Ante la ola de delincuencia registrada en el país, desde Desarrollo en Democracia (Dende) consideraron de suma importancia abordar y debatir sobre cómo mejorar la prevención de los delitos y la erradicación de la violencia.

Al efecto, reunió a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez; al jefe de Departamento de Antisecuestro e Inteligencia Policial, comisario Nimio Cardozo, y a Luis Fretes, empresario del sector de seguridad y socio fundador de País Seguro y de Desarrollo en Democracia.

Lea también: Detienen a 4 personas por robo de cables en predio de Copaco

Los referentes coincidieron en la necesidad de articular políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo la institucionalidad y tomando decisiones políticas que posibiliten cambios reales para disminuir la delincuencia y el crimen organizado.

La ministra Cecilia Pérez recordó que actualmente la población privada de libertad asciende a 14.780 personas, de las cuales el 72% está sin condena, y ante ello es preciso revisar las normativas y los procesos de acuerdo a los delitos.

Reconoció las problemáticas latentes en las penitenciarías del país, al tiempo de adelantar que una de las medidas que planean, cuando se concluya la construcción de tres unidades más, es separar a los líderes del crimen organizado privados de libertad del resto de la población penitenciaria, de modo de evitar que sigan atrayendo más personas.

Asintió que no existe una trazabilidad desde que se inicia la denuncia sobre un hecho punible hasta que finalice, es decir, no se mide cuántas de las personas denunciadas son imputadas, condenadas o cumplen una condena y egresan de las penitenciarías.

“Creo que inmediatamente tenemos que sentarnos a trabajar con un liderazgo del Ministerio del Interior, en un esquema de corto, mediano y largo plazo entre todos los organismos que estamos vinculados a la seguridad para enfrentar esta situación”, expresó Pérez.

Lamentó que, a pesar de que el Ministerio de Justicia es responsable de la población penitenciaria, no forma parte del Consejo de Seguridad, a más de insistir en que se debe dejar de tomar decisiones parches y continuar el trabajo iniciado en gobiernos anteriores.

En tanto que el comisario Cardozo aseveró que el principal problema de Paraguay ya es el crimen organizado, que se está expandido en todo el país porque permea las instituciones.

Mientras que la delincuencia común, que en años anteriores la ola de violencia se iniciaba a fines de noviembre y principios de diciembre, en este 2021 se inició más temprano debido a la pandemia.

Puede interesarle: Hombre intentó quemar a su pareja en Fernando de la Mora

Por su parte, Fretes manifestó que una de las alternativas para disminuir la delincuencia común es destinar mayor inversión a unidades como el Grupo Lince, a más de una política para recuperar a las personas adictas, lamentando que solo existan 50 camas en todo el país para atender a este grupo.

Remarcó que la impunidad es un elemento central para que aumente la inseguridad y el narcotráfico. “Mientras el Estado esté ausente y haya impunidad, la lectura que hace el que comete un delito es que es un negocio redondo casi en un 98%”, acotó.