Los integrantes de la comunidad indígena Cacique Mayeto de la ciudad de Filadelfia denunciaron en sede policial y fiscal que fueron privados de su libertad de forma ilegítima por Mauro Ortiz, quien presta servicio en el Ministerio de la Defensa Pública (MDP). El líder de la citada comunidad es Rodolfo Klasen, quien fue al lugar del hecho para mediar sobre la situación y terminó siendo agredido, aseguran.
Emilio Maciel, quien reside en la citada comunidad indígena formuló la denuncia en sede policial y ahora el Ministerio Público tomó carta en el presente caso y no se descarta que el denunciado sea convocado en las próximas horas.
De acuerdo al acta policial: “El día 7 de octubre a las 20:00 el denunciado Mauro Ortiz estaba con 20 a 30 personas aproximadamente y cerraron el portón de acceso de la comunidad indígena Cacique Mayeto, incurriendo en el hecho de privación ilegítima de libertad a los miembros de la comunidad”.
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Asimismo, agrega la denuncia que “los denunciados protagonizaron disturbios y perturbación de la paz pública de la comunidad actuando de forma violenta y arrojando piedras a los miembros de la misma que deseaban salir o entrar en su comunidad”. Igualmente se menciona en el acta policial que una mujer identificada como Angelita Maciel de Ricardo resultó con lesión. El presente caso ya está en manos del Ministerio Público que deberá realizar la investigación correspondiente.
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Jugador de Cienciano realiza grave denuncia
El volante uruguayo Santiago Arias, del Cienciano de Perú, denunció que un alto directivo del Montevideo City Torque supuestamente ofreció dinero a los jugadores del club peruano para que se hicieran expulsar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La supuesta dádiva se habría hecho en el marco del encuentro disputado el jueves en la capital uruguaya, donde Montevideo City Torque se impuso por 3-0 (global 3-2) y clasificó por primera vez a la semifinal del torneo regional.
Arias contó sobre la supuesta propuesta irregular al regresar a Perú el viernes y en medio de publicaciones del City Torque en redes sociales que hinchas de Cienciano consideraron burlescas y provocadoras.
En uno de los mensajes en la red X el cuadro uruguayo señaló que el equipo cusqueño habría destacado únicamente por jugar en la altura de Cusco (3.400 metros sobre el nivel del mar).
“Les faltó poner (en los mensajes, ndlr) que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, dijo Arias, de 31 años, al canal Inka Digital TV.
El mediocampista consideró “muy fuerte” lo sucedido y aseguró que el plantel de Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, rechazó “rotundamente” la supuesta propuesta.
El charrúa aseguró que la proposición vino de parte del “presidente” del City Torque, aunque ese club no tiene esa figura en su organigrama. Sin embargo, consideró que sus rivales fueron justos ganadores de la serie.
CANALE RENUEVA CON LANÚS
El defensor mundialista paraguayo José Canale renovó su contrato con Lanús de la Argentina hasta diciembre de 2028.
La firma del nuevo vínculo se dio en las oficinas de La Fortaleza con por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.
Canale acumula 78 partidos oficiales y 6 goles convertidos con la camiseta granate. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.
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Presunta trata en Asunción: ciudadanos brasileños serían explotados laboralmente
El comisario Humberto Aquino, jefe del Departamento Especializado en la Lucha contra la Trata, dio detalles de la investigación por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral, en base a una denuncia hecha por un brasileño.
Las autoridades investigan la situación migratoria y laboral de unas 200 personas que se encontraban trabajando en un edificio ubicado sobre avenida Aviadores del Chaco casi Santa Teresa de Asunción.
La Dirección contra la Trata de Personas en conjunto con otros organismos de seguridad y control ejecutaron una intervención en el Edificio Aura Paraguay, por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral.
El jefe policial explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un ciudadano brasileño que llegó a través de la Cancillería y fue derivada al Ministerio Público. “Esa denuncia pasó a la Cancillería y derivó a la Fiscalía. Entonces, nosotros, de la Unidad Especializada de Trata de Personas, procedimos a la investigación”, relató en la 1020 AM.
Una vez conseguida la información sobre el lugar y la forma en que trabajaban, procedieron a allanar el local con una orden del Juzgado Penal de Garantías encabezado por la fiscal María Isabel Arnold.
Los agentes encontraron a alrededor de 200 personas trabajando en un call center. “Constatamos que se encontraban cerca de 200 personas, específicamente ciudadanos brasileños y algunos paraguayos, trabajando en diferentes niveles del edificio”, mencionó el investigador.
Precisamente, lo más llamativo para los intervinientes fue la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, la mayoría ciudadanos brasileños. “Todos tenían su forma de captar clientes a fin de darle una inversión dentro del territorio nacional a sus conciudadanos brasileños”, puntualizó.
