La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín presentó imputación contra un joven que habría atentado contra la vida de su hermano y solicitó la prisión del mismo. El imputado por homicidio doloso en grado de tentativa es Juan Alexis Bareiro Ávalos (27). El mismo se encuentra recluido en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado de Garantías.
El hecho ocurrió en una cancha de vóley ubicada en el barrio San Miguel de Presidente Franco, resultando víctima Cristian David Bareiro Ávalos, quien fue hospitalizado. Según la investigación, el presunto agresor se encontraba en el lugar de esparcimiento consumiendo bebidas alcohólicas con algunos amigos, momento en que llegó al sitio Cristian Bareiro y comenzaron una discusión por motivos particulares.
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Seguidamente, Juan Alexis sacó un puñal que llevaba en la cintura y atacó presuntamente a su familiar, a quien aplicó una herida a la altura de la nalga, lado izquierdo. Luego, intentó apuñalarlo nuevamente, pero los demás presentes evitaron y auxiliaron a la víctima hasta un centro asistencial.
El supuesto agresor fue a su casa a dormir, pero luego su madre Lorenza Ávalos de Bareiro alertó a los efectivos policiales que rápidamente intervinieron en el hecho y detuvieron al sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público.
Finalmente, se dio intervención a la unidad de turno de Franco, que estaba interinada por la fiscal Zunilda Ocampos, quien es titular de la Unidad Penal Nº 9 de Ciudad del Este y de la Unidad Especializada Antisecuestro.
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Fiscalía llama a declarar a los padres del niño de 5 años que conducía un cuatriciclo
Un niño de cinco años fue sorprendido en la vía pública mientras conducía un cuatriciclo. En el caso intervino el Ministerio Público y los padres fueron citados para prestar declaración. El hecho fue reportado ayer domingo en el barrio Santa Librada de la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí.
El niño fue visto frente a la comisaría local, hecho que llamó la atención del personal policial que se encontraba frente a la dependencia, que posteriormente dio aviso a la Fiscalía. Un transeúnte captó el momento en el que el niño era consultado por los policías y posteriormente fue viralizado en redes sociales.
Según se informó, el niño habría quedado con la abuela mientras los padres salieron a realizar compras para el almuerzo, momento que fue aprovechado para salir en el cuatriciclo.
“Es un automotor, un automotor de 125 cilindradas. Es un cuatriciclo, o sea, no un juguete ni un vehículo para niños”, dijo este lunes a la 1020 AM el fiscal interviniente José Silguero, al indicar que el hecho pudo haber derivado en un “desenlace lamentable”.
El agente del Ministerio Público indicó que los padres fueron convocados hoy para prestar declaración indagatoria y hasta el momento no se descara ninguna situación.
“Eso se da hoy, justamente para poder darle la oportunidad de ejercer su descargo y nosotros, una vez que contemos con todo eso, poder definir y determinar” si amerita la apertura de una investigación, dijo el fiscal con relación a la citación de los padres del niño.
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Confirman prisión para falsa religiosa condenada por trata de persona
El Tribunal de Apelación ratificó la prisión de la falsa religiosa Rufina Salinas Acuña, condenada a 10 años de cárcel luego de ser encontrada culpable del delito de trata de personas. La mujer, en complicidad con otra falsa hermana, mantuvo bajo un régimen de servidumbre y maltrato a una adolescente de 16 años en un supuesto hogar religioso. Por el mismo caso, Olga Bogado Cubas fue condenada a 11 años de pena privativa de libertad.
El caso data del año 2023. Aunque el juicio oral se desarrolló en el Palacio de Justicia de Asunción, la causa fue liderada por la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas de Alto Paraná y Canindeyú. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.
De acuerdo con la resolución de primera instancia, quedó probado en el juicio que las acusadas captaron a la adolescente bajo engaños, con el pretexto de brindarle formación religiosa en la supuesta congregación “Hermanas Hijas de Nuestra Señora de Caacupé”. Una de las mujeres retiró a la menor de su hogar, ubicado en el kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú, y la trasladó a un establecimiento en el kilómetro 14 del mismo distrito. Allí, la víctima fue sometida a trabajos de servidumbre y terribles maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas.
Luego fue llevada a su destino final en Luque, específicamente a la “Casa de la Reina de la Paz”, bajo la custodia de la otra coacusada. En ese lugar, la menor continuó sufriendo al ser obligada a realizar trabajos forzados y tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada, además de recibir castigos físicos denigrantes.
Las falsas religiosas mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron retornar con su familia recurriendo a amenazas constantes. También la coaccionaron para que mintiera a sus familiares sobre su situación real y justificara su permanencia con las supuestas religiosas. Los informes médicos y psicológicos confirmaron el daño sistemático infligido a la menor durante su estadía en Luque.
