La abogada María Esther Roa, líder de la Comisión de Escrache, enfrenta desde este martes juicio oral y público por el supuesto hecho de violación de la cuarentena sanitaria. La mujer está acusada por la Fiscalía de encabezar una manifestación ciudadana con aglomeración en plena vigencia de medidas sanitarias por el COVID-19 que impedían este tipo de actividades.
A las 11:00 de la mañana de este martes, en la sala 2 del Poder Judicial, inició el enjuiciamiento oral de la abogada María Esther Roa, quien asegura no haber cometido ningún hecho punible al salir a protestar contra la corrupción en plena pandemia.
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“Parece razonable que me den la oportunidad de defenderme. Yo pedí la garantía de que se pueda transmitir en vivo el juicio para que la ciudadanía saque sus conclusiones sobre el debate, porque no solo se hablará sobre mi o sobre lo que se me acusa, sino que se debatirá sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta”, expresó la abogada, en entrevista radial con la 800 AM.
Roa recordó que la manifestación que realizaron con un grupo de ciudadanos ocurrió el pasado 3 de junio del 2020 y remarcó que tres personas más, además de ella, fueron igualmente imputadas por la violación de la cuarentena sanitaria.
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“Este juicio ya fue suspendido en dos oportunidades por pedidos expresos del Ministerio Público. Hoy queremos demostrar nuestra inocencia. Quiero pedir a los procesados que siempre pidan juicio oral y se defiendan. Siempre se muestran como inocentes, pero presentan chicanas. Solo en juicio oral y público uno puede demostrar su inocencia”, mencionó.
A criterio de la líder de escraches, esa vez solo hicieron “una caravana y luego una breve convocatoria frente al Panteón de los Héroes. No violamos ninguna ley ni disposición sanitaria. Fue solo una manifestación”.
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Cuatro criminales reciben condenas de hasta 32 años por millonario robo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Tras un juicio oral que se inició el 15 de junio de este año y que concluyó ayer jueves, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, cuatro miembros de una banda criminal fueron sentenciados a condenas que van de entre 11 a 32 años de prisión por robo agravado, asociación criminal y otros. El robo fue de G. 810 millones.
El hecho juzgado fue un asalto a mano armada con extrema violencia en la residencia del empresario Wolnei Aloisio Troes Canal y su esposa Ibete Welter, magistrada de Ciudad del Este.
El cabecilla de la banda, Ubaldo Báez Ramírez, fue condenado a 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad, más 10 años de medida de seguridad. Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea recibieron 20 años de pena carcelaria, más 5 años de medida de seguridad cada uno, mientras que Shirley Antonia Ramírez fue sentenciada a 11 años de prisión.
El Tribunal de Sentencia fue presidido por la magistrada Gloria Vera e integrado por los jueces Margarita Martínez y Diego Duarte, emitió su fallo condenatorio por unanimidad. Representaron al Ministerio Público, los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín.
El atraco ocurrió el 23 de diciembre del 2024, entre las 01:24 y las 01:30, cuando la banda irrumpió en la residencia de la familia Troes Canal, ubicada en el km 11 Acaray, fracción El Puente. Armados con pistolas, actuaron con suma violencia y exigieron a las víctimas que entregaran todo el dinero que tenían en la vivienda, según lo expuesto en juicio.
Los delincuentes sustrajeron dos mochilas con monedas grandes y cajas plásticas con billetes de menor denominación totalizando G. 810 millones en efectivo. Asimismo, se llevaron un DVR del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la vivienda y una mira telescópica marca Maverick.
Las víctimas radicaron la denuncia y manifestaron que al menos cuatro hombres ingresaron a la vivienda para consumar el millonario golpe. Señalaron que los asaltantes colocaron un inhibidor de señal de 14 antenas para evitar la grabación del acto delictivo. Además, dejaron en el lugar una varilla de hierro y un bolso negro y amarillo.
En el marco de la investigación del caso, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron diversos actos investigativos que derivaron en la detención de los autores, la recuperación de parte de los objetos sustraídos y la incautación de armas de fuego.
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Presentaron acusación contra joven que alcoholizado protagonizó fatal accidente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Cinthia Leiva Cardozo, de la Unidad Penal N.º 2 de Ciudad del Este, presentó acusación contra un joven por los hechos punibles de exposición al peligro en el tránsito terrestre y homicidio culposo. Se trata de Bernardo Acosta Rodríguez (22), quien conducía en estado de ebriedad, llevó por delante dos rodados y uno de ellos volcó causando la muerte del conductor, según la acusación.
La agente solicitó la apertura de un juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el juzgado penal de Garantía N.º 8, a cargo de la magistrada Paola Nagele. El hecho por el cual se pide un juicio ocurrió el 4 de febrero del 2025, alrededor de las 23:40, sobre la Ruta PY02, en el km 7 de Ciudad del Este. El encausado circulaba al mando de un Toyota Allion, color bordó, con matrícula UAG-716 Py, cuando perdió el control e impactó contra la la estructura del viaducto.
Luego, el rodado chocó contra un Kia Soluto, color blanco, y posteriormente, contra un Chevrolet Onix, color gris, conducido por un joven de 22 años. Como consecuencia del último impacto, el vehículo Chevrolet volcó y su conductor, Lucas Nohan González Soto (22), falleció a causa de un traumatismo encefálico severo, conforme al informe forense.
