En el marco del juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, el Ministerio Público presentó sus alegatos iniciales donde expuso que el acusado benefició con contrataciones a las empresas de Alberto Koube, y producto de esas adjudicaciones supuestamente se dedicaban a lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el acusado pudo simular la compra del lujoso yate que estaba a nombre de Roa y que se demostrará la responsabilidad del procesado en los delitos que la fiscalía acusó.

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El fiscal Silvio Corbeta fue quien expuso los alegatos iniciales en el juicio oral y público contra del extitular de la SEN, Joaquín Roa, quien está siendo juzgado por lavado de dinero y otros delitos. También el fiscal aseguró que cuenta con elementos suficientes para demostrar que el acusado lavó dinero y benefició 11 contrataciones direccionadas al empresario Alberto Koube, procesado por narcotráfico en la causa A Ultranza Py.

Roa está acusado por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.

Si bien Roa hizo solo un pago parcial respecto a la embarcación, según el fiscal, el contrato de compraventa se hizo sin certificación de firmas, suscrito con el Grupo Tapyracuai SA, y el exministro supuestamente intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en G. 3.200 millones (USD 450.000).

En el presente juicio oral está siendo juzgado el empresario Koube, acusado por lavado de dinero, lesión de confianza (en calidad de cómplice), asociación criminal y lavado de dinero.

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Se suspendió el juicio oral y público para el excandidato presidencial, Paraguayo Cubas, acusado por perturbación de la paz pública y otros delitos por los disturbios ocurridos frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral tras la victoria de Santiago Peña.

El tribunal de sentencia integrado por Héctor Capurro, Cándida Fleitas y Cristian González, hicieron lugar a la reposición de la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien sostuvo que presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la convocatoria al juicio oral y público fijado para los días 17 y 18 de julio porque existe pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra un fallo que, a su criterio, vulnera derechos fundamentales.

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La acusación contra Cubas fue presentada en junio de 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.

Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales.

La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.

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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.

Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.

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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.

Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.

“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.

Tras una reunión desarrollada en la sede de la organización TierraViva, representantes convencionales de la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná, informaron haber dado un paso significativo hacia el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una reunión clave con líderes de la comunidad.

“La reunión fue clave para avanzar en el compromiso del Estado paraguayo de resarcir a la comunidad Xákmok Kásek y buscar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como para garantizar su bienestar y pleno reconocimiento”, explicó César Palacios, director general de Comunicación Estratégica, en nombre del Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI).

Según recordaron, el caso de la Comunidad Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo, resuelto por la Corte IDH, en el año 2010, constituye un hito en la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La sentencia reconoció la violación de los derechos territoriales de la comunidad y la falta de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, subrayando la responsabilidad estatal en garantizar su subsistencia y dignidad.

La comunidad Xákmok Kásek, perteneciente al pueblo Sanapaná, habitó ancestralmente el territorio en disputa. Durante décadas, el Estado paraguayo desatendió sus solicitudes de reconocimiento y titulación de tierras, permitiendo además actividades de explotación forestal sin su consentimiento.

Esta omisión tuvo un impacto devastador en el medio ambiente y en los recursos naturales de la comunidad, afectando gravemente su calidad de vida.

“Durante la reunión se revisaron los textos destinados a la publicación oficial de la sentencia, conforme a lo estipulado por la Corte IDH, y se discutieron mecanismos de difusión para visibilizar el caso y garantizar el derecho a la verdad de la comunidad”, indicaron.

Del encuentro participaron líderes y miembros de la comunidad Amancio Ruiz, Serfin López, Richard Ruiz y Patricio Iter; también técnicos de la organización Tierraviva como Adriana Agüero, Natalia Rodríguez, Arnaldo Aldana, Ricardo Morínigo y Carlos Goncalvez.

En representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), estuvo César Palacios.