Ayer miércoles prosiguió el juicio oral y público para los presuntos responsables de la muerte de dos guardaparques de Caazapá, ocasión en que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Sentencia sus argumentos finales.
El agente fiscal César Martínez y el fiscal Federico Delfino representan al Ministerio Público en un juicio oral contra Hugo Andrés González Sosa y los hermanos Robert, Braulio y Arnaldo Alcaraz González, quienes presuntamente serían responsables del hecho punible de homicidio doloso. El juicio prosigue en la mañana de hoy, tras iniciarse el pasado 11 de setiembre; en donde la Fiscalía presentó sus alegatos iniciales ante el tribunal.
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Según los antecedentes del caso, los ahora encausados habrían acabado con la vida de Artemio Villalba (51) y Rumildo Toledo (36), guardaparques de la Reserva Natural Tapytá, ubicada en Caazapá, en agosto del 2018.
En aquella oportunidad, Rumildo Toledo y Artemio Villalba se encontraban realizando su tarea de patrullaje hasta que presuntamente fueron emboscados por los ahora acusados, quienes habrían disparado directamente a la altura de la cabeza. Toledo falleció en el acto y Villalba 14 días después de estar internado en terapia intensiva.
Los hermanos Alcaraz González fueron detenidos el 4 de marzo del 2020, tras 2 años y medio de haber estado prófugos de la justicia. Entre tanto, González Sosa se entregó a la justicia el 11 de agosto del 2020. El Tribunal de Sentencia que juzga esta causa está integrado por los jueces Enrique Furler, Carlos Antonio López y César Miranda.
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Imputan a falso médico por producción indebida de certificados de salud y otros
El fiscal Alexander Argüello Alderete, de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La investigación señala que el acusado es autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina.
De acuerdo a las investigaciones, Alfonzo Salinas habría ejercido la profesión médica sin contar con habilitación legal, utilizando el registro profesional de otro médico. El imputado montó un supuesto sanatorio privado dentro de su vivienda, ubicada a escasos metros del Hospital de San Estanislao, que operaba bajo el nombre de “Santa Isabel”.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de junio del 2025 por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Superintendencia de Salud ante la comisaría local, en la cual alertaban que el procesado ofrecía servicios médicos usando un número de registro profesional ajeno, incurriendo en una grave transgresión legal y ética.
Como parte del proceso investigativo, el 25 de junio se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Alfonzo Salinas. La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de numerosos objetos vinculados al ejercicio de la medicina, tales como un sello profesional, uniforme, recetas médicas, estetoscopio y cajas de instrumental médico.
Los elementos colectados refuerzan la sospecha de que el implicado habría ofrecido consultas, expedido recetas y emitido certificados de salud de forma clandestina, lo que representa un peligro para la salud pública y constituye una usurpación de funciones.
El Ministerio Público continúa la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen otras personas afectadas o vinculadas al caso.
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Sean “Diddy” Combs fue condenado solo por cargos menores
El rapero y magnate musical Sean “Diddy” Combs fue absuelto el miércoles de asociación ilícita y tráfico sexual, pero declarado culpable de dos cargos menos graves de prostitución, tras un mediático y maratónico juicio en Nueva York. A Combs se le denegó la libertad bajo fianza después de que el jurado lo declarara culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
Sin embargo, el pionero del hip-hop, otrora una de las figuras más poderosas de la música, fue absuelto de un importante cargo de crimen organizado y dos de tráfico sexual que podrían haberlo enviado a cadena perpetua. “Hoy es un gran día, hoy es una victoria, hoy es la victoria de todas las victorias para Sean Combs y nuestro equipo legal”, declaró uno de sus abogados, Marc Agnifilo, y afirmó que continuaría la “lucha” hasta su liberación.
Tras siete semanas de juicio, y poco más de dos días de deliberaciones, el portavoz del jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, anunció al juez Arun Subramanian su veredicto. Aliviado, Combs, de 55 años, juntó las manos como si rezara y las agitó varias veces en un gesto de agradecimiento. Luego se volvió a su familia, que a lo largo del juicio le ha arropado, y murmuró: “Me voy a casa”.
