se encuentra internada bajo observación médica ya que presenta múltiples contusiones corporales. La familia culpó directamente al padrastro de 23 años que ya fue imputado y detenido, pero aún no brindó declaración ante las autoridades.

“La madre la dejó con el hombre mientras ella realizaba algunas diligencias en el centro de la ciudad. El sindicado fue identificado como René Piris, y según informaciones preliminares padece de cuadros depresivos. El hombre aún no prestó su declaración”, apuntó.

La denuncia fue realizada durante la jornada del sábado pasado e intervino la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público. Ese mismo día el presunto autor se presentó en la comisaría con su abogado, fue detenido y trasladado a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

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El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio deli­beradamente traicionó al Estado desde el poder político que se le concedió en el gobierno anterior y no debe quedar impune. El exalto funcionario estuvo al frente de dos organismos clave de seguri­dad y desde ahí prácticamente operó a favor del crimen organizado dejando resultados que fueron devastadores para la tranquili­dad interna como la imagen país.

Desde la Senad las decisiones de Giuzzio fue­ron intencionalmente favorables para el nar­cotráfico. Esto se puede ratificar una y mil veces porque siendo ministro de la institución antinarcótica y luego del Interior, tenía toda la información sobre la mesa de cómo la logística del crimen organizado se iba afincando en el país. Lejos de aplicar medidas de control para combatir el flagelo de la inseguridad y el ilícito del narcotráfico, usó su cargo en beneficio de los capos para el montaje de un esquema sin prece­dentes.

Giuzzio no era un ciudadano cualquiera, tenía conocimientos de todos los hilos y protagonis­tas del negocio negro, sin embargo, resultó que hasta mantenía vinculaciones con uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, dicho por la misma exministra de la Senad Zully Rolón cuando fue consultada por el hoy preso en el vecino país, Marcus Vinicius Espíndola Mar­ques de Padua.

Precisamente, la Justicia hoy procesa a Giuzzio por un favor que pidió y recibió de Marques de Padua, esto en un contexto en que el brasileño, dicho por Zully Rolón, era uno de los más bus­cados por las instituciones brasileñas y lo más grave, habiendo un convenio de cooperación con Paraguay para su detención.

Giuzzio no solo favoreció al narcotráfico con una resolución liberando de controles los puer­tos de donde salían las cargas contaminadas con cocaína en la región, a otros continentes del mundo, principalmente al europeo, sino que mantenía conversaciones con una persona que estaba siendo sindicada por el mismo ilícito en Brasil y que a la vez tenía contacto directo con él. Dicho por los testigos y por el propio gerente de la empresa de Marques de Padua, Giuzzio prestó una camioneta de la compañía para vaca­cionar. El exministro intenta defenderse con un pagaré firmado, sin embargo, confirmado por el funcionario de la firma, el documento nunca fue honrado, pese a que ya pasaron 4 años.

¿Cómo hizo Giuzzio para que la empresa sea tan benevolente con él? Es evidente el trato espe­cial, el exministro tenía en la empresa. Esto en paralelo a que el buscado supuesto narco estaba en constante conversaciones con Giuzzio para ingresar como proveedor al Ministerio del Inte­rior.Subordinados del mismo Giuzzio confir­maron que Marques de Padua se paseaba por el Ministerio del Interior y que estaban en conti­nuas conversaciones para compra de equipos de seguridad y servicio de blindaje a vehículos de la institución estatal.

Marques de Padua tenía atención privilegiada en la administración de Giuzzio, esto luego de que el exministro haya estado casi 3 años como titular de la Senad. Es decir, Giuzzio manejaba la información a cerca de esta persona a quien camufló de oferente para el Estado.

Los informes de inteligencia sindican a Mar­ques de Padua como narcotraficante, lava­dor, nexos con la mafia italiana con los que se supone que mantenía lazos para realizar “exportaciones” de narcóticos al continente europeo. En registros de Paraguay aparece como propietario de las empresas Black Eagle Group, encargada de fabricar blindados de alta gama y Ombu SA, importadora y del rubro blin­daje de vehículos que se presume proveía al cri­men organizado.

Según informaciones de la Senad, Marques de Padua era el supuesto encargado de brindar la logística al buscado Lindomar Reges Furtado, narcotraficante que había escapado de un sus­picaz operativo de la secretaría antidrogas en el Paraná Country Club, justo antes de ser alla­nado. No hay que olvidar que, esa noche antes del operativo, Giuzzio mantuvo conversacio­nes en clave con Marques de Padua, siendo este hombre el objetivo principal tal como lo con­firmó Zully Rolón. Esta “coincidencia” nunca fue investigada a profundidad y amerita un esclarecimiento.

Giuzzio tiene mucho por qué responder. En su haber minan sospechosas maniobras desde el poder que le concedió el anterior gobierno y las evidencias que lo comprometen, sobran. Pese a la infinidad de chicanas que interpone el exse­cretario de Estado, la Justicia debe avanzar con celeridad el proceso y aplicar la ley, sin temor a las portadas de los medios aliados del susodi­cho. La oscura gestión de Giuzzio y sus teme­rosos vínculos desde el poder político, mere­cen ser castigados con toda la fuerza de la ley. El país no se merece la impunidad de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción de cualquier índole.