Los fiscales Yeimy Adle y Giovanni Grisetti solicitaron a la Cámara de Apelación rechazar la chicana de excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens acusado por lesión de confianza por el caso metrobús, que consideran improcedente.

Asimismo, sostienen que el hecho de presentar por presentar recursos sin fundamento podría considerarse como ejercicio abusivo del derecho.

“La pretensión de los recurrentes debe ser rechazada por su notoria improcedencia, en atención a que el auto interlocutorio recurrido se encuentra correctamente fundando sobre la base de hechos y estricto derecho, debiendo ser confirmado en su totalidad”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público, en una nota del 27 de agosto, al contestar el recurso de apelación general interpuesto el 21 de agosto por los abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, representantes legales de Wiens.

La defensa del exministro de Obras Públicas introdujo esta chicana contra el Auto Interlocutorio n.° 264, de fecha 14 de agosto de 2026, el cual resolvió no hacer lugar a la excepción de falta de acción por prescripción y extinción de la acción penal, que fue dictado por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno, Humberto Otazú.

El Ministerio Público puntualiza que la resolución recurrida está “debidamente fundada y la citación a indagatoria de fecha 4 de octubre de 2023 fue idónea para interrumpir la prescripción” y, citando los artículos 104 y 162 del Código Penal, que “el supuesto agravio expuesto por la defensa parte de una confusión entre institutos procesales diferentes y pretende incorporar al acto de citación para declaración indagatoria exigencias que la ley no establece como condición para producir el efecto interruptivo de la prescripción”.

La defensa pretende negar el efecto interruptivo de la citación, porque en citación a indagatoria del entonces inculpado del año 2023 no se habría efectuado una descripción detallada de todos los hechos posteriormente incorporados a la imputación, aludiendo a la suscripción del Acta de Entendimiento del 23 de octubre de 2018, la suspensión de las obras originales, trabajos para habilitar el tránsito, el pago de G. 8.030.693.029 a Mota-Engil y la demolición de las estaciones.

“En tal sentido se tiene que, luego de recibir la citación, Arnoldo Wiens designó como defensor al Abg. Federico Huttemann; este aceptó el cargo, solicitó la suspensión de la audiencia fijada para el 13 de octubre de 2023 y requirió copias del cuaderno de investigación fiscal. Posteriormente volvió a solicitar documentación específica de la investigación, copias a las cuales accedieron”, agrega la contestación fiscal.

“En consecuencia, no pueden ahora pretender que la falta de realización de un acto cuya suspensión fue solicitada por la propia defensa transforme retroactivamente una citación válida en un acto carente de eficacia interruptiva”.

El diputado liberal, Arnaldo Valdez, representante del departamento de Misiones, presentó un proyecto de declaración por el cual insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a incluir el tramo Yabebyry-Panchito López, del departamento de Misiones, en el proyecto de construcción del Corredor de Integración Suroeste.

Con la iniciativa busca atender una necesidad concreta de conectividad que afecta a los pobladores del distrito de Yabebyry y, particularmente, a la comunidad de Panchito López, donde las dificultades de transitabilidad constituyen una problemática recurrente y limitan las posibilidades de desarrollo de la población.

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De hecho, días atrás el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ya había anunciado que desde el Gobierno están evaluando la ampliación del proyecto del Corredor Suroeste, en dicho tramo, dependiendo del presupuesto cuya financiación será mediante el préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) por un monto de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (286 millones de dólares).

Al respecto, el legislador liberal argumentó que el Corredor de Integración Suroeste es una infraestructura estratégica para fortalecer la conexión vial entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Indicó que favorecerá la movilidad de personas y productos, la reducción de los costos de transporte y el acceso de las comunidades a servicios esenciales, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas.

En este contexto, señaló que la incorporación del tramo que une Yabebyry con Panchito López permitiría extender los beneficios de esta infraestructura a una comunidad que históricamente enfrentó dificultades para contar con una conexión vial adecuada.

“La incorporación de aproximadamente 9 kilómetros al corredor constituye una medida orientada a completar la conectividad de la zona y brindar una respuesta de carácter permanente a una necesidad largamente planteada por los pobladores”, señala un segmento de las fundamentaciones.