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Pero el juez cortó en seco sus pretensiones. Dispuso que Combs permanezca en una prisión de Brooklyn, en la que está desde su arresto en septiembre pasado, hasta que se dicte la sentencia, posiblemente en octubre.
Subramanian alegó que tanto el magnate como su defensa no han logrado demostrar que Combs “no representa peligro para nadie”, en particular para sus acusadoras, y recordó que, en junio de 2024, cuando estaba bajo investigación, hubo un incidente violento contra una expareja.
Sus abogados habían propuesto una fianza de un millón de dólares y entregar su pasaporte.
La fiscalía acusó al fundador de la discográfica Bad Boy Records de obligar a dos exparejas, Casandra “Cassie” Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane”, a mantener relaciones sexuales no deseadas con prostitutos, con ayuda de empleados.
Ventura, pareja de Combs durante más de una década, lo había denunciado en la justicia civil por violación y agresión sexual. El caso se resolvió extrajudicialmente tras el pago de 20 millones de dólares, pero desencadenó una avalancha de demandas civiles y, finalmente, cargos penales.
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“Cicatrices”
El jurado había llegado a un veredicto parcial el martes, pero no logró el consenso necesario sobre el cargo de asociación ilícita, el más grave de los cinco en contra de Combs. El juez les ordenó continuar las deliberaciones y el miércoles llegaron sorprendentemente rápido a un acuerdo unánime.
El abogado de Ventura, Douglas Wigdor, dijo que su cliente “allanó el camino” en la búsqueda de justicia.
“Este caso ha demostrado que hace tiempo que debería haberse producido un cambio, y seguiremos luchando en nombre de los supervivientes”, dijo en un comunicado enviado a la AFP.
Desde inicios de mayo se presentaron en el juicio testimonios por momentos perturbadores, además de miles de páginas de registros telefónicos, financieros y audiovisuales que pusieron en evidencia un comportamiento violento, controlador y perverso del multimillonario.
Combs se declaró inocente de los cargos y decidió no testificar, una estrategia de defensa común en Estados Unidos.
La fiscalía afirmó en un comunicado que se hizo “un enfoque centrado en las víctimas”.
“Los delitos sexuales dejan profundas cicatrices en las víctimas, y la inquietante realidad es que (...) están demasiado presentes en muchos aspectos de nuestra sociedad”, señaló. En otro juicio emblemático celebrado recientemente, el exmagnate del cine de Hollywood Harvey Weinstein fue absuelto de una de las dos acusaciones de agresión sexual que pesaban sobre él. Volverá a ser juzgado por violación tras las desavenencias del jurado que no se puso de acuerdo.
Fuente: AFP.
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Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para imputar al intendente Luis Yd
En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.
Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.
“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.
En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.
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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.
“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.
Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Imputan al intendente de Encarnación por derrumbe que dejó dos víctimas fatales
El Ministerio Público imputó al intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el trágico derrumbe de un edificio ocurrido el pasado 2 de abril en la capital de Itapúa, que ocasionó el fallecimiento de una mujer y de su nieta.
Además del jefe comunal, otras cinco personas fueron procesadas por el mismo caso. De acuerdo con la información oficial, algunas de ellas fueron señaladas como presuntos autores materiales, mientras que otras figuran como cómplices en la causa penal abierta por los fiscales Ever Williams, Francisco Martínez y Rocío Valdez.
Los demás imputados son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Los hechos están caratulados como homicidio culposo y realización de actividades peligrosas en la construcción. El colapso del edificio generó una profunda conmoción en la comunidad encarnacena, y en todo el país, que exige respuestas sobre los controles y responsabilidades en torno a las obras civiles autorizadas por la municipalidad.
El representante legal de la familia de las víctimas, Rolando Aquino, había manifestado que el intendente encarnaceno tenía una responsabilidad en el siniestro y que debía ser imputado por la Fiscalía. "El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", fueron las palabra del abogado para una entrevista pasada a Nación Media.
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