A fin de crear los mecanismos para proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de acceder al sistema de Justicia en igualdad de condiciones, la Defensa Pública, representada por la defensora general, María Lorena Segovia, y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), representada por la ministra secretaria ejecutiva, Mariela Soledad Ramírez, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional.
En la oportunidad, la defensora general resaltó el compromiso de la Defensa Pública para impulsar medidas a favor de las personas con discapacidad en cumplimiento de los derechos humanos.
En este contexto, mencionó que dentro de este año se debe avanzar con las acciones conjuntas para hallar coherencia con los principios inherentes a la condición de cada persona. Igualmente, desarrollar capacitaciones a los profesionales para fortalecer conocimiento en el área.
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La Defensa Pública y la Senadis coordinarán acciones técnicas bajo una agenda consensuada para la implementación del convenio mediante la facilitación de información, recursos profesionales según disponibilidad, como así también vínculos con redes, organizaciones y todo lo necesario para el cumplimiento.
Ambas instituciones se comprometen a realizar evaluaciones de las actividades realizadas de manera conjunta en favor de las personas con discapacidad.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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Espacio Reservado: INDUFAR C.I.S.A. hace pública la situación por la que está atravesando
Mediante un comunicado dirigido a sus clientes, gremios de la industria nacional y público en general, INDUFAR C.I.S.A., “de manera clara y transparente”, hace pública la situación por la cual está atravesando, considerando relevante que la misma sea conocida por todos, según sostienen.
¿Qué está pasando?
“INDUFAR C.I.S.A., incluidos directivos y gerentes, ha sido objeto de una cadena de actos, premeditadamente estructurados, destinados a intimidarle y ejercer fuerza de manera a que renuncie a sus derechos que, legítimamente, le corresponden en una relación puramente comercial dentro del ámbito del derecho privado”, señalan.
Sostienen además, que “dichos actos buscan instrumentar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la circunscripción judicial del Alto Paraná, para -insistimos- forzar a que INDUFAR C.I.S.A. ceda sus legítimos intereses que contractualmente y en derecho, le corresponden”.
Lo que demuestran los hechos
Desde la empresa sostienen que “un juzgado civil de Asunción rechazó in límine todas las pretensiones de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. planteadas en un pedido de medidas cautelares. A pesar de ello, buscaron una Justicia complaciente a sus intereses y presiones, y la encontraron en la jueza Victoriana Cáceres, jueza Civil de Ciudad del Este, quien hizo lugar a las mismas medidas rechazadas en Asunción, dictando una medida cautelar arbitraria y desprovista de fundamento, no ajustada a las reglas procesales. Este proceder está fuera del derecho”.
Agregan que: “Igualmente, en la misma jurisdicción del Alto Paraná, ´penalizaron´ el mismo contrato comercial y realizaron denuncias infundadas, por estar basadas en cuestiones civiles y comerciales, no obstante, encontraron eco en la agente fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía, territorialmente incompetente y el juez de Garantías Nelio Prieto de Ciudad del Este.
En dichos casos “INDUFAR C.I.S.A., iniciará la acusación formal por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para la remoción de dichos servidores públicos, como así también la denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público”.
El punto mas grave
Desde INDUFAR aseguran que “lo mas preocupante, es que dichos actos buscan evitar que la cuestión sea sometida al arbitraje, que fue pactado como medio de solución de disputas entre las partes. Es así que la arbitraria medida cautelar mencionada caducó de pleno derecho, al vencer el plazo de 10 días corridos, sin que el actor, BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., haya dado inicio al arbitraje, tal como lo manda el art. 26 de la Ley 7561/2025.
“La jueza Gabriela Ramírez, consecuentemente, declaró la caducidad operada ya de pleno derecho de esas medidas y levantó las mismas. Hoy, la jueza Gabriela Ramírez fue denunciada ante el Ministerio Público, por cumplir la ley”, sostienen.
El documento también menciona que “BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. evita el arbitraje, porque él no le permitirá ejercer la misma presión que está ejerciendo sobre la Justicia de Ciudad del Este. Sabe que no tiene ningún reclamo, jurídicamente sostenible, en contra de INDUFAR C.I.S.A.”.
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Sobre INDUFAR C.I.S.A.
