El exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, entre otros delitos, afrontarán juicio oral y público. Esto fue resuelto por el juez Julián López durante una audiencia preliminar realizada este jueves.
Según los antecedentes, son cinco las audiencias preliminares que fueron suspendidas a pedido de la defensa de los acusados, motivo por el cual la fiscala Nathalia Silva había solicitado declarar en rebeldía, como litigantes de mala fe, y revocar las medidas alternativas a ambos acusados; sin embargo, la defensa recusó a Silva y también a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
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Silva también había solicitado que se revoquen las medidas alternativas a la prisión preventiva y la constitución de un médico forense al domicilio de Díaz Verón y su esposa, a fin de verificar su condición de salud. Ante esto, el médico forense Pablo Lemir señaló en su informe que no encontró elementos médicos suficientes que impidan la presencia de los acusados en la audiencia preliminar.
Díaz Verón fue acusado de cometer el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Por su parte, Selva Morínigo está acusada de incurrir en el ilícito de lavado de dinero. Ambos se exponen a penas altas en caso de que sean condenados.
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En octubre debe comenzar un segundo juicio oral al exfiscal general y su esposa
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Adriana Planás Sonia Sánchez y Matías Garcete, fijó para el 1 de octubre a las 8:30, el inicio del segundo juicio oral y público contra el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Díaz Verón y su esposa serán nuevamente juzgados por resolución del Tribunal de Apelación que anuló la absolución que dictaron los jueces de sentencia Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez.
El Tribunal de Apelación Penal en mayoría, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo.
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La camarista Bibiana Benítez señaló en su voto que “habiendo detectado serias violaciones a las reglas legales, fundamentalmente la inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal, ya que han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, dice el criterio de la mencionada jueza.
Antecedentes
El proceso penal contra la pareja Díaz Verón, Morínigo se inició a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Público en el año 2019, que señalaba que entre los años 2008 y 2017 los ingresos de Díaz Verón fueron de G. 10.702 millones, mientras que sus egresos alcanzaron los G. 21.143 millones, generando un déficit injustificado de G. 10.495 millones en su patrimonio y en el de su cónyuge.
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Caso Valenzuela: intendenta liberal enfrentará juicio oral
La jefa comunal del Municipio de Valenzuela, Mirtha Fernández y otras seis personas están acusadas, por lesión de confianza, y otros hechos, por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar esta causa a un juicio oral, luego de que la intendenta liberal se haya presentado a los estrados judiciales el pasado lunes, la misma se encontraba prófuga con orden de detención.
El magistrado también dispuso el arresto domiciliario de la autoridad municipal y de los demás acusados en esta causa, también se le otorgó un permiso para trabajar en horas de la mañana, es decir, continuar al frente de la administración local.
La intendenta liberal fue procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones. Este proceso judicial ya se viene arrastrando desde el 2023 con varias chicanas presentadas por los abogados de la jefa comunal, dilatando la audiencia preliminar.
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La imputación se dio en marzo del 2023 por los fiscales de Delitos Económicos Diego Arzamendia y Néstor Coronel. El proceso de investigación se dio ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
Nueva imputación
Por otra parte, el día de ayer la intendenta y otras cinco personas fueron imputadas por la agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.
De acuerdo a la fiscalía, esta nueva imputación tiene que ver con un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad por aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fonacide, en obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Condenan a 28 años de prisión a septuagenario por abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En juicio oral fue condenado a 28 años prisión un hombre de 70 años, por abuso sexual en niños y coacción sexual. Fue víctima una niña desde los 6 hasta los 11 años. El fallo se dio a conocer este martes 9 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, por el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue quien defendió la acusación en el juicio y el fallo condenatorio de 28 años de prisión, fue lo solicitado por la citada representante del Ministerio Público.
El condenado abusó de su hijastra menor de edad durante varios años y también de la madre de la niña. La misma, se enteró del hecho y pasó a ser sometida a agresiones sexuales, de acuerdo a lo presentado en el juicio.
Los antecedentes indican que los abusos comenzaron en el 2018, cuando la niña tenía seis años de edad, y siguieron sucediendo hasta octubre de 2023, cuando ya tenía 14 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda familiar ubicada en el kilómetro 14 de Minga Guazú.
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Inicialmente, las agresiones consistieron en manoseos, hasta que la niña fue más violentada físicamente, en ocasiones, el agresor sometía a la niña con una sonda puesta, según la exposición de la fiscal. Todo esto fue relatado con detalles por la niña, a una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, responsabilizando a su padrastro de los vejámenes.
El hombre actuaba con violencia y la amenazaba constantemente con matar a su madre, si revelaba los abusos, según lo expuesto en juicio. Cuando la víctima finalmente le contó a su madre, y esta confrontó a su pareja, también empezó a sufrir terribles castigos físicos y psicológicos, además de ser sometida sexualmente a la fuerza y amenazada de muerte, según la fiscal Coronel.
El abusador llegó al extremo de someter sexualmente a madre e hija al mismo tiempo. Durante la investigación, el médico forense de la Fiscalía, doctor Aníbal Duarte, había confirmado las agresiones sexuales.
Reportaron 1.959 casos en siete meses
De enero a julio de 2025, el Ministerio Público atendió un total de 12.943 niños, niñas y adolescentes víctimas por diferentes hechos punibles, lo que indica 61 niños por día, según los datos Abiertos del Ministerio Público.
De los hechos punibles contra niños y adolescentes, son 1.959 casos de abuso sexual en niños, de enero a julio de 2025 en Paraguay. De la totalidad, encabezan la lista los departamentos Central, con 724 casos y Alto Paraná con 240 casos. Se mantiene la cifra de 88 % de los casos cometidos que tienen como autores a familiares o a personas conocidas del entorno, como el caso que se reporta en este texto.
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