Tras el percance, el responsable de la colisión fue sometido a la prueba de alcotest, que dio resultado positivo con una graduación de 0,450 mg/l de alcohol. La Fiscalía sustenta la acusación en informes policiales, actas de procedimiento, documentos médicos, declaraciones testimoniales y el informe pericial accidentológico.
La pericia atribuyó el siniestro al factor humano y señaló como causa fundamental la negligencia del conductor, relacionada con la pérdida de control del vehículo y la presunta infracción de las normas de tránsito al conducir alcoholizado. A partir de estos elementos, la fiscal Cinthia Leiva requirió la apertura de un juicio oral y público.
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LN PM: edición del 25 de agosto
Fiscales comunicarán al Tribunal de Sentencia la presunta amenaza de Giuzzio
Los agentes fiscales de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Veronica Valdez y Jorge Arce, informaron este martes que comunicarán al Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, las amenazas recibidas por del exministro abdista Arnaldo Giuzzio, quien enfrenta actualmente un juicio oral y público por cohecho pasivo agravado.
La constancia será concretada por los agentes fiscales en la próxima sesión del juicio oral y público a realizarse el próximo 1 de septiembre a las 10:30, informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán.
Esto teniendo en cuenta que vienen soportando una seguidilla de amenazas por parte del exfuncionario estatal ligado al narcotraficante brasileño, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Rally Mundial: “¡El mundo vuelve a mirar a Paraguay!”, afirma Alliana
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, destacó el próximo inicio de la segunda edición del WRC ueno Rally del Paraguay, cuyo debut fue distinguido como el mejor del año 2025 por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Acompañando al presidente Santiago Peña, ayer lunes, en las Misiones Jesuíticas, dieron la bienvenida al evento internacional y saludaron a los protagonistas que competirán desde el jueves.
“¡El mundo vuelve a mirar al Paraguay! Desde las históricas Reducciones Jesuíticas de Trinidad, compartimos una noche muy especial junto al presidente Santiago Peña, dando la bienvenida a una nueva edición del WRC Rally del Paraguay. Nuestra historia, nuestra gente y toda la emoción del mejor rally del mundo en un mismo lugar. ¡Paraguay está listo!”, expresó Pedro Alliana, a través de redes sociales.
Petropar busca mayor rentabilidad con su ingreso al mercado aeronáutico, según Wilka
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, afirmó que la firma ingresó al mercado del combustible de aviación para ganar mayor rentabilidad. Explicó que, en el modelo de negocios planteado, se trabajará a través de un operador, el cual le rendirá beneficios.
De acuerdo a lo manifestado por el titular de la estatal en conversación con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/AM, serán comercializados los combustibles JET A1 y AVGAS en los aeropuertos Silvio Pettirossi, Guaraní de Ciudad del Este, Encarnación, Mariscal Estigarribia y Concepción. La primera estación de repostaje fue habilitada en el sur del país, con presencia del presidente de la República, Santiago Peña.
Camilo Pérez conquista a votantes indecisos y mantiene la “fidelidad” de los colorados
La encuestadora Ati Snead detalló que el candidato del Partido Colorado para la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, cuenta con una amplia ventaja en la conquista del respaldo electoral de votantes indecisos rumbo a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Ayer se expuso un nuevo sondeo que ubica con el 52 % de las preferencias y una diferencia de casi 17 puntos con la opositora Soledad Núñez.
“El ‘no sabe o no responde’ ha disminuido con relación a la muestra anterior que fue realizada en julio, el cual estaba alrededor de un 12 % y actualmente tenemos un 4,7 %. Si bien es cierto, las dos candidaturas principales han crecido en porcentajes, le tenemos a Camilo Pérez con un crecimiento del 5 % aproximadamente”, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Huelga de médicos: señalan avances con reclamos, excepto con el reajuste salarial del 70 %
El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que la actual huelga de médicos iría hasta el viernes 28 de agosto, descartando que se tornara indefinida dentro de su legalidad, y refirió que hubo avances en varios reclamos del gremio encabezado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), en las reuniones tripartitas con representantes del Ministerio de Salud, excepto con el reajuste salarial estimado en más del 70 %.
“Esta huelga en particular no (puede ser indefinida), porque la comunicación al Ministerio de Trabajo y todo el expediente se armó sobre una presentación realizada de una medida de fuerza del 24 al 28 de agosto, en el marco del cual el Ministerio, dentro de las facultades que tiene, había convocado a una serie de tripartitas buscando acercar las posiciones de las partes. Lastimosamente, en uno de los puntos no hubo mucho avance, que fue el reajuste salarial. Sí, en la parte de desprecarización, que era otro de los reclamos del sector sindical médico”, explicó Segovia, este martes, en la segunda jornada de la medida de fuerza, en comunicación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Operativo Espejismo: caen cinco brasileños involucrados presuntamente en el robo de medicamentos
Cinco brasileños, cuatro hombres y una mujer, fueron detenidos ayer lunes durante el operativo Espejismo que incluyó tres allanamientos simultáneos en zona de La Paloma del Espíritu Santo, departamento de Canindeyú.
Los investigadores no descartan que los mismos estén involucrados en los casos de robos de medicamentos utilizados para adelgazar y sean parte del Primer Comando Capital (PCC).
Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.