Tras la denuncia, la Unidad Especializada resguardó a la adolescente activando los protocolos de protección integral. Luego, se logró la detención y posterior condena de las responsables, cuya pena hoy quedó firme.
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Ministerio Público solicita mayor presupuesto para el siguiente año
La solicitud institucional apunta a fortalecer la investigación penal, ampliar la presencia territorial de las sedes fiscales y modernizar los servicios técnicos brindados a la ciudadanía en todo el país.
Durante la audiencia, la representación fiscal expuso el histórico descalce financiero que arrastra la institución. Entre los años 2023 y 2026, la Fiscalía solicitó recursos por un total de G. 4,211 billones, pero el Poder Legislativo asignó únicamente G. 2,867 billones, dejando una diferencia acumulada de G. 1,344 billones en contra del órgano investigador.
En el periodo actual de 2026, la institución requirió G. 1,056 billones y recibió tan solo G. 763.000 millones, lo que representó un receso presupuestario de G. 293.000 millones. Estos antecedentes fundamentaron la urgencia de reajustar las partidas económicas para responder a las crecientes demandas de la justicia penal.
COBERTURA E INFRAESTRUCTURA
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el déficit de recursos humanos para cubrir todo el territorio paraguayo. Las autoridades advirtieron que el país necesita al menos 700 unidades fiscales, pero actualmente la institución funciona con aproximadamente 350 agentes fiscales titulares, operando a la mitad de la capacidad requerida.
Asimismo, la Fiscalía urgió inversiones en laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias, además de equipamiento tecnológico para el procesamiento de escenas del crimen.
Entre las obras prioritarias figura la conclusión de la sede en Encarnación, cuya finalización requerirá cerca de USD 5 millones, contrarrestada por la donación de más de 30 inmuebles gestionados desde 2023.
El Ministerio Público apeló a su autonomía funcional y administrativa, amparada por la Constitución Nacional, para solicitar el respaldo de los legisladores. La asignación presupuestaria pretendida resulta clave para consolidar investigaciones sustentadas en evidencia científica y garantizar una atención adecuada a las víctimas de delitos.
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Fiscalía abre causa por títulos falsos y apuntan a 5.000 casos
La fiscalización fue requerida por la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos perteneciente a la Cámara de Senadores.
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, dispuso el día de ayer la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo de agentes fiscales para investigar la denuncia impulsada por la Contraloría General de la República, relacionada a la existencia de presuntos títulos falsos en la función pública.
La investigación estará a cargo de los fiscales Francisco Manuel Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La denuncia surge tras la realización de una auditoría por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de cerca de 1.080 funcionarios públicos con presuntos títulos falsos.
La fiscalización fue requerida por la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos perteneciente a la Cámara de Senadores.
Desde la Fiscalía también se puntualizó que la denuncia fue presentada por los abogados Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría. La investigación buscará esclarecer los hechos y determinar si hubo conductas con relevancia penal.
El contralor Camilo Benítez había detallado que el trabajo implicó toda la trazabilidad de los títulos universitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Benítez detalló que en un primer corte de los pedidos de informe a las instituciones públicas se constataron más de 1.000 títulos falsos y que esta cifra puede aumentar aún más, teniendo en cuenta que todavía falta el informe de unas 200 instituciones del Estado que aún no respondieron a la solicitud.
“El primer muestreo salió con 1.082 personas; todavía acá falta el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso e instituciones del Estado grandes. Si seguimos el promedio por cantidad de personas, por lo menos vamos a llegar a 5.000 títulos en esta situación”, indicó en la 1020 AM. Explicó que se solicitaron informes a 350 instituciones del Estado, de las cuales respondieron para este primer corte 150, y aún faltan las respuestas de las 200 restantes.
Aneaes urge aplicación de RUE para desterrar títulos falsos
“Nosotros somos la institución que tiene como misión el aseguramiento de la calidad en la educación superior”, señaló el titular de la institución, José Duarte Penayo.
El titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte, indicó que requerirá informes sobre las instituciones educativas que emitieron los presuntos títulos falsos e instó al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) a ejercer intervenciones, controles y sanciones contra las universidades de garaje. “Nosotros somos la institución que tiene como misión el aseguramiento de la calidad en la educación superior. También la Aneaes es un organismo técnico que emite informes, evidencias; en el marco de las mismas, nosotros en este 2026 mostramos que en los últimos 3 años se registraron más de 100 mil títulos de carreras no acreditadas y creemos que en ese universo existe una gran cantidad de títulos falsos”, afirmó en el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las declaraciones de Duarte surgen tras el informe parcial emitido por la Contraloría General de la República (CGR) que detectó la presencia de aproximadamente 1.090 funcionarios públicos con títulos falsos. “Muchos de estos funcionarios serían del Ministerio de Educación y Ciencias; esto debería ser ampliado enormemente en el marco de la investigación y el trabajo que está llevando la comisión especial que investiga títulos falsos del Senado”, comentó.