INDUFAR C.I.S.A. es una empresa líder en su rama industrial, con mas de 50 años al servicio del país. Forma parte de los grandes contribuyentes del Estado. Emplea a cerca de 1200 trabajadores, y beneficia por tanto, a aproximadamente 5000 personas, sin contar el enorme mercado de farmacias y distribuidoras que son beneficiadas con la comercialización de sus productos.
Es parte de gremios de la producción, como la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA).
Compromiso
“En INDUFAR C.I.S.A. actuamos con responsabilidad, transparencia y compromiso absoluto con la salud de las personas. Nuestros clientes y usuarios, tengan la tranquilidad de que esta situación no afecta la calidad, la producción ni el abastecimiento de nuestros productos. Seguimos trabajando con normalidad y con el mismo compromiso de siempre”, expresan.
Además: “INDUFAR C.I.S.A. exige seguridad jurídica y la vigencia plena de un estado de derecho, en el que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados velen por el fiel cumplimiento de las normas jurídicas y que en todos los casos, la justicia actúe con independencia”.
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Justicia y conservación unen fuerzas para proteger el Bosque Mbaracayú
El Poder Judicial y la Fundación Moisés Bertoni formalizaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional, una alianza que busca fortalecer las acciones destinadas a la conservación ambiental y promover una mayor articulación entre la Justicia y las organizaciones vinculadas a la protección de los recursos naturales.
El acuerdo establece una hoja de ruta para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de preservación ambiental, con especial atención a la zona donde se encuentra la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en el departamento de Canindeyú. La cooperación apunta a generar herramientas que permitan a los operadores de justicia contar con mayores conocimientos para abordar los casos relacionados con la protección del ambiente.
Capacitación
Como primera medida, se prevé organizar jornadas de capacitación y formación destinadas a jueces y fiscales de la región. El objetivo será brindar información y generar espacios de análisis sobre la realidad ambiental del área, de manera que el sistema de justicia pueda responder con mayor eficacia ante situaciones que afecten los ecosistemas y los recursos naturales.
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La iniciativa también pretende instalar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar este patrimonio y favorecer la adopción de medidas concretas a través del trabajo coordinado entre las instituciones. En ese sentido, la capacitación de quienes intervienen en los procesos judiciales constituye uno de los primeros pasos para fortalecer la protección efectiva del ambiente.
La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú abarca unas 64.000 hectáreas de propiedad privada y se encuentra bajo administración de la Fundación Moisés Bertoni. Su creación fue establecida mediante una ley nacional y contempla la conservación del territorio a perpetuidad, convirtiéndola en una de las áreas de especial relevancia para la protección de la biodiversidad del país.
Protagonistas
El convenio fue suscrito con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, y el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Por parte de la Fundación Moisés Bertoni participaron su director ejecutivo, Yan Speranza; el miembro de su Consejo de Administración, Eduardo Bernal, y el asesor jurídico Daniel Jacquet.
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Tragedia en Pedrozo: decretan prisión preventiva para chofer del camión que causó fatal accidente
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Víctor Raúl De la Cruz, chofer del camión que causó el fatal accidente en Pedrozo y que está imputado por homicidio culposo. De la Cruz cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se decidió privar de la libertad al conductor.
El fiscal Juan Manuel Ledesma imputó por homicidio culposo a De La Cruz tras el siniestro vial donde murieron cinco personas, el pasado sábado 15 de agosto en la compañía Pedrozo, Ypacaraí. Según el acta de imputación, el camión se habría quedado sin frenos luego de descender el cerro Caacupé, llevándose por delante a varios vehículos que detuvieron su marcha en el semáforo del cruce sobre la Ruta PY02.
Autopsia
El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que culminaron los procedimientos de identificación y autopsia médico-legal de cuatro de las víctimas fatales. Los estudios se realizaron en la Morgue Judicial de Asunción y finalizaron aproximadamente a las 22:00 del domingo 16 de agosto. Debido a las condiciones en que fueron recuperados los cuerpos, fue necesario un abordaje médico-legal multidisciplinario.
Las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia: un hombre de 49 años, una mujer de 45, un joven de 18 y una niña de 9 años. Por disposición de la investigación, sus identidades no fueron divulgadas. El vehículo en el que viajaba la familia sufrió un incendio tras el impacto con el camión de gran porte. Los resultados de los análisis médicos ya fueron remitidos a la unidad penal interviniente y serán incorporados como antecedentes técnicos de la investigación. Posteriormente, se realizará la autopsia de la quinta víctima fatal del grave siniestro ocurrido en Pedrozo.