Indica que una infraestructura vial adecuada no solo mejora la transitabilidad, sino que también genera condiciones favorables para el crecimiento económico, la producción, el comercio, el turismo y el acceso oportuno a servicios públicos.

La propuesta declarativa plantea que el MOPC realice los estudios técnicos, administrativos y presupuestarios correspondientes para determinar la viabilidad de la incorporación del tramo, así como las acciones necesarias para establecer una solución vial permanente. La iniciativa será analizada en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, para posteriormente ser considerada en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados.

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Un hombre denunció este jueves que desconocidos están ofreciendo su vivienda en alquiler sin su autorización. Según manifestó, los responsables incluso promocionan el inmueble a un precio muy inferior al valor real, situación que le genera preocupación y sospechas de una posible estafa.

Desde hace unos meses don Alberto Funes decidió poner en alquiler su vivienda en Asunción mediante una inmobiliaria, pero hace unas semanas vio que la misma propiedad es ofrecida por varias personas que desconoce. Estas comparten fotos y vídeos, pero presume que fueron captadas por personas que se hicieron pasar por clientes.

Además, denunció que retiraron el cartel que fue puesto por la inmobiliaria y que en redes sociales figuran varios números telefónicos, pero que ninguno es de una persona conocida o de la empresa encargada de administrarla. La casa es ofrecida por G. 6 millones al mes en alquiler, sin embargo, los extraños lo están ofreciendo por G. 3 millones.

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“Estas personas muestran todas las dependencias y publicaron fotos de todo tipo, se puede ver que pidieron ingresar a la propiedad para captar las imágenes. Además, comparten una serie de números de teléfonos, intenté hacerme pasar por interesado, pero no tuve retorno”, detalló don Alfonso, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que junto a la inmobiliaria ya realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes. “El único requisito que piden estos desconocidos, en las publicaciones que circulan en redes sociales, es que deben abonar los 3 millones de guaraníes y ya la casa estaría disponible para la persona o familia”, indicó.

Confirmó que hasta el momento se desconoce si existen víctimas de estos estafadores e instan a la ciudadanía a realizar la denuncia en la comisaría 15 de Asunción en el caso de que hayan abonado por el falso alquiler para seguir con las investigaciones e intentar dar con los estafadores.

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La conocida como “Casa del Horror”, por un quíntuple homicidio ocurrido en el sitio en el año 2018, sería subastada este viernes de manera irregular, según denuncia de familiares del fallecido Néstor Andrés Macchi Amarolla.

El inmueble, ubicado sobre la calle Oliva casi Montevideo del barrio La Encarnación de Asunción, iría a remate, en detrimento de las herederas, la viuda y su hija, quienes denunciaron una supuesta manipulación en el sistema informático judicial para llevar a cabo la subasta.

De acuerdo a la denuncia de las afectadas, la jueza Mafalda Cameron Luque dispuso la subasta pública de tres inmuebles a nombre de Macchi Amarilla, entre ellos la “Casa del Horror”. Ante esta situación, la abogada Noelia Núñez presentó hoy una denuncia por prevaricato en contra de la jueza Mafalda Cameron.

La profesional refiere que el inmueble supera un valor de G. 1.200 millones. Sin embargo, la Justicia ordenó que sea subastado en un precio inicial de G. 208 millones, en base a una tasación fiscal. La medida también afecta a otros dos inmuebles.

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La jueza Mafalda Cameron ordenó el pasado 4 de agosto el remate público de los bienes –según la denuncia– a espaldas de las herederas María Marlyn Villagra Cantero y su hija, Marlyn Beatriz Macchi Villagra, ya que ellas no fueron debidamente notificadas.

A través de la abogada, las herederas denuncian “arbitrariedades procesales” y una grave manipulación del sistema informático judicial, ya que el expediente digital habría sido manejado de manera clandestina.

Poco tiempo después de su presentación, el escrito fue borrado u ocultado del sistema informático judicial, sin dejar rastro visible, lamentó la profesional.

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