Las primeras informaciones señalan que la empresa sospechosa realizaba rotaciones constantes de personal y estaría implicada en esquemas de estafa, lavado de dinero y tráfico de personas. Según Aquino, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular y algunas personas no contaban con la documentación laboral correspondiente.
“Convocamos al Ministerio del Trabajo y a la Dirección Nacional de Migraciones. Y comprobaron que existían ciudadanos brasileños en situación irregular dentro del territorio nacional. Y se presume que estaban también en forma irregular porque algunas personas no contaban con la documentación correspondiente”.
En el procedimiento, incautaron documentos y equipos informáticos para la investigación.
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La ONU denuncia la concentración de poderes en Nicaragua
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el miércoles la concentración de poderes por parte del Ejecutivo y del partido en el poder en Nicaragua, país donde gobiernan con mano de hierro desde 2007 el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, advirtió el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con motivo de la publicación de un informe que detalla “el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho” en Nicaragua.
Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, cinco años más joven, gobiernan con mano dura, particularmente tras las protestas de 2018 que dejaron al menos 300 muertos, según la ONU.
El informe divulgado el miércoles documenta una “toma de control casi total”, así como “abusos sistemáticos de poder que han debilitado los contrapesos institucionales”, declaró el Alto Comisionado, citado en un comunicado.
El texto recuerda que a principios de setiembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en las elecciones, blindando aún más el poder del presidente Ortega.
Según el informe, “el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta actualmente con mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios y en ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe”.
Un análisis de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026, indica que “no hubo votos en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición de gobierno”.
El reporte subraya que “este hecho refleja un contexto más amplio de concentración del poder político y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.
Los autores también remarcaron las detenciones arbitrarias como principal herramienta de represión y registraron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia atribuidas a las autoridades.
El informe, al referirse a “una impunidad generalizada”, indica que estas cifras, no exhaustivas, podrían ser más elevadas debido especialmente a la falta de acceso al país, a la negativa de las autoridades a cooperar y al temor a represalias entre las víctimas y los testigos.
Durante el último año, cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a cerrar, elevando a 5.539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años.
Las autoridades también ordenaron el cierre de un nuevo medio de comunicación, elevando al menos a 56 el número de medios clausurados en el mismo período.
“Casi no queda nada por cerrar”, comentó el Alto Comisionado. “La situación es absolutamente indefendible”, añadió Türk.
- Fuente: AFP
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Viceministro anuncia que recurrirá a instancias judiciales contra asesor médico por difamación
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Saúl Recalde, anunció que recurrirá a las instancias judiciales contra el asesor médico del SEME, doctor Freddy Cantero, luego de los posteos en redes sociales que atentan contra su honorabilidad.
Aseguró que Cantero lo acusó sobre vínculos con el narcotráfico por ser de Pedro Juan Caballero.
El doctor Recalde decidió llevar el caso ante los tribunales con el argumento de que defenderá su honorabilidad y su reputación.
Aseguró que las acusaciones difundidas a través de las redes sociales constituyen un ataque directo contra su persona y sostuvo que vincularlo maliciosamente con estructuras delictivas únicamente por su lugar de origen constituye un acto discriminatorio.
“Hace cuestión de meses que está con una seguidilla de escritos relacionados a que soy narcotraficante por el simple hecho de ser pedrojuanino. En el departamento de Amambay, específicamente Pedro Juan Caballero es una localidad de persona que trabajan y no pueden poner el mote de narcopolítico por el simple hecho de ser de ahí”, expresó Recalde, en entrevista con la 1020AM.
Aseguró que es muy injusto que las personas tilden a las personas oriundas de citado departamento como narcos o ligarlos directamente con hechos ilícitos por residir en esa zona del país. Aclaró que solo está defendiendo su honorabilidad y que este tipo de acusaciones lo hizo salir de control.
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“Una persona en sus redes y estados no te puede acusar, tocar tu honor o trayectoria, ser cuestionado y agraviado por una persona que ni siquiera residencia tiene; asesor de qué puede ser una persona que no tiene curriculum. Estoy defendiendo mi honor y lo voy a demandar, cumplir una acción penal”, puntualizó.
Refirió que tiene más de 16 años siendo médico con dos residencias hechas y en las que ingresó bajo la modalidad de concurso, en las mejores posiciones de la Comisión de Residencias Médicas. “La gente no puede desmeritar hablando de demandas o mala praxis, nunca tuve una deferencia con un paciente”, concluyó.
Antecedentes
El doctor Recalde encaró y acorraló al doctor Cantero en plena institución, luego de que este último publicó en sus estados de WhatsApp y redes sociales críticas dirigidas a un “narcopolítico y ñembo viceministro”. Además, dijo ventilaría los antecedentes sino es removido del cargo.
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