La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización delictiva dedicada al cibercrimen en el departamento de Itapúa. El presunto líder es un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, brindaron una conferencia para dar a conocer los detalles de la Operación Ícaro.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación, donde las autoridades desbarataron una estructura dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Un total de ocho personas resultaron detenidas y están acusadas por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.

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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de modalidades con código QR, procedieron a reclutar personas que se prestaran como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para desviar el dinero de las víctimas”, manifestó Llano.

A su vez, el comisario Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula” —entre billeteras electrónicas y entidades financieras— para mover los fondos tras lograr un acceso indebido. Para impedir la trazabilidad, los cibercriminales convertían el dinero en criptomonedas. Durante el operativo, se lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.

El perjuicio patrimonial asciende a G. 9.000 millones. Con el botín, los jóvenes ostentaban lujos como vehículos de alta gama y alquileres en departamentos costosos. Las autoridades confirmaron que la banda estaba liderada por el joven de 18 años junto a su círculo de amigos cercanos.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), va completando sin pausas la titulación masiva en beneficio de familias de la colonia Santa Teresa Manduarã, distrito de Abaí, Departamento de Caazapá. Con la última entrega ya suman 221 los documentos entregados por el ente.

La segunda tanda se concretó esta semana con la tramitación de 121 títulos de propiedad y a finales de este mes ya van a ser entregados de forma definitiva a los beneficiarios, confirmó el gerente de Colonias, Luis Reguera.

“Quiero comunicar que en representación del señor presidente del Indert, el economista Francisco Ruiz Díaz estamos aquí nuevamente por instrucciones directas de él para traer otros 121 títulos de propiedad para la firma de los beneficiarios, que con la tanda anterior estamos completando los 221 títulos de propiedad”, destacó.

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Explicó que el primer grupo de documentos que se firmó con anterioridad ya está en la Dirección General de los Registros Públicos (Registro Unificado Nacional- RUN) y a fin de mes ya la primera tanda estará finiquitada para ser entregado a los beneficiarios.

“Entonces, les quiero comunicar que están acá los funcionarios de la Dirección de Registro de Beneficiarios con los títulos de propiedad ya verificados y vamos a iniciar la firma de esos títulos”, dijo a las familias beneficiadas que celebraron con aplausos la grata noticia, tras varios años de lucha por la titulación de sus lotes.

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El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.

Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.

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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.

“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.

El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.

“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.

El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.

González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.

Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.

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Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.

Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.

Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.

Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.

“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.

Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.

Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.

Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.

